Tal parece que el problema de la extracción clandestina de agua en casi todas las zonas agrícolas del estado es el cuento de nunca acabar, pese a toda la operación que le ha metido el gobierno de la 4T en los últimos meses.

Desde la región noroeste nos llega el dato de que la Comisión Federal de Electricidad ya le había cortado “el chorro” a cientos de pozos “piratas” que, pese a no tener la concesión de la Conagua, gozaban del suministro de energía para hacer funcionar las bombas de extracción de agua subterránea.

Los productores que caminan por la derechita y sí pagan sus concesiones andaban muy contentos porque, después de muchos años, se tomó la acción de cerrarle la llave a los émulos del Capitán Garfio, ya que hacían una sobreexplotación de los mantos tan descarada, que dejaban a los demás con poca o nada de agua para regar sus cultivos.

Pues más tardó la Conagua en clausurar esos los pozos, que los piratas en volverlos a conectar. ¿Quién les volvió a poner el suministro de energía eléctrica?

A menos que los hayan conectado con el clásico “diablito”, no hay de otra más que pensar que fueron empleados de la propia CFE los que reconectaron esas bombas.

Si es así, podríamos estar ante un caso de corrupción en el que se coluden los dueños de pozos piratas y funcionarios de la paraestatal encargada de producir y distribuir la energía eléctrica.

El problema es que el regreso de esos irregulares pozos ya dejó sin agua a decenas de productores de Ascensión y Namiquipa, justo cuando estamos a medio ciclo primavera-verano.

La que se les va a armar a esos de la 4T si no arreglan el problema cuanto antes. Les queda un mes para reparar su tiradero, o se los van a cobrar el próximo 2 de junio.

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El Instituto Nacional Electoral, el famoso INE, tiene un presupuesto para este 2024 de 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos y, sin embargo, dicen que no le alcanza para pagarle al personal que contrataron para capacitar a funcionarios de casilla.

Al menos esa es la justificación que les han dado a las personas contratadas como Capacitador Asistente Electoral (los CAES), que andan en la calle buscando a las y los ciudadanos insaculados para ser funcionarios de casilla el próximo 2 de junio.

No solo eso: les han ido pagando a cuentagotas el salario que les habían ofrecido y, por si fuera poco, algunos hasta ponen de su bolsa para cubrir los gastos de la operación a ras de calle.

Desde las entrañas del INE en Chihuahua nos llega la queja de personal que anda en la capacitación, de que les incumplieron todo lo ofrecido y ahora lo tienen qué pagar ellos.

La mayoría de ellos firmaron contrato el 17 de enero de este 2024, pero no les pagaron sino hasta después de un mes y medio, y eso, como el abonero: de a poquito en poquito.

De los 12 mil mensuales que pactaron en el contrato, más los 3 mil 800 para gastos de campo, para un total de 15 mil 800, les pagaron apenas 6 mil 800 por quincena.

No conformes con traerlos a pan y agua y sin recibir la suma pactada, el INE los hace que saquen de su golpeado bolsillo para pagar los gastos que se van ofreciendo allá en el campo.

De su propio dinero, tienen que pagar las copias de todo el papeleo que se requiere para la función de capacitación, sin contar con el costo de la gasolina para mover sus vehículos.

La tacañería del INE ha llegado a tal extremo que ha dejado a los CAES con el paquete de pagar la comida darles algo de beber y comer a los funcionarios de casilla.

Y eso que estamos a un mes y un día de la jornada electoral

Lo que les han dicho, le cuentan a esta Doña, es que no hay dinero “por culpa de este gobierno” y que por eso andan en la calle de la amargura.

Lo cierto es que se les aprobó el presupuesto de más de 22 mil millones de pesos del que hablamos al principio, de los cuales, 8 mil 800 se deben destinar a preparar el proceso electoral.

¡Con ese dineral y no les alcanza ni para pagar la raya!

Y eso que estamos ante “el proceso electoral más grande e importante de la historia”, donde no solo se elegirá presidenta o presidente de la República, sino a los integrantes del Congreso de la Unión, a 9 gobernadores y a cientos de diputados locales.

