Han pasado ya seis días desde que un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua fueron desalojados por la fuerza pública de las oficinas de la Rectoría, y es hora que el Consejo Universitario no se reúne para tener conocimiento de los sucesos ocurridos aquel fin de semana.

El rector de la UACH, Luis Alfonso “Sport Billy” Rivera Campos, simplemente se conformó con que le dejaran libre su oficina y la de sus cercanos colaboradores, que los estudiantes en manifestación fueran desalojados y que cinco de ellos quedaran a disposición de las autoridades y ya, hasta ahí.

No se ha tomado hasta ahora el tiempo de llamar al Consejo y ponerlos en conocimiento, pese a que ocurrió un hecho pocas veces visto en una instalación universitaria que, por lo menos, debía ser comentado y discutido al interior de ese órgano.

Se trata del ingreso de la fuerza pública a las oficinas de Rectoría para retirar a los estudiantes que las habían tomado en demanda de recibir educación superior gratuita.

Como es sabido, el grupo abrió la puerta, ahora sí que, a leñazos, al usar un tronco de árbol a manera de ariete, se colocaron en el interior de la Rectoría y desde ahí demandaron diálogo con las autoridades universitarias en torno a la gratuidad.

Además del punto de la inscripción sin costo, también pidieron atención a una serie de demandas que, desde hace tiempo, vienen expresando diversos sectores de la comunidad universitaria, como el pésimo estado en que se encuentran las instalaciones.

Conocido es que la fuerza pública ingresó a la UACH y detuvo a miembros de la comunidad universitaria.

Lo que hasta ahora no se sabe, y mucho menos el Consejo Universitario, es quién solicitó la presencia de las Policías Estatal y Municipal en las instalaciones de Rectoría, así como su ingreso mediante el uso de la fuerza y la detención de los alumnos.

¿Quién fue y cómo se hizo? Son las preguntas clave en todo este asunto, porque, si fue el rector, al menos debe informarle a su máxima autoridad, que es el Consejo Universitario, por qué se llegó al extremo de pedir el ingreso de la Policía, lo que bien podría ser interpretado por los afectados como una violación a la autonomía universitaria.

Lo hizo él, o fueron las autoridades, motu proprio. Ahí está la cuestión. Lo solicitó Rivera Campos de manera verbal, o por escrito.

Todos esos puntos deberían ser tomados en cuenta por el Consejo, pero hasta esta hora, nadie los ha llamado a sesionar y, peor aún, nadie ha pedido cuentas al respecto.

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El partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pedirá en días próximos al Instituto Estatal Electoral, y si nos apuran tantito, al Nacional también, que se prohíba el ingreso de votantes a la casilla con el teléfono celular encendido.

Si no a la casilla, por lo menos a la mampara donde el elector cruza sus boletas para elegir a quienes, a su juicio, deben ocupar los cargos que estarán en disputa en los comicios del domingo 2 de junio.

¿Y eso? Dirá el votante, el funcionario o el representante de casilla. Que porque el frente de partidos que forman la coalición Fuerza y Corazón por México emprendieron un operativo para pedirle a sus votantes “cautivos” que le tomen una foto a su boleta y la envíen a un centro de operaciones, nada más para asegurarse que sí sufragaron por esa opción.

Voto cautivo, pues, corporativo, cooptado. “Votas como quedamos, y me entregas pruebas”, podría decirse.

Según el candidato a presidente municipal de Chihuahua por Morena, Miguel La Torre, los de Fuerza y Corazón por México han desarrollado incluso una “app” telefónica para que “sus” electores suban la foto de la boleta en cuanto la hayan cruzado y la pongan a consideración de sus operadores al mando.

Es por eso que le piden a la autoridad electoral que ordene a los votantes apagar su celular antes de recibir las boletas e ingresar a la mampara.

¿Así o más complicado? Porque es una discusión ya gastada, donde el órgano electoral se ha declarado incompetente para determinar si el ciudadano o la ciudadana tiene derecho a portar su dispositivo móvil, a mantenerlo encendido o, incluso, a tomarle una foto a la boleta, si así le viene en gana.

Por lo demás, las denuncias de cooptación del voto no vienen únicamente del frente 4T morenista, sino también de los cuarteles del frente PRIAN que integran Fuerza y Corazón por México.

