Para algunos observadores, comentócratas y chismosos de café, la intervención de la Fiscalía Anticorrupción del Estado en la casa que ocupa el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar dio por iniciada la carrera por la sucesión gubernamental.
El hecho de colocar en el primer plano al expanista, metido ahora a morenista, podría haber empujado las cosas, al menos al interior de Morena, para definir quién será su candidato o candidata en el año 2027.
Quienes apuestan a que Cruz “gane perdiendo”, con ese operativo policial afirman que ya le pusieron un “San Benito” de víctima de la represión gubernamental y, por lo tanto, es el candidato idóneo.
En la apuesta por el juarense, se dice que, si no tenía tamaño de candidato estatal, ya se lo dieron, y prueba de ello –afirman–es que la burocracia morenista, incluida su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, haya salido a condenar el “ataque”.
Por otra parte, están los que afirman que es “todo lo contrario”, porque la intervención de la Fiscalía a cargo de El Bayo Valenzuela ya le puso nombre y apellido a la corrupción gubernamental, y es Cruz Pérez Cuéllar.
La asociación de ese nombre con actos de corrupción que ya no están únicamente en el ámbito de los medios o las discusiones de café, sino en la integración de expedientes, podría haber bombardeado la candidatura de quien, hasta antes del operativo, se sentía el “primer morenista del estado”.
Como sea, falta tiempo para que llegue esa fecha, pero por lo pronto, ya le pusieron el cascabel al gato que quiere ser gobernador sin siquiera haber ganado su reelección como alcalde.
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Lo de la intervención quirúrgica a César Dee Jay va para largo.
Aunque su equipo de defensores legales ha difundido la información de que necesita una operación a corazón abierto de manera urgente, lo cierto es que, hasta ayer, no se había presentado ninguna solicitud de parte de ellos al juez de Control que lleva la causa para que autorice su salida.
Nos cuentan que el “dream team” que defiende al exgobernador, encabezado por Héctor Villasana Jr., aguarda todavía la resolución del enésimo amparo que han promovido para lograr el cambio de medida cautelar.
O sea, para que lo dejen continuar el proceso penal en su contra desde su casa y no recluido en prisión.
Hasta ahora, de acuerdo con datos que le han hecho llegar a esta Doña, ha perdido ocho amparos y, según entendidos del caso, los seguirá perdiendo, pues llegó a Chihuahua en calidad de extraditado desde los Estados Unidos.
Si no les dan ese cambio de medida cautelar, entonces sí harán la petición de que se le intervenga, pero fuera del estado, y ahí es donde aparecerá el atorón, según nos cuentan.
Esto, porque la defensa deberá demostrar que la operación que se le practicará a su defendido no se puede realizar ni en el estado.
Según la poca –y muy imprecisa– información que han difundido en torno a la condición del ballezano, requiere de una operación a corazón abierto para intervenirle la válvula mitral del corazón.
Si esa es la operación, bien se la pueden practicar aquí, según nos han comentado enterados del tema médico.
De hecho, hay gente de otras partes del país que viene a Chihuahua a operarse del corazón, por la alta calidad de nuestros cardiólogos, así como las instalaciones hospitalarias de primerísimo nivel.
Sea como sea, la “PPL”, como se les refiere oficialmente, deberá guardar mucho reposo posterior a su operación, y estar en observación constante y directa. Eso sí, para que vean, va a requerir cuidados y de una prolongada estancia en el hospital.
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El Gobierno de Chihuahua carga ahora mismo con un pesado fardo que a duras penas puede solventar.
Se trata de la manutención, resguardo y custodia de las personas privadas de la libertad, las famosas “PPLs” que cayeron tras las rejas por haber cometido un ilícito del orden federal.
Y cómo no va a pesar, si los penales estatales ya tienen una sobrepoblación del 20.5 por ciento, donde la mayoría son del fuero común, pero de otros muchos le corresponderían a la Federación hacerse cargo, mantenerlos y vigilarlos.
Según el Inegi, los 11 penales de Chihuahua registran más de 9 mil ingresos al año, por 8 mil 500 egresos.
Lo curioso es que, de la población penitenciaria local, la gran mayoría está por delitos del orden común, pese a que se señala a la delincuencia organizada, delito federal, como la principal detonadora de violencia.
Darle cuidados, vigilancia, comida y atención médica representa un enorme gasto para las finanzas estatales.
Del total de internos, casi el 7 por ciento, unas 560 PPL’s, que son 873 en total, son del fuero federal. ¿Y si se los llevan a un “Cefereso”?
En esos términos va la petición del Congreso del Estado.
Los 14 centros penitenciarios federales cuentan con espacios para 28 mil 520 personas, pero solo tienen 18 mil 855 PPL’s “hospedados”.
Esto significa que cuentan con casi 10 mil espacios con los que bien podrían aligerarle la carga a otros estados saturados, como Chihuahua.
Ya es hora que el Gobierno Federal se haga cargo de ese y de otros muchos problemas derivados de la inseguridad pública que genera toda la actividad delictiva organizada.
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¿En qué se gasta su dinero la gente? En comer fuera, en pan y en refrescos. Así lo indica el reporte del Coneval correspondiente al mes de marzo de 2024, según el cual, las salidas, los productos de harina y las bebidas azucaradas, se llevan buena tajada del gasto familiar.
El concepto “Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar” se lleva casi el 30 por ciento de los 4 mil 515 pesos que cuesta la canasta básica.
O sea que, en echarnos un burrito, una pizza o una comidita fuera se nos van algo así como mil 350 pesos al mes.
En panes, ya sea blanco o de dulce, se nos va casi el 5 por ciento, que son más o menos 200 pesos al mes, mientras que en las “sodas” nos gastamos el 4.41 por ciento, que son como 180 pesos.
Ahora que, en comprar carne, sea de res, cerdo o pollo, se gastaron el 8.7 por ciento que fueron casi 400 esos al mes. ¡Vaya que está cara la carne, de lo que sea!
Todos esos conceptos le “ganaron” a otros productos que se consideran más saludables, como las frutas, las legumbres o las verduras.
En cuanto a los servicios, el que más costó fue el auto y todas sus conexiones: 430.73 pesos al mes, sin contar con la gasolina que se “chupa” el automotor.
La vivienda y servicios de conservación ocupó el segundo lugar, con 418.37 pesos por mes, la educación, cultura y recreación, 282.79 pesos; la compra de prendas de vestir, calzado y accesorios, 267.52 pesos y el transporte público 238.08.
Ojo: ese es el costo por persona, porque, si lo multiplicamos por los cuatro que, en promedio, habitan en una casa, nomás no hay monedero que alcance para cubrir tamaño gasto.