El Gobierno del Estado proyecta comprar camiones que funcionan a base de diésel, a pesar de que cuenta con su propia estación de gas para, precisamente, uso vehicular.

La planta, por lo visto, tiene la “maldición” de haber quedado concluida desde el año 2020, durante el gobierno de Javier Corral Jurado, porque nomás no se le ha dado seguimiento a todo el proyecto de reconvertir a gas todo el sistema de transporte colectivo de la capital.

La construcción inició al comenzar de la segunda mitad de la administración corralista, pero tuvo una serie de inconvenientes porque la Comisión Reguladora de Energía, órgano del Gobierno Federal, nomás no soltaba las autorizaciones y acreditaciones para permitirle al Gobierno echarla a andar.

Fue tan complicada aquella operación, que en algún momento, el Gobierno de Chihuahua tuvo que retirar de circulación los camiones que funcionaban a base de gas para no ganarse una buena reprimenda de parte de la CRE.

Ese fue solo uno de los muchos baches por los que pasó el proyecto de reconversión del transporte al uso del gas natural comprimido.

Los otros, muchos de ellos, se los puso la propia administración por no haber capacitado a suficientes trabajadores para darle mantenimiento y, sobre todo, para reparar los motores de los camiones a gas.

Nos cuentan que fue tan estrambótico aquello, que en algún momento se optó por sacar algunos de circulación porque nomás no hallaban cómo repararlos.

Cuando se anunció el proyecto, se contemplaba que todo el sistema de transporte transitara hacia el gas, pero hasta ahora, ningún transportista ha dejado el diésel.

El colmo es que ni el Gobierno mismo lo contemple, a pesar de que cuenta con su propia planta de gas comprimido.

Ahora, a estar muy pendientes a ver quién recibe esos jugosos contratos de venta de decenas de camiones a base de diésel.

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El Partido Acción Nacional avanzó en la confección de la reforma constitucional sin voltear a ver la propuesta de Morena, particularmente, la que tenía que ver con la elección directa de regidores al Ayuntamiento.

Tal vez por la confianza que les da el tener en la bolsa los 22 votos necesarios para reformar la Constitución del Estado, la bancada panista no se molestó en voltear a ver la petición de cambiar el formato con el que se integran los cuerpos edilicios de cada municipio.

En su redacción actual, la Constitución y la legislación electoral establecen que el ayuntamiento se elige mediante una planilla encabezada por un candidato o candidata a la Presidencia Municipal y por diez aspirantes a regidores.

Morena, al igual que diversos organismos de la sociedad civil, pedían a gritos que ese método cambiara y que mejor el regidor saliera por su propio pie a ganar la elección en una demarcación específica, de la cual sería representante en las reuniones de Cabildo.

El PAN no lo contempló y ahora, decenas de organismos de la sociedad civil, incluidos algunos que son muy afines al blanquiazul, demandan que se instaure esa reforma y que los aspirantes a regidores se gasten la suela y se ganen el “hueso” a punta de votos propios.

El manifiesto en favor de la elección directa tiene la firma de organismos como Coparmex o Desarrollo Económico de ciudad Juárez, que están totalmente pintados de azul.

Por lo visto, la bancada del PRIAN tendrá que regresar sobre sus pisadas y cambiar el proyecto si no quiere perder el cariño de agrupaciones que bastante le han dado en los últimos años.

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El Estado Mexicano ha recibido catorce sentencias de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones de garantías individuales de diversas personas, algunas de las cuales fueron privadas de la vida.

De ese listado, poco honroso ya de por sí, sobresale Chihuahua, porque propició dos sentencias por un igual número de casos en los que se cometieron abusos de autoridad, o bien, hubo negligencia y omisiones en la procuración de justicia y la prevención del delito.

Se trata de los casos “Campo Algodonero”, referente al asesinato de tres mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en un lote ubicado en Ciudad Juárez conocido comúnmente con ese nombre.

El sitio, abandonado en ese entonces, alejado de las zonas fraccionadas y dejado de plano de la mano de la autoridad, le dio el nombre a una de las primeras sentencias que una corte internacional emitía contra México.

Aquella sentencia “salió” en el año 2007 y, entre otros aspectos, obligaba a las autoridades mexicanas—particularmente, a las de Chihuahua—, a reparar el daño a las familias de las víctimas.

Además de eso, el Estado Mexicano debía emitir una disculpa pública por esos actos de omisión, y construir un memorial en el lugar donde ocurrieron los hechos, otra vez, en el Campo Algodonero.

La otra sentencia es igual de vergonzante, pues se trata del joven Mirey Trueba Arciniega, torturado y después asesinado en 22 de agosto de 1998 por parte de miembros del Ejército en el estado de Chihuahua, según dice la sentencia.

En ese caso, el Estado mexicano llegó a un “Acuerdo de Solución Amistosa con representantes de las víctimas para una reparación acordada y de satisfacción para ambas partes.

Los casos de sentencias internacionales contra México por violaciones a derechos humanos fueron expuestos por el jurista Alejandro Carrasco Talavera en el marco de las conferencias organizadas por la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Chihuahua.

Poco grato el dato: dos de catorce casos, y eso que todavía faltan muchos otros sucesos que podrían llegar hasta las cortes internacionales. Nada más para vergüenzas no ganamos.

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En cuanto a “papelones” en el Congreso del Estado, el PAN lleva tres que han sido en verdad, memorables: pedir que se establezca el “Día del Caballo”, “El día del estilista” y ahora, “El burrito, patrimonio cultural de Chihuahua”.

No acabábamos de hacer la cuenta cuando nos enteramos de que le acaban de agregar otras rayitas más al tigre.

En la sesión celebrada en Ciudad Juárez, la diputada panista Isela Martínez propuso declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de Chihuahua a “La Gran Cabalgata Villista” y a “Las Suertes del Rodeo, como parte integrante de la Cultura Vaquera”.

Falta ver si otros estados de México y de la Unión americana no reclaman la pater-maternidad del rodeo, y si la cabalgata villista no le corresponde también a Durango.

Si para esas vamos, también la “Carrera del caballo blanco”, una de las competencias atléticas más extenuantes que hay en el mundo y que se corre en el municipio de Urique, entraría en esa categoría.

De lo demás, pues ya entrados en gastos, que declaren patrimonio al montado de Villa Ahumada, a los Dorinachos de la Plaza de Armas y a los jamoncillos de Parral. ¡Cómo que no!