Luego dicen que el INE no se toca. Ándeles pues, no toquen el dinero de los CAES y páguenles su sueldo y gastos, no hay que ser.

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Según un experto en la materia, México tiene una buena red carretera como para competir contra otros países de América Latina y colocarse en una buena posición en las cadenas de suministro y logística de la economía mundial.

Ándele pues, señor Yasel Costa, especialista en el tema, y quien vino a echarnos esa porra y esas serpentinas.

Se la compramos, porque es toda una autoridad en la materia, con cargos y títulos en al menos cuatro universidades y centros de estudio del más alto rango a nivel mundial.

Sin embargo, nos gustaría que se diera una vuelta por la carretera Panamericana, en su trazo por el estado de Chihuahua, sobre todo, en los tramos de jurisdicción federal, a ver si es tan valiente.

Nada más échese una vuelta a la velocidad que suelen manejar en Europa por el tramo que va de Sacramento a Villa Ahumada, para que sepa lo que es ir brincando arriba de su auto cual si estuviera montado en un toro de rodeo.

Luego, le dejamos de tarea la difícil situación de encontrar una ruta que lo lleve a la costa, a la que nos diga: la del Pacífico o la del Golfo de México, porque Chihuahua necesita ir hasta el estado de Durango para poder agarrar la carretera a Mazatlán.

De caminos rurales y vecinales está de más hablar: son tan malos que bien se les puede encuadrar como una de las principales causas por las que se pierden toneladas de alimentos producidos en campos y ejidos ubicados en zonas alejadas de los centros urbanos del país.

Tal vez lo que conozca es la red de autopistas que circundan a la Ciudad de México—bastante caras, por cierto—pero como que le faltó “barrio” para medir el verdadero impacto que tiene en la economía la mala condición en que se encuentran las carreteras del país.

A ver si las personas que andan desatadas buscando los cargos en disputa en las elecciones del 2 de junio se acercan a este experto, toman nota y, al menos, le den una “chainiada” a nuestras carreteras.

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Otro lugar deshonroso para Chihuahua, el de ser uno de los estados donde hay más cirujanos plásticos defraudadores y “cachirules” que usan todo tipo de materiales terriblemente dañinos a la salud humana para hacer sus “reconstrucciones estéticas”.

El Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua se congratuló ante el hecho de que la Cámara de Diputados haya elevado a rango de delito el que se usen sustancias dañinas para la salud en intervenciones de cirugía plástica.

Aunado a ello, se señaló que las ciudades de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc están en el registro nacional de los lugares donde opera el mayor número de cirujanos “plasta”, como se les conoce a esos defraudadores y tomadores de pelo.

El informe del Colegio de Médicos Cirujanos es en verdad pavoroso, porque hace una relación de las sustancias que han utilizado los “cachirules” para hacer sus intervenciones estéticas.

Para espantar a cualquiera: usan silicona líquida, aceites minerales, aceites comestibles, aceites de automóvil, grasas vegetales o animales, cemento óseo, biopolímeros orgánicos o sintéticos. De película de terror.

Afortunadamente, con la reciente modificación a la ley aprobada por la Cámara de Diputados, ya se estableció como delito la aplicación de substancias nocivas con fines modelantes o estéticos que resulten ser peligrosas para salud de las personas.

Además, le torcerán la mano con duras sanciones penales a los falsos profesionistas que apliquen ese tipo de materiales.

La nueva redacción de la Ley General de Salud impone penas de cinco a ocho años de prisión a quien realice estos procedimientos sin autorización.

A ver si con eso se logra que las ciudades del estado de Chihuahua ya no sigan siendo el paraíso de los cirujanos “plasta”, quienes engañan y estafan a sus clientes para realizarse falsos servicios plásticos o estéticos.

Se estima que cada semana se presentan al menos cuatro casos de personas afectadas por “cachirules” de la cirugía plástica.

Ya no hay pretexto: las autoridades tienen a su alcance el instrumento legal para echarle el guante a esos pájaros de cuenta que son un verdadero peligro de salud pública.