Desde el pasado febrero, esta Doña les platicó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, había empezado una batalla mediática y política para llevarse el agua de Chihuahua hasta su estado natal, con el fin de usarla para abonarle al Tratado Internacional de Agua con Estados Unidos.

Pues bien, ese día llegó, nada más que no solo es el “Rigo” gobernador, sino toda su “Costa azul” de operadores políticos, léase diputados locales y federales, que claman a grito en cuello porque Chihuahua les entregue “su agua”, y que lo haga de una vez.

Medios de comunicación de Tamaulipas han reproducido pronunciamientos de políticos de ese estado en los que le reclaman a Chihuahua porque se queda con el agua que, según ellos, le corresponde a la cuenca del río Bravo, ese enorme caudal que divide a México de Texas y que recorre la línea fronteriza de cuatro estados mexicanos.

Para ellos, el “estado grande” representa una “gran amenaza” (sic) porque nomás no les quiere abrir la llave a las presas que desembocan en el río Conchos, uno de los seis afluentes que desembocan en el Bravo.

Allá se ha juntado ya la “Costa azul” del Rigo gobernador, a saber; diputados federales y locales, alcaldes fronterizos y los usuarios de los distritos legisladores federales y locales, alcaldes y los usuarios de los Distritos de Riego: 050, 025 y 026.

Mientras tanto, aquí en Chihuahua no se tiene una estrategia conjunta para defender nuestra escasa agua.

Por un lado, andan los diputados panistas de la región centro-sur, por otro, más o menos a tono, el Gobierno del Estado y no tardan en entrarle los aguerridos usuarios del Distrito 05.

Ahora falta que los poderes surgidos de la 4T le entren, o mejor dicho, que si no lo van a hacer, mejor se queden viendo y no vayan a venir a abrirle la llave a las presas del Conchos.

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Esta semana, nos aseguran, la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, Coesvi, hará un anuncio que sonará a música para los oídos de las personas que se metieron a vivir a las casas de Pensiones Civiles.

Nos platican que el organismo rector de las políticas de vivienda de la entidad dará a conocer en días próximos un plan para vender a bajo precio y con créditos accesibles esas casas a las mismas personas que se metieron a la brava a ocuparlas.

El movimiento de “ocupas” chihuahuenses que tomó descuidado a todos los órdenes de Gobierno cuando se metieron a vivir en casas del PCE que nadie quiso ni compró, podría encontrar una solución razonable para todas las partes.

Ahora, se las ofrecerán a bajo precio y con facilidades, como con ganas de que se queden con ellas, el Gobierno recupere algo de lo gastado y ellos, los compradores, adquieran la seguridad jurídica sobre el edificio que ocupan desde hace ya varios años. Todos ganan, pues.

Recordemos que durante el gobierno de Javier Corral se trató de llegar a una solución, pero la primera medida que se intentó fue sacarlos a empellones y advertirles que serían tratados como si fueran exfuncionarios de la administración duartista (eso sí que debió asustarlos).

Luego se trató de llegar a un acuerdo para la venta definitiva, pero tampoco se pudo lograr, en parte, porque el Gobierno las quería vender como si estuvieran recién construidas.

La verdad es que se trata de casas que estuvieron mucho tiempo en el abandono y que encontraron un poco de vida útil cuando estos “ocupas” se “ocuparon” de ellas.

Cabe recordar que el Gobierno de Chihuahua se gastó 400 millones de pesos en su intento por revivir aquellos programas de vivienda que tenía PCE desde su nacimiento y hasta finales del siglo XX.

¿Será la solución a la invasión de casas? Tal vez, pero al menos ya se ve una disposición diferente hacia las personas que ahí encontraron una vivienda y, por qué no decirlo, un hogar.

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Buen tiro el que se aventaron las bancadas del PRIAN y Morena por el intento del Gobierno Federal de mover a los docentes de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI.

Como era de esperarse, el PAN apoyó a raja tabla a los profes manifestantes ¡faltaba más! ¿Cómo no hacerlo, si se oponen a una medida enviada desde lo más alto de las mañaneras?

Los maestros y las maestras que se ocupan de la educación a pueblos originarios quieren seguir perteneciendo a la Secretaría de Educación Pública, por la naturaleza misma de sus funciones, que es la de formar y enseñar conocimientos a un grupo determinado de población.

El INPI, en cambio, es un organismo descentralizado del Gobierno Federal donde podrían perder parte de sus derechos laborales y, sobre todo, de su antigüedad.

A los morenos no les quedó mucho margen de maniobra, pues no podían colocarse en una posición de enfrentamiento con un sector que les ha sido leal, como es el del magisterio de zona rural.

Con sumo cuidado, la bancada de Morena escuchó y devolvió los comentarios a los profes inconformes, cuidando siempre no decir algo fuera de su lugar que pudiera hacerlos enojar más de lo que ya estaban.

Ambos grupos: el de la 4T y el que se opone a todo lo que haga el Gobierno Federal, coincidieron al menos en algo: darle acompañamiento y atención a los mentores a la hora que presenten su pliego petitorio en el que plantearán su renuencia a salir de la SEP.

Ahora falta que ambos grupos se pongan la pila y que, en el próximo paquete económico del Gobierno del Estado, le metan más recursos a la educación indigenista.

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La diputada morenista América García presentó una propuesta para reformar el Código Civil del Estado de modo que las parejas decidan el orden en el que quedarán los apellidos de sus hijos: si el de la madre en primeras o el del padre, como es tradicional.

La legisladora se remitió a una serie de acuerdos y tratados internacionales, a una reforma al Código Civil Federal y a los cambios en la materia que ya se han dado en otras entidades del país.

La reforma daría realce al valor de la mujer en el ámbito familiar, toda vez que es cabeza de más del 25 por ciento de los hogares del país, según los resultados del Censo 2020 del INEGI.

Por esa y por muchas razones, las parejas estarían en posición de decidir cómo irán los apellidos de su prole.

Desde ahora, podemos decir que la iniciativa tiene los días contados, y no porque le falte razón a la iniciadora.

Es de todos conocido que cualquier reforma que proponga Morena se va a topar en pared, pero más si se trata de una que pretenda modificar un esquema tradicional de organización familiar, como sería el del orden de los apellidos.

Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el precepto que obliga a las familias a poner en primer lugar el apellido paterno, aquí no se han hecho modificaciones en ese sentido.

Nos cuentan desde las profundidades de la bancada PRIAN que el proyecto no va a tener dictamen a favor y, por tanto, quedará en el archivo.