Oportuno, es lo menos que se puede decir del documento publicado por la Compañía de Jesús a propósito del hallazgo en un camino vecinal de Sinaloa de un cuerpo balaceado que podría corresponder al de José Noriel Portillo, el tristemente célebre “Chueco”.

Mientras las autoridades de Sinaloa y de Chihuahua festinan el “abatimiento” (así le dicen ahora) del presunto multihomicida y auténtico terror de la Sierra Tarahumara, los jesuitas llamaron la atención para poner los puntos sobre las “íes” y darle un manotazo a la mesa para llamar la atención sobre el verdadero problema que todo este drama representa.

Para empezar, la Compañía de Jesús calificó el asesinato del prófugo “El Chueco” como un “fracaso del Estado Mexicano” al no poder llevarlo a la justicia.

“De ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución estructural de violencia en la sierra Tarahumara”, dice el comunicado emitido por la orden jesuita.

Más duro, ni una bola de billar.

En el texto, publicado a través de redes sociales, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús establece que esperarán a que la identidad sea plenamente corroborada para fijar una postura pero, por lo pronto, lamentan la muerte violenta de un ser humano, quien quiera que sea.

Lo que debe doler como piquete de avispa a la autoridad, es más, al Estado mexicano, es el párrafo final de la carta: “No es el desenlace que esperábamos ni por el que trabajábamos”.

Eso debió dolerle a un Estado que ha tomado como estrategia, desde hace años, por festinar el “abatimiento” de los presuntos delincuentes sin llevarlos ante un juez, y luego exhibirlos como si ya hubieran sido sentenciados y culpados de todo los “milagritos” que les colgaban.

Mal día para justicia. Bien lo dice la Compañía: un acto violento no sustituye a una acción de paz, mucho menos de establecimiento del Derecho como forma de vida.

Por lo pronto, las autoridades ya pueden estar preocupadas por la ola de violencia que desatará la muerte de alguien que, por lo visto, recorría a placer el terreno del suroeste del estado de Chihuahua, el pico norte de Sinaloa y la parte sur de Sonora.

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Este jueves 23 de marzo se cumplen seis años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, periodista de Norte y corresponsal del periódico La Jornada, de la Ciudad de México.

Hablando de casos de justicia “solucionada”, el gobierno de Javier Corral dio por concluida una parte de la investigación en torno a ese crimen tras conocerse la muerte—violenta, por cierto—de Ramón Andrés Zavala Corral, de 25 años de edad, presunto autor material del asesinato de la periodista.

El supuesto gatillero, quien disparó a mansalva contra Miroslava Breach la mañana del 23 de marzo de 2017, fue encontrado muerto en una brecha ubicada cerca de Los Álamos, un poblado cercano a los límites de Sonora y Chihuahua.

Esto ocurrió el 22 de diciembre del 2017, es decir, nueve meses después del homicidio de la periodista.

Casi por las mismas fechas, el entonces secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, declaró a diversos medios de comunicación que un tercer involucrado, de nombre Wilbert Jasiel Vega Villa, fue detenido días después del homicidio y rindió declaración, pero fue puesto en libertad, por falta de evidencias en su contra.

La declaración de Jáuregui Robles causó tal revuelo que el propio Corral tuvo que salir al paso a desmentir a su principal operador político y encargado de la gobernabilidad en el estado.

Ahora, cuando estamos a seis años de distancia, uno de los dos inculpados por ese caso, Hugo Amed Schultz Salazar, declara al periódico Los Ángeles Press una serie de irregularidades cometidas por Javier Corral, en persona, para llevarlo a tribunales y, después, a prisión, como copartícipe del homicidio de Miroslava.

Según lo declara, fue en la oficina del gobernador Corral donde se le tomó declaración, en presencia del fiscal César Peniche, pero en la diligencia que obra en el expediente del caso dice que se hizo en la Fiscalía General del Estado.

“Jamás fui a la fiscalía, no existe una prueba de que yo estuve ahí, un video que me haya grabado, jamás se me mandó un citatorio para que yo hiciera una declaración. Es la primera vez que doy mi versión”, declaró al diario angelino.

En resumen, la investigación en torno al homicidio de Miroslava Breach está en tela de juicio y presenta más dudas que certezas, mientras que la Fiscalía General de la República, que ahora está a cargo de la indagatoria, tampoco da pie con bola.

Otra vez, nos quedamos con una justicia de sangre, donde el supuesto asesino cae muerto a balazos. ¡A pa’ Estado de derecho!

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El que de plano se escondió ayer fue el diputado Noel Chávez, coordinador parlamentario del PRI y representante del distrito XXII con cabecera en Guachochi, es decir, la demarcación que incluye al municipio de Urique, donde “El Chueco” sentó sus reales.

No es novedad que el legislador se haga ojo de hormiga y que opte por decir “yo no fui” cuando se trata de temas escabrosos relativos a su distrito.

Así pasó con aquella versión de que el alcalde de Urique, Daniel Silva Figueroa, estaba bajo investigación por una supuesta complicidad con “El Chueco”, dato que después quedó en desmentido.

Tampoco asomó la cabeza cuando detuvieron a todo el cuerpo de policía de ese municipio, por razones parecidas.

Tras la supuesta “caída” del presunto homicida de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un beisbolista, todo el mismo día, Chávez mandó decir que “no estaba”. De carcajada, en serio.

La secretaria del diputado le dijo a los medios que buscaron al legislador que este “andaba fuera de la ciudad”, pero lo acababan de ver en la Torre Legislativa. El auténtico “dice que no está”. Tan sencillo que era decir que no tenía información y que esperaría a que las autoridades rindan su parte oficial.

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Los miembros del Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron ayer la reforma constitucional que apenas un día antes había votado el Congreso del Estado.

Como bien es sabido, los cambios a la ley básica del estado deben pasar por una ronda de aprobación por los ayuntamientos que aglutinen a más de la mitad de la población—con Chihuahua y Juárez tendrían más que suficiente—, para declararla válida y pues, ayer los de la capital levantaron su respectivo dedo en señal de “visto bueno”.

El detalle que mueve casi a la risa es que ni siquiera sabían el contenido de la reforma. Según lo expusieron sus pares de Morena, ninguno, incluido el alcalde Bonilla, estaban enterados, por ejemplo, de que el jefe del Ejecutivo ya podrá salir del país hasta 21 días (tres semanas naturales) sin pedirle permiso al Legislativo.

Bueno, con lo fácil que era poner a trabajar a su área jurídica para, al menos, tener una noción somera de lo que van a votar, pero no. Por lo visto, eso de “levantar el dedito” cunde por todas partes.