La información pública sobre el almacenamiento de las presas en cada estado del país está “caída” desde hace días, y nadie ha sido para salir a darnos una explicación.

El portal de la Comisión Nacional del Agua, en su apartado correspondiente al Sistema Nacional de Información del Agua, Monitoreo de las Principales Presas de México, nomás no despliega los datos sobre el estado en que se encuentra el almacenaje de las presas de los estados de la República.

¡Qué conveniente! Justo en el momento cuando Chihuahua y Tamaulipas tienen una ácida disputa por los almacenamientos de las cuencas que van a dar al río Bravo. La Conagua simplemente dejó “abajo” los datos y de pronto todo quedó en una nube de opacidad.

Los datos que se han podido recoger nos indican que las presas de cada uno de esos dos estados se encuentran en una condición de contraste: mientras que las de Chihuahua están a más del 80 por ciento, en promedio, las de Tamaulipas están en calidad de charco.

La más importante, Boquilla, está casi al 70 por ciento de su capacidad. Eso significa que tendría cerca de los dos mil millones de metros cúbicos, según registros oficiales.

Las otras presas “clave” en este conflicto son Las Vírgenes, que a estas alturas está a más del 90 por ciento, según diversas versiones, y “El Granero” o Luis L. León, que tiene más de un 70 por ciento de almacenamiento.

Nos comentan que, si bien es cierto que los niveles de almacenamiento están en buenas condiciones, también lo es que a Chihuahua le llevó años verlas completamente llenas o incluidos rebosar líquido durante la temporada de lluvias.

Esa agua, unos tres mil 100 millones de metros cúbicos, serviría para “amarrar” dos ciclos agrícolas, cuando mucho, y eso si llueve en el trayecto.

Todo lo anterior son estimaciones, porque la Conagua “tumbó”, escondió o quién sabe qué le habrá hecho a los registros diarios de almacenaje hídrico.

Y mientras eso sucede, en Chihuahua nos damos de moquetes y nos preparamos para seguirle con la bronca con los paisanos fronterizos de Tamaulipas.

Ahora todo depende, nos comenta un conocedor, de que caiga un temporal tan fuerte como el del año pasado para que “rebose” El Granero y le mande agua al Bravo. A ver si así se calman los paisanos de Rigo Tovar.

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Este martes, mientras trascendía la larga e infructífera discusión en torno al manejo del problema del agua por parte del Gobierno Federal, saltó un dato que sonó pavoroso para todos los estados fronterizos e incluso los del centro del país, tan faltos como están de lluvias y tan sobreexplotados que tienen sus acuíferos subterráneos.

Resulta que, del llamado “traslape” de agua se pierde más del 80 por ciento desde el punto de salida y hasta la presa o desembocadura a donde debe llegar.

Eso significa que, si Chihuahua sacara una parte del almacenaje que tiene en sus tres presas más grandes para abastecer a Tamaulipas, a esta entidad llegaría apenas el 20% de todo.

Dicho en otras palabras, que ni Chihuahua ni Tamaulipas resolverían su problema, porque el uno se queda sin agua y el otro no la recibiría.

Según información del estudio “Los distritos de riego y las concesiones de agua”, de la Cámara de Diputados, solo el 20 por ciento de los canales del país están revestidos de mampostería y más del 60 por ciento son de tierra, lo cual significa que gran parte del agua se iría trasminando hacia el subsuelo a lo largo de los más de mil kilómetros que separan a Chihuahua de Matamoros, Tamaulipas.

A eso habría que agregar el hecho de que casi todos los cauces construidos por la humanidad están a cielo abierto, lo cual implicaría una considerable pérdida por evaporación a su paso por uno de los desiertos más inclementes del continente.

Con todo y eso, está en firme el plan de la Conagua de sacarle agua a Chihuahua para darle a Tamaulipas, nos aseguran los enterados.

No hay fecha ni aviso próximo, porque un buen día de estos pueden llegar y abrirle a las compuertas de Las Vírgenes, La Boquilla o El Granero.

Se llevarían, según la bancada del PAN en el Congreso del Estado, más o menos el 30 por ciento de los 2 mil 500 millones de metros cúbicos—cifra aproximada—, que tiene “guardados” el estado de Chihuahua en sus tres presas insignes.

Está bien eso de ser solidarios y de que las aguas son nacionales y no de una entidad en específico, pero de eso a que se le abra para tirarla, pues como que no.

Lo malo es que diputados y actores políticos de ambas entidades dedican el tiempo en larguísimas discusiones que van a dar a la sucesión presidencial del 2024, en vez de ver cómo resuelven el problema.

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En menuda bronca se han metido funcionarios de la presente y la anterior administración por haber nombrado para cargos públicos a José Alfredo Chávez Ruiz, quien apenas este martes 23 de mayo dejó la Dirección Estatal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Conalep.

Durante la mañana, el Gobierno del Estado anunció la separación de Chávez Ruiz y en el mismo acto se anunció que no saldrá de la administración pública de Chihuahua, sino que se incorporará al staff de asesores del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

O nadie les avisó que el señor está inhabilitado por parte nada menos que de la Secretaría de la Función Pública del Estado o no les importa cargar con las consecuencias.

Chávez Ruiz está inhabilitado desde el 2013 y, sin embargo, ha ocupado cargos en áreas educativas del Gobierno del Estado en las dos últimas administraciones.

En el gobierno corralista se les hizo fácil darle el cargo de coordinador estatal del Servicio Profesional Docente, y no fue sino hasta que la Secretaría de la Función Pública, entonces a cargo de Stefany Olmos, les avisó y lo separaron del cargo.

En un comunicado que emitió el propio Gobierno del Estado, Chávez Ruiz no puede ocupar cargos de administración pública desde enero de 2014 y hasta el 30 de diciembre de 2023.

De acuerdo con el expediente R-468/201324, emitido el 24 diciembre del 2013, el antes mencionado recibió la sanción por “negligencia administrativa”, pero, al estar en receso por temporada vacacional decembrina, su sanción comenzó a correr a partir del 2014.

A lo largo de esos casi diez años contados desde que recibió el “tate quieto” de la SFP, ha recibido el ahora castigado diversos señalamientos, como venta de plazas y falsificación de documentos.

Quienes conocen de cerca el ambiente del Conalep no se explican cómo fue que lo nombraron director del sistema y, peor aún, que le dieran facultades para hacer nombramientos, si estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos.

Falta ver qué castigo se lleva el que le dio chamba al castigado, y el que se puede llevar quien lo va a contratar como asesor.

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El veterano político expriista Eloy García Tarín recibirá en las próximas horas el nombramiento de director en Chihuahua del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Conalep.

Lo hará en sustitución de José Alfredo Chávez Ruiz, quien apenas este martes fue removido del puesto que ostentaba.

El 12 de mayo pasado, García Tarín se separó del cargo (¿o lo separaron?) de subsecretario de Gobernación, órgano dependiente de la Secretaría General de Gobierno, donde despacha Santiago de la Peña Grajeda.

En aquel entonces, el propio de la Peña “aclaró” que el recién removido no se iba, sino que regresaría pronto porque había “Eloy García Tarín para rato”.

A once días de distancia, trascendió que se ocupará de uno de los subsistemas de educación media superior más grandes e importantes del estado, como es el Conalep.

Su trayectoria es larga y variada, siempre bajo las siglas del PRI y en áreas de la administración pública enfocadas a la política interior.

En los ya lejanos años 80s fue dirigente de Frente Juvenil Revolucionario del PRI y en los 90s ocupó diversos cargos de representación de ese mismo partido ante órganos electorales, pero fue hasta los “dosmiles” cuando tuvo sus encargos más relevantes y acaso controversiales.

En el año 2010 fue nombrado secretario general del Ayuntamiento de Chihuahua en la presidencia de su amigo Marco Adán Quezada, cargo que dejó en el primer tercio del 2013 para ir en busca de una diputación local, la que finalmente obtuvo.

Su salida de ese puesto fue casi providencial, pues le quitó de encima la responsabilidad del accidente ocurrido en ese mismo año durante el festival “Monster Truck” organizado con autorización del Gobierno Municipal.

Sin embargo, durante todo su encargo como diputado, se mantuvo leal a la causa “marquista” hasta el 2019, cuando renunció al PRI y se rehusó a seguir a Marco Quezada en su aventura morenista.