Y el último zape en la nuca que asestó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el año 2023 fue nada más y nada menos para Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado, por la actuación de la autoridad estatal durante el desastre ocurrido el 1 de enero de ese año en el Cereso 3 de Juárez.

En la Recomendación número CEDH:5s.1.055/2023, emitida el 29 de diciembre de 2023, el órgano guardián del respeto a los derechos humanos le pide a Loya que apriete tuercas y sancione tanto a responsables… como a irresponsables que no atendieron la emergencia como era debido.

Como se recodará, en la madrugada de aquel infausto 1 de enero de 2023 ocurrió un motín con fuga y masacre incluidas en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3 de Ciudad Juárez, hecho en el que perdieron la vida 17 personas, mientras que 30 reos lograron escapar de la prisión.

Según la CEDH, los responsables de ese penal incurrieron en omisiones al atender a las familias de las víctimas y esto representa una flagrante violación a los derechos humanos de los quejosos.

“Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad Penitenciaria del Estado y al Centro de Reinserción Social Estatal número 3 de Ciudad Juárez”, dice la recomendación de la CEDH, contravinieron las obligaciones contenidas en los Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Según esos preceptos, los servidores públicos a cargo de ese centro penitenciario debieron observar en el desempeño de su cargo “los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia…”

¡Uf! Justamente, todo lo que no tuvieron durante aquella terrible madrugada y luego, a lo largo del 1 de enero, cuando los internos afectados y los familiares de las víctimas nomás no recibieron la atención que demandaban.

Con esos actos de omisión, las autoridades penitenciarias del estado incumplieron las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público, que han sido precisadas. ¡Duro y a la cabeza!

Pero no sólo recomienda sanciones administrativas, sino que, además, pide que “se provea a la fiscalía general del Estado con la evidencia y/o diligencias necesarias para la debida integración y resolución de la carpeta de investigación”, derivada de esos hechos.

Por último, pide que las personas quejosas, así como las que perdieron la vida, sean inscritas en el padrón de víctimas del estado de Chihuahua y, con ello, reciban las atenciones que contempla la ley.

La verdad, estuvo duro ese último coscorrón de la CEDH, pero no se merecían menos.

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Los campiranos que se reunieron el pasado martes con el director general de Segalmex, Leonel Cota Montaño, regresaron a Chihuahua como el Jibarito: “locos de contentos, con su cargamento, para la ciudad”.

Resulta que el titular organismo creado por la 4T para hacerle al Conasupo recargado no solo les prometió pagarles a tiempo, como les informamos ayer en este comunicativo espacio, sino que, además, les “llenará la canasta”.

De aquí en adelante, les dijo, el litro de leche que les compra Liconsa para repartir entre la población más desprotegida se las va a pagar a 11 pesos con 5 centavos el litro, y de manera puntual.

¡Ándele pues! O sea que no solo se trajeron la promesa del pronto pago sino, además, que les van a dar más por su leche.

Lo que hace una campaña electoral en busca de la Presidencia de la República, porque el grupo de productores que llegó hasta las oficinas de la controversial Segalmex iba acompañada de Víctor Quintana, operador de lujo de la campaña de Clau en el estado de Chihuahua.

¡O sea que ya le podemos decir “Santa Clau de las Campañas! Porque está obrando el milagro de resolver problemas que bien pudieron atenderse desde el primer mes de la administración del presidente AMLO.

Dejaría de ser política a la mexicana: años enteros recibiendo portazos en la nariz, para recibir atención cuando ya está la búsqueda del voto a todo vapor.

Los productores llevaban años pidiendo el aumento al precio y nomás no se los daban, hasta ahora que abogó por ellos el equipo de la candidata. Eso sí que es mala leche.

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Tan contentos que andaban en la Secretaría de Hacienda con eso de que le bajaron un 39% a los pasivos del Gobierno de Chihuahua, cuando en eso cae encima el dato de que somos primer lugar en deuda en relación al PIB estatal.

Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, indican que Chihuahua es “líder” entre las entidades federativas más endeudadas del país, pues sus pasivos bancarios de largo y corto plazo ascienden al 5% de su PIB.

Su déficit supera en 171% a las asignaciones federales que se le asignan a la entidad.

El IMCO, un organismo que suele ser muy riguroso en sus diagnósticos sobre administración pública, señala que la deuda respecto al PIB es un indicador clave en el análisis de la los pasivos de los estados.

Niveles bajos de deuda respecto a ese indicador, que mide la riqueza generada a lo largo del año, reflejan finanzas más sólidas y mayor competitividad.

Vale mencionar aquí que, de acuerdo con datos del Inegi, el Producto Interno Bruto de Chihuahua ascendió a 369 mil millones de pesos.

La deuda, al cierre del 2022, sumaba 50 mil 504 mdp, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¡Como que no le cuadran las cifras al IMCO! Porque, según esas cifras, la deuda de Chihuahua equivale al 13.5% del PIB estatal.

Números más, estadísticas menos. Lo cierto es que esta y las próximas dos administraciones cargarán, como dicen los Beatles, “con ese peso por largo tiempo”, y no por culpa propia, sino por un gobierno que se soltó pide y pide prestado para gastar quién sabe en qué.

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Ojo con lo que suceda en los próximos días alrededor del Instituto Estatal Electoral, porque el morenismo en pleno, si no es que sus aliados también, se la harán de tos por la reubicación de casillas que hicieron desde la elección del 2021, cuando perdieron por amplio margen ante el PAN.

Según cartas que nos llegan desde lo profundo del morenismo local nos dicen que en le exigirán al IEE una explicación de por qué dividió los centros de votación de una manera tan extraña que hasta parecía que los habían escondido.

El reclamo se centra en el hecho de que, con motivo de la pandemia, el IEE determinó reubicar casillas para evitar que hubiera aglomeraciones como los que veíamos en otros años, donde una sola escuela podría albergar hasta diez centros de votación.

En aquel 2021, nos dicen, lo que hicieron fue desperdigarlas por toda la sección electoral correspondiente, pero sin avisarle a nadie y pues eso desalentó la participación, principalmente, en secciones ganadas por Morena.

Lo peor del caso, señalan, es que, por primera vez en la historia electoral reciente, no se publicó el encarte donde se detallaba la ubicación de cada casilla, lo que destanteó más al elector que de pronto se topó con que la urna donde había votado durante años ya no estaba donde siempre.

Así que, levantadas las antenas, porque esa será apenas la primera “canción” que le cantará el morenismo al órgano electoral local.