El juez de Control que sigue la causa penal contra el exfuncionario del gobierno corralista, Eduardo “Lalo” F.H. negó la medida cautelar para el acusado y decidió no dejarlo en prisión preventiva.

Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción había pedido cárcel de tiempo completo para su acusado, bajo el argumento de que tenía suficiente dinero como para emprender la huida y, además, que había tenido recientemente constantes viajes al extranjero.

Sin embargo, el juez César Alejandro Villalba Máynez negó el hospedaje en San Guillermo por considerar que era una medida “excesiva” (sic), en cambio al exsecretario le fijó el pago de una fianza de 800 mil pesos, que a cualquiera le puede sonar igual de excesiva.

El juzgador ordenó además que el exfuncionario entregara su pasaporte para que no saliera del país, cosa que estuvo haciendo en meses recientes, nos cuentan, por motivos familiares. Durante el tiempo que dure el proceso, ese documento quedará en poder del Ministerio Público.

Lalo F. H., corrió con suerte distinta a la tuvo el exgobernador César Dee Jay, a quien le negaron la libertad bajo caución porque, en ese caso, y según la juez que sigue el proceso, el acusado sí tenía posibilidades de irse del país.

Serían entonces el segundo excorralista que lleva su proceso penal sin ver las rejas de la cárcel. El otro es el exfiscal de Derechos Humanos, Francisco “Panchito” González Arredondo, acusado de cometer actos de tortura psicológica durante el interrogatorio a un testigo protegido que formó parte de las investigaciones dentro de la operación “Justicia para Chihuahua”.

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Les habíamos comentado que era inminente la solicitud de desaparición de poderes en el municipio de Nuevo Casas Grandes y que esta la solicitaría el mismísimo Poder Ejecutivo del Estado al Congreso local.

Pues bien, la solicitud debió llegar a la oficialía de partes del Congreso este lunes 15, pero no hubo tal.

Nos cuentan que quienes se embarcaron en la puntada de eliminar un ayuntamiento surgido del voto popular no tomaron en cuenta que, para ese efecto, deben retirar de su cargo no solo a la alcaldesa, Cynthia Marina Ceballos Delgado, sino también a su suplente, quien no ha cometido falta alguna que amerite el desconocimiento de su investidura.

Pero no nada más eso: hay que remover de su cargo a 16 regidores, y a sus respectivos suplentes. Es decir, que la graciosada implica quitarles su constancia de mayoría a 34 personas que llegaron a ese encargo mediante el voto popular.

Si bien la alcaldesa ya trae patas para arriba a su gobierno y se ha ido quedando sin apoyo partidista, su cabildo no. Al menos en el papel, cuatro son del Partido del Trabajo, mismo que la postuló para el cargo; cinco son de Morena, uno del PAN, partido que impulsaría la remoción, y otro más del PRI.

Para retirarlos a todos, tendrían qué comprobar que cada uno de ellos ha dado muestra de no estar apto para ocupar el cargo o que ha cometido irregularidades de tal consideración que amerita impedirle la toma de protesta.

Eso es realmente difícil de probar. Lo otro es que, en caso de que procedieran de ese tipo, habría al menos 34 personas dispuestas a llevar el litigio a los tribunales federales, de donde podrían surgir amparos al por mayor.

Como si no hubiera suficiente alboroto político, ahora pretenden echarle más leña a un caso que sentaría un absoluto precedente, pues al menos en la historia del México moderno no se ha dado una extinción de poderes en algún municipio de Chihuahua.

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Un grupo de organizaciones se unieron para hacer un frente común en defensa de los bosques de Chihuahua, amenazados como están por la tala inmoderada que cometen diversos grupos, y que se ha agravado por la intervención del crimen organizado.

Este lunes, las comunidades que se unieron emitieron un comunicado en el que alertaron sobre la devastación del bosque en la Sierra Tarahumara en los últimos años.

La campaña lleva por nombre “Lucha, resistencia y bosque”, y recoge las demandas y exigencias de decenas de activistas y agrupaciones que tienen años exigiéndole al Estado Mexicano que haga algo—aunque sea el intento—, por defender uno de los recursos naturales más vitales para la vida en el norte y noroeste del país.

La devastación del bosque chihuahuense ha traído consigo el desplazamiento de las personas que vivían en esas regiones y que en los últimos años han debido dejar su lugar de origen, por el embate de la delincuencia y la pérdida de suelos a causa de la erosión.

Buena causa y buena suerte a las organizaciones promotoras. Hay qué ser valientes y seguramente lo son, porque en el último medio siglo, 22 activistas defensores del medio ambiente han sido asesinados en Chihuahua. La inmensa mayoría de esos crímenes continúan impunes y no se ve para cuándo se resuelva al menos alguno de ellos.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ayer, 15 de mayo, el tradicional anuncio que se hace con motivo del “Día del Maestro”, que no es otro que el incremento salarial retroactivo que se les otorgará a todos los trabajadores de la educación.

La noticia transmitida por el mandatario caló hondo y motivó el aplauso “del respetable”, pues el incremento para este año es de un 8 por ciento, poco más que la inflación acumulada en el 2022.

Más aún, advirtió a todas las instituciones académicas del país que ningún trabajador del sector educativo debe ganar menos de 16 mil pesos.

La nota fue un aire fresco para los profesores, pero un balde de agua fría para las áreas financieras de los estados que sí gastan en educación, como Chihuahua. En primeras, deberá conseguir el dinero para pagar el retroactivo. 

Tradicionalmente, las áreas financieras del Gobierno del Estado han hecho su “vaquita” para cuando llegue el anuncio del 15 de mayo y pagar de un solo golpe el retroactivo que para ese entonces, ya acumuló ocho quincenas.

Lo otro es ajustarse el cinturón y subirle el 8% a los más de 40 mil “profes”, “profas” y demás trabajadores de la educación.

Bien por los maestros, pero Chihuahua sigue destinando gran parte de los recursos federales que recibe en pagar gasto educativo.

¡Qué envidia nos dan esos estados que no tienen ni un solo maestro estatal, todos federales!