En materia de economía y crecimiento del PIB estatal, nuestro estado “se cayó pa’ abajo” respecto al despegue espectacular que mostraron otras entidades del país, según el informe del INEGI sobre esa materia.

A diferencia de otros períodos, en el tercer trimestre del 2023, Chihuahua tuvo un discreto crecimiento económico de 2.6% respecto mismo período, pero del año anterior.

Y decimos “discreto”, porque quedó por debajo del promedio nacional, que fue de 3.1, y a leguas de los estados punteros que, para sorpresa del mismo INEGI, fueron entidades del sureste del país.

Chihuahua se quedó tan rezagado que cayó hasta el lugar 18 en cuanto a crecimiento, cuando solía estar entre los 10 primeros, sobre todo, en el renglón industrial, o “sector secundario” de la economía.

Lo anterior está contenido en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), que publica el INEGI cada tres meses, en cuyo caso, tocó el turno al penúltimo período del 2023.

Ese indicador “ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país”, dice el documento.

En otras mediciones, las entidades del centro y norte del país “gobernaban” la parte alta de la lista, pero en esta ocasión, fue Quintana Roo, con un espectacular crecimiento del Quintana Roo 17.1%, seguido por San Luis Potosí (10.6); Oaxaca (8), Colima (7.9); Aguascalientes (7.1) y Campeche (6.8).

Analistas consideraron que ese incremento en la economía de las entidades del sureste se debe, en buena medida, a las inversiones que hace el Gobierno Federal en esa región, como el corredor transístmico, en Oaxaca, el aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo o la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Ni cómo competir: aquí no hay refinerías, ni obras carreteras, mucho menos aeropuertos o refinerías. Más bien nos han dejado en el olvido, la verdad.

Felicidades a nuestros hermanos del sureste y, no es envidia ni mucho menos, pero si a Chihuahua le hicieran inversiones como esas, en una de tantas y hasta en primer lugar quedábamos. Ya lo hemos hecho antes.

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El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, le entró en serio al discurso campañero durante la presentación del Informe de Actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CEDH.

De una manera velada—ni tanto, porque bien que se le notó la intención—hizo una especie de llamado a votar por quienes sí defiendan a los organismos autónomos y, en especial, a la CNDH y a la CEDH.

O sea “no voten por los morenos, voten por nosotros, o se va a acabar la Comisión Estatal de Derechos Humanos”. Al menos así parecía el discurso.

Desde la tribuna del Congreso, donde minutos antes había estado el presidente del organismo garante de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, el funcionario estatal y representante de la gobernadora Maru Campos alertó a quienes le prestaban atención por el “peligro” en que se encuentran esas instancias.

Primero, le echó sus porras tanto a la Comisión Nacional como a la Estatal porque se han mantenido en la tónica de los derechos humanos “a pesar de los embates, tintes y estilos políticos que han tratado de interferir a lo largo de su historia con la autonomía de esta noble comisión”.

Luego, la advertencia que sonó a “no voten por esos”: Hay qué defenderla, hoy más que nunca, porque nos enfrentamos a una realidad imperante donde la reinante polarización y la división destruye o intenta destruir las instituciones que son de todos”.

Y va en serio, parecía decir: El 2 de junio es la elección, o salvan a las comisiones, o nos carga a todos.

Así lo dijo: “nos encontramos ante un momento histórico en nuestro país, … que definirá el presente y futuro de los organismos autónomos”.

Y bueno, para nadie es un secreto que la administración AMLO busca eliminar a cuanto organismo autónomo se encuentre.

Dura defensa la que hizo el señor secretario. Bien por él, ahora que cumpla con toda la montaña de recomendaciones que les ha mandado la CEDH prácticamente desde que iniciaron su gestión.

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Ese Crucito: candil de la calle y oscuridad de su casa. Mientras que en Juárez lo traen bombo con los el “Mochilagate”, la casa de cambio en el lugar menos apropiado y los fallos del IEE en su contra, en Cuauhtémoc, su “pollo” repunta y se apunta para la diputación local por el distrito XIV.

Se trata de Omar García Chávez, crucista de corazón, quien hasta finales del año pasado cometía en cerrada carrera “parejera” con la expriista Lupita Pérez por la postulación a la alcaldía cuauhtemense.

Fuentes bien enteradas del ambiente morenista en la llamada “Puerta de la Sierra Tarahumara” nos dicen que ya, de plano, optó por competir por la diputación local y apuntarse una diputación, ya sea que gane el distrito, o que alcance a entrar por el principio de prelación, o sea, “el mejor perdedor”.

Entre la tropa guinda y blanco, es bien conocido que Omar García era el “gallo” de Cruz Pérez Cuéllar para la alcaldía, pero a últimas fechas, se inclinó por la diputación local, donde tendría, en caso de llegar, una auténtica beca de tres años para echar grilla.

Iba para alcalde, pero ya en la “negocia” con el médico Marcelo Ramírez Flores, quien al parecer va punteando en las encuestas y es una especie de punto de encuentro entre las corrientes que buscaban destronar a Beto “Fidel Velázquez” Pérez de la alcaldía de Cuauhtémoc.

Cerrado ese trato político electoral, la corriente guinda y blanco podría ir con una fórmula que les permita aspirar a ganar en un municipio que tenían ganado hasta antes del 2021.

Según las encuestas que tiene Morena para su uso interno, tienen buenas probabilidades de regresar a gobernar ese que es el tercer municipio más poblado del estado.

Su “marca” vende bien en Cuauhtémoc, siempre y cuando no se enfrenten al alcalde en funciones, don Beto Pérez, quien iría por su reelección en este 2024.

Así que ya lo sabe: si ven a Cruz haciendo campaña “para la Presidencia Municipal de Juárez” en Cuauhtémoc, Parral o Delicias, ya saben por qué.

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Después de mucho trabajo, horas de angustia y no poco sufrimiento, el Congreso local logró “sacar” su ley de Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado.

Y decimos sufrimiento y horas de angustia, porque los trabajos para recoger las opiniones y expresiones de los pueblos indígenas no estuvieron exentos de inconvenientes tan serios como el hecho de toparse en la Sierra Tarahumara con organizaciones delictivas.

Recordemos aquel mes de junio de 2022, cuando un grupo plural, compuesto por integrantes del Congreso, del IEE y de otros organismos, se “toparon” en Cerocahui con el grupo delictivo que comandaba el tristemente célebre “Chueco”.

Mirone informó en aquella ocasión del traumático encuentro, el cual ocurrió poco antes de aquel episodio que enlutó al estado entero, donde dos sacerdotes, un jugador de béisbol y un empresario del ramo turístico fueron asesinados en el templo de Cerocahui.

El Congreso mismo informó en aquel entonces que los trabajos de consulta a pueblos originarios se suspendían temporalmente hasta que no hubiera “condiciones” para visitar esos lares.

Casi dos años después, diputadas y diputados de la Sexagésima Séptima Legislatura aprobaron la nueva Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua.

En su intervención, la diputada Rocío Sarmiento (PAN) felicitó a toda la Legislatura por a ver logrado esa la nueva ley, a pesar de todos los pesares.

Con esa legislación, dijo, “se actualiza la norma atendiendo, el reclamo histórico de los pueblos originarios”.

Vaya que se toparon con una de las problemáticas más graves que afectan a las comunidades indígenas, como es la inseguridad y la presencia de grupos fuertemente armados que no necesariamente están para aplicar el estado de derecho.