Un comandante y tres custodios ya están sin empleo. Ese es el saldo de una entrevista concedida por el PPL, César Horacio D. J. a medios de comunicación de Chihuahua durante su estancia en el hospital Star Médica, de la capital.

Ellos, los ahora cesados, estaban a cargo de la vigilancia del entrevistado, quien se encontraba bajo cuidados médicos, pero en calidad de indiciado de un proceso penal por peculado y asociación delictuosa, ambos en modalidad agravada, así que debía estar sujeto a las medidas de seguridad propias de alguien que se encuentra en el centro penitenciario.

Según lo ha expuesto el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya—a cuyo cargo está la población penitenciaria del estado y los centros de reinserción social—los custodios y el jefe de éstos se “volaron” los protocolos establecidos para permitir las visitas a los PPL’s y más aún, para concederles la autorización para dar una entrevista.

Lo que explican en la SSPE es que, para ese efecto, debió mediar una solicitud de los entrevistadores y la aceptación tanto por el entrevistado como por la autoridad competente—o sea, la misma secretaría en cuestión—se llevaría a cabo, pero bajo las condiciones del dichoso protocolo.

En este caso, simplemente se les dejó que entraran y hablaran con el recluso que estaba recibiendo cuidados médicos por los padecimientos que le aquejan.

Ya anteriormente, había causado controversia el hecho de que el exgobernador tuviera acceso a una entrevista radiofónica de casi 40 minutos, cuando la mayoría de los casi 4 mil internos del CERESO solo se contactan con el exterior a través de su defensor o de sus familiares.

El protocolo, nos comentan, tiene entre otros objetos resguardar la seguridad del PPL y, en este caso, se trata de una persona que dice ser víctima de un intento de homicidio. Con más ganas, debería redoblarse la vigilancia en su entorno.

El castigo a quienes permitieron esa relajación de la disciplina es ejemplar, así que, bien pudo ser la última entrevista que dé el indiciado, al menos en su calidad de PPL.

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Quienes se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social número 1 ubicado en San Guillermo, Chihuahua, van a recibir en breve una noticia que indudablemente es muy buena, al menos para la enorme mayoría de los casi 4 mil residentes de ese penal.

Nos informan que dentro de unos días será inaugurado el centro hospitalario del CERESO 1, uno mucho más equipado y con mejores condiciones para atender enfermedades crónico-degenerativas y situaciones de crisis que ameritan una rápida reacción clínica.

Entre el equipamiento con que contará esa clínica penitenciaria está un laboratorio de rayos “X”, aparatos para hacer electrocardiogramas, unidad de cuidados intensivos y laboratorios clínicos.

Nada mal para un centro habitacional donde el 7.7% de sus residentes padece hipertensión—unas 310 personas–, según el INEGI, padecen hipertensión arterial y un 3.7—cerca de 150—tienen diabetes.

Para casi todos esos internos y también para las internas o “personas privadas de su libertad” (PPL), como se les clasifica legalmente, es una excelente noticia. Lo mismo para sus familiares que están al pendiente desde el exterior del reclusorio.

Sin embargo, al menos para uno no debe sonar tan halagador, porque ya tendrá en el interior del CERESO un lugar donde se le dé gran parte de la atención médica que hoy día la procura en hospitales privados de la ciudad. Esos que sí parecen hospitales de cuatro estrellas.

A lo mejor no le va a agradar que, ante una situación de emergencia, lo manden al hospital interno del centro penitenciario y no se le autorice la salida al sanatorio privado.

Para la mayoría de las y los PPL’s, buenas nuevas, para otros, o al menos para uno, significa que se acabaron las salidas.

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Después de darle muchas largas, por fin, el Congreso del Estado inició formalmente los trabajos para revisar y reformar el marco legal que rige al organismo Pensiones Civiles del Estado, actualmente en crisis y amenazado constantemente por la quiebra.

El diputado Mario Rodríguez, del PAN, estará a cargo de la llamada “Comisión Especial” que habrá de revisar tanto la Ley de Pensiones Civiles del Estado, vigente desde diciembre del 2013, como el espinoso Reglamento de Servicios Médicos de esa institución.

El análisis se centrará en dos puntos fundamentales: la situación financiera del PCE y la urgente necesidad de reformar el reglamento para permitir que las mujeres trabajadoras inscriban a sus esposos como derechohabientes.

Con el nombre rimbombante de “Comisión Especial para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles del Estado” ya se avizora la tónica que tendrá esa reforma, en la que se deberán tomar decisiones difíciles y analizar posibles soluciones que no serán muy populares entre los trabajadores derechohabientes.

Ahí va, por ejemplo: la cuota actual es del 3% del salario base de cada trabajador, uno de los principales componentes del presupuesto de PCE, podría entrar a revisión y considerarse un posible incremento, así sea marginal, con el que pueda aumentar su recaudación de ingresos propios.

La otra es darle vigencia a la reforma al Código Fiscal del Estado para darle facultades a ese organismo de hacer ejecuciones judiciales de cobranza a sus 51 deudores.

Nada más para darnos una idea: al corte de este mes, la deuda de esos morosos con PCM asciende a 6 mil 936.1 millones de pesos, cifra superior a su presupuesto anual. De esos deudores, el más endeudado es el propio gobierno estatal, con 4 mil 253 mdp, según cifras de aquella institución.

La otra decisión que deberán tomar los legisladores es la de reformar el reglamento médico antes mencionado, porque éste data de 1982, muy anterior a las reformas constitucionales que eliminaron toda forma de discriminación.

En ese sentido, el numeral II del Artículo 25, el que dice que las trabajadoras pueden afiliar a su cónyuge siempre que este sea mayor de 55 años y esté desempleado, o bien, que sea discapacitado, ya está fuera de orden constitucional.

Una reforma en ese sentido costará al menos mil millones de pesos, según nos han informado desde las oficinas centrales del sufrido organismo.

Así que nadie debe sorprenderse si el día de mañana se aprueban dolorosas reformas para sanear a un organismo que se dedica, entre otros aspectos, a quitarle el dolor a sus pacientes enfermos.

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Este miércoles, a eso de las 4:30 de la tarde, las trabajadoras despedidas de la Delegación estatal de la Secretaría del Bienestar decidieron levantar el plantón que mantenían desde la semana pasada, en demanda de que se les reinstalara en sus puestos o bien, que se les liquidara conforme a derecho.

No obtuvieron ni una cosa ni la otra, después de todos estos días de permanecer ahí, acampadas frente a la puerta de la antigua casona de la avenida Ocampo donde opera la oficina del Bienestar donde, por lo regular, se atiende a adultos mayores que tienen algún beneficio de los programas sociales de esa dependencia.

Según nos lo informó Martha Souza, la trabajadora cesada que estuvo a cargo de enlazar a los medios de comunicación, tomaron esa determinación para no perjudicar más a los adultos mayores, a quienes, si bien les daban información, no les podían resolver su petición y los mandaban a las oficinas de la avenida Pacheco, situadas a casi 4 kilómetros de distancia.

Las “despedidas” se van de su plantón sin que les hayan escuchado siquiera, porque el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, no se dignó a darles una posible solución o, incluso, les mandó decir a través de los medios de comunicación que sus manos “estaban atadas” para resolver ese conflicto.

La lucha continuará, aunque desde otras plataformas, tal vez las redes sociales o los plantones en diferentes puntos de la ciudad, o bien, por la vía legal, en la que dejarán muy mal parada a la dependencia que maneja los programas de los que tanto se enorgullece el gobierno de la 4T.