En un hotel de la ciudad de Chihuahua están ocurriendo historias que bien podrían servir para hacer películas de terror.

Y no porque ahí se aparezcan muñecos endemoniados, sino porque se maneja desde ahí una intrincada red de tráfico de personas que opera en la absoluta impunidad, y casi en las narices de las autoridades.

Se trata de un hotel ubicado en el sur de la ciudad, detrás de la Central Camionera, donde la semana pasada encontraron a 90 migrantes, prisioneros, como quien dice, en una bodega del dichoso hotel.

O sea, no los tenían hospedados como viajantes comunes, sino que los mantenían retenidos en un sitio que no es propio para albergar a personas, y menos aún, a menores de edad o de la tercera edad.

Aunque no hay datos de que sus captores, que son los mismos que los trajeron hasta acá, hayan pedido rescate a cambio de dejarlos en libertad, el acto bien podría encuadrarse en el supuesto del secuestro o, por lo menos, en la privación ilegal de la libertad.

Después de varios días de permanecer encerrados y aislados del resto de la comunidad, hubo una intervención del Instituto Nacional de Migración acantonado en Chihuahua, y fue así como lograron liberar a los viajantes.

El detalle es que la Fiscalía General de Estado no procedió conforme a sus facultades para detener y consignar a quienes los tuvieron en cautiverio.

El apuro de esas personas es, ahora, llegar a la frontera y poder completar el procedimiento para tramitar su solicitud de asilo en los Estados Unidos.

El hotel ya está plenamente ubicado. La autoridad tiene en su conocimiento de otros casos de detención de personas en ese mismo lugar. Ahora le toca actuar y aplicar la ley.

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Juan Carlos Loera ya dijo “una-dos-tres por mí” a quien se supone que lo anda buscando, y nomás no se aparece. Una de dos, dicen sus allegados: o no lo han ido a buscar, o la demanda en su contra es de humo.

Se trata de la denuncia que interpuso Hugo Ruíz Esparza por la supuesta desaparición de cuatro mil tarjetas destinadas a adultos mayores como parte de los apoyos que otorga la Secretaría del Bienestar, de la cual, Loera fue delegado hasta hace no mucho.

El demandante aseguró que no se ha podido notificar a Loera por no contar con un domicilio particular, por lo que, dijo, es buscado por la autoridad federal.

Al respecto, el exsuperdelegado y ahora candidato al Senado ha señalado que pues, o no lo han buscado bien, o no tienen motivo para decir “¡ahí está, notifíquenlo!”.

La denuncia, marcada con el número 6750/2022 en relación a las tarjetas de becas del Bienestar Para el Adulto Mayor, tiene más de dos años y, según los cercanos al ahora candidato, nunca lo han ido a buscar para que