La mentada Torre Centinela todavía no tiene ni un piso de altura y ya se cayó el encargado del proyectote.

Este martes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la SSPE, dio a conocer que Luis Ricardo García Fierro presentó su renuncia con carácter de irrevocable al encargo que tenía como titular de todo el proyecto Plataforma Centinela, que incluye la controversial torre.

La dependencia a cargo de Gilberto Loya se ha limitado a informar que se separó del cargo “por motivos de índole personal”, como si eso lo aclarara todo.

“De índole personal” también puede ser que le mostraron la puerta de salida o que le tenían ya empacadas sus cosas para cuando llegó a la oficina.

Desde el inicio de la actual administración, García Fierro tuvo a su cargo el magno proyecto de seguridad pública, y también, el que más críticas y controversias ha levantado desde que fue anunciada.

Llegó a tal grado el nivel de rechazo entre una parte de la población, que el grupo parlamentario de Morena promovió una consulta pública para que el público elector decidiera si se invertían en ese proyecto millones de pesos que, decían, iba a costar.

La consulta aquella no prosperó, acaso por falta de difusión de parte de la autoridad electoral, y la verdad, sonó a trombón desafinado.

Recientemente, la SSPE le informó al Congreso del Estado que el proyecto Plataforma Centinela tendrá un costo de 4 mil 709 millones 885 mil 705 pesos.

El contrato se le asignó a la empresa Seguritech Privada, S.A. DE C.V, de manera directa.

La eficacia de la plataforma ha sido motivo de discusión y señalamientos de todo tipo, pues en la mayoría de los indicadores de delito hay una tendencia a la alza, como lo dicen las cifras que envió la SSPE al Congreso del Estado.

Todo ese proyecto estuvo a cargo del funcionario que acaba de renunciar hace apenas dos semanas, aunque apenas ayer lo anunciaron.

En su lugar quedó  Adrián Lui Chavira, hombre de todas las confianzas del titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez.

Anteriormente se había ocupado de la dirección de Movilidad y Cultura Vial en la Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Ahora tendrá a su cargo no solo la operación de Centinela, sino también, la defensa de un proyecto que va costando ya mucho dinero.

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Lo que queda del duartismo echó la casa por la ventana este martes 19 de enero –principio de semana hábil– con la manifestación que celebraron en la explanada de la Ciudad Judicial.

Nada más tres autobuses de pasajeros se fletaron, a cupo lleno, hasta eso, para traer gente del sur del estado, más bien de Parral y de Balleza, a expresar su inconformidad porque su paisano sigue recluido en el Centro de Reinserción Social Número 1, ubicado en San Guillermo, ese que, en sus años de gloria, decía él mismo que parecía hotel de cuatro estrellas.

Eso, sin contar con la fila de autos que viajó desde la capital del mundo, por la vía corta, hasta la ciudad de Chihuahua y, una vez ahí, al mero centro, donde está la sede del Poder Judicial.

A todo esto, vale la pregunta filosófica que nunca le respondieron a Chico Ché: “¿Quién pompó? ¿Quién pompó viajecito, quién pompó?”.

El grupo, compuesto por unos 300 viajantes que llegaron desde el sur del estado, era encabezado por el exsíndico municipal de Parral, del 2018 al 2021, José Ildefonso Caro Hernández, quien llegó al cargo postulado por Morena y, por lo visto, ahí sigue, en el partido insigne de la 4T.

Claudista y Duartista a la vez, ¡sí se vale!, diría el ex funcionario metido ahora a organizador de caravanas.

Los hijos del exgóber, César Adrián, Bertha y Olga Sofía Duarte Gómez, y el excoordinador de Comunicación Social en aquellos tiempos, Hugo Hernández, también integraban la vanguardia de esa especie de “columna de la libertad”.

Después de su manifestación, en la que hicieron una especie de informe de gobierno del período duartista, y de demandar que se le libere porque ya van más de dos años de encarcelamiento y aún no tiene sentencia, se regresaron a Parral.

Antes, el exsíndico, acompañado de César Adrián Duarte, entregaron el escrito en el que planteaban el cambio de medida cautelar para el político ballezano, de modo que pueda continuar el juicio desde un domicilio particular.

No los recibió la presidenta, Miriam Hernández, pero sí les tomó el documento el secretario general del TSJ, Francisco Fierro.

Desde otro punto de la ciudad, la gobernadora Maru Campos respondió, a ese respecto, lo que cualquier pasante de la carrera de derecho sabe: que el procesado no está en reclusión por voluntad de un gobernante, sino porque así lo mandata la ley.

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La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la SSPC, publicó este martes las cifras de incidencia de homicidios durante el mes de febrero del 2024 y destacó que Chihuahua tuvo una reducción sustancial, con 121 casos, 29 menos que en el mismo mes del año pasado.

Qué bien, solo que en la capital del estado las cosas no van tan bien como nos lo quiso pintar la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez.

Resulta que, en ese mismo día, la Mesa de Seguridad y Justicia, organismo de Ficosec, dio a conocer unas cifras que no dejan lugar ni al festejo ni al optimismo.

En febrero de 2024, dice el Observatorio, se cometieron 41 homicidios en la capital, más de uno por día, de los cuales 36 tuvieron como víctimas a hombres y 5 a mujeres.

No hubo tal recuperación de la paz, como suelen decir las autoridades en materia de seguridad pública.

Los balazos siguieron sonando y costaron vidas humanas a lo largo de todo este febrero bisiesto de 2024, a razón de 1.4 casos por día.

Si bien el homicidio es el delito de mayor impacto social, también llama la atención la alta incidencia de otra conducta que también eleva los indicadores de violencia y, en algunos casos, termina en pérdidas humanas.

Es el caso de la violencia intrafamiliar, que en este febrero acumuló 248 denuncias, más la “cifra negra”, compuesta por todas esas situaciones que no terminan en denuncia porque el o la víctima no siente confianza en la autoridad.

El otro indicador que eriza la piel es el de violación, con 108 denuncias, y vaya que en este caso, la mencionada “cifra negra” es mucho muy alta.

Así que no hay nada qué festejar. La violencia sigue, tanto en la calle como en el interior del hogar.  A callar la música, entonces.

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Si es usted candidato o candidata y teme sufrir algún atentado, o ya ha recibido amenazas hacia su persona y su equipo de campaña, bien puede pedir que lo escolte un contingente de fuerzas federales para reforzar su seguridad.

Por ejemplo, si contiende usted por un cargo en una región considerada de alto riesgo, se le proporcionará una escolta compuesta de tres vehículos y diez agentes a su protección. O sea, toda una caravana.

Si va por un distrito o estado de mediano riesgo, le pondrán dos vehículos y ocho elementos. Pero si es de bajo riesgo, le mandan un auto y dos agentes.

Quien esté interesado puede comunicarse a las oficinas del Instituto Nacional Electoral, el INE, y este a su vez pasará la solicitud a la SSPC.

Hasta la fecha, las dos candidatas a la Presidencia de la República y el aspirante por Movimiento Ciudadano han solicitado esa protección.

Además, la Coalición Fuerza y Corazón por México, PRD, PRI y Morena han pedido esa protección para al menos uno de sus candidatos al Senado, mientras que Movimiento Ciudadano la ha pedido para dos.

Así van a estar las campañas este año en el que, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “bajó” la incidencia de homicidios a “nada más” 79 por día.