También desde allá se oyen las quejas que hablan de un “intercambio” de votos por programas sociales, particularmente en la zona rural, donde también se pedirá algún tipo de “comprobante”.

En resumen, la demanda del morenismo podrá hacer ruido y acaso tengan razón. Que nadie se sorprenda si luego nos enteramos que, en efecto, hubo un operativo para pedir la foto al voto.

De ahí a que proceda su queja, le falta un tramo.

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El tema del dineral que se gastó el alcalde de Chihuahua en la compra del terreno para el malogrado relleno sanitario llegó incluso a la discusión entre candidatos a la presidencia municipal de Ciudad Juárez.

El aspirante propuesto por la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, sacó a relucir que su colega chihuahuense, Marco Bonilla, se gastó la friolera de 32 millones de pesos en comprar el predio para el relleno, pese a que no valía más de 10 mdp.

Esto significa que pagó un sobreprecio de 22 mdp, operación que, de ser cierta y comprobable, implicaría un grave caso de corrupción y desvío de recursos por parte de la administración de Marquito Bonilla.

Desde otros frentes del morenismo, nos comentan que cuentan con estudios elaborados por especialistas, a solicitud del Gobierno municipal de Bonilla, que señalaban al menos tres localizaciones para instalar el nuevo relleno sanitario.

Esos tres puntos están ubicados dentro de terrenos municipales, por lo que le hubiera salido completamente gratis a la Presidencia Municipal, no habría tenido qué gastar en comprar un lote y tampoco se hubiese enfrentado a la resistencia de los vecinos que se encontró en Mápula, donde estaba proyectado.

Es decir, que si al pago del sobreprecio se suma el hecho de que era una compra innecesaria, estaríamos ante un acto mucho más grave que el pagar de más por un bien que valía mucho menos.

El hecho en sí es grave. El detalle es que lo destapó Cruz Pérez Cuéllar, quien no tiene mucha boca para hablar de esos temas.

Ya sabemos toda la cauda de señalamientos y casos documentados de compras hechas con pagos excesivos –el “Mochilagate”, por ejemplo– y él sigue tan campante, recorriendo Juárez para pedir el voto que le permita repetir otros tres años al frente del Ayuntamiento.

No queda más que esperar a que, independientemente del resultado del proceso del 2 de junio, y si Marquito repite como alcalde de Chihuahua, la Auditoría Superior del Estado haga su chamba y le ponga lupa a toda esa enmarañada, desaseada y maloliente operación del fallido relleno sanitario.

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El uso del sistema de transporte Vivebús o Bowí va en descenso, según cifras oficiales recabadas por el Inegi.

El informe, con corte al mes de marzo pasado, nos indica que los últimos meses del 2023 y los primeros del 2024, han registrado bajos índices de ocupación, con una cantidad de usuarios muy por debajo de la de otros años.

En los meses de enero, febrero y marzo del 2024, la cantidad de usuarios no ha rebasado el medio millón, en promedio, cuando en otras épocas se superaba con facilidad esa cantidad e incluso se llegaba a los 700 mil pasajeros por mes.

Las cifras nos muestran que, en enero del 2024, fueron 447 mil 598 pasajeros; luego, en febrero, 472 mil 342 y en marzo, 458 mil 982. Esto es, un promedio de 459 mil por mes. La cantidad contrasta con los 716 mil 760 de junio del 2021, o los 655 mil 666 de agosto del mismo año.

Dato curioso, pero en esos meses de alta ocupación todavía se vivían los coletazos de la pandemia provocada por el Covid-19; no obstante, el público usuario recurrió más a ese sistema de transporte que en los últimos meses del año pasado y el primer tercio del actual.

¿A qué se deberá esa caída? Bien vale una revisada al tema, porque el costo de la tarifa se mantuvo por debajo de la que cobran los camiones de ruta, con 6 pesos por pasajero, contra los 12 pesos de las “alimentadoras”.

El otro factor es el creciente uso del automóvil particular o de alquiler para trasladarse de un lado a otro, de punto de salida a punto de destino, en vez de usar una ruta que deja al pasajero a una o más cuadras del lugar al que se dirigía.

Falta ver cómo se comporta el tráfico de usuarios en los meses de junio, julio y agosto, que suelen ser bajos, debido al período vacacional, y cómo se reactiva, si es que así ocurre, a partir de septiembre del 2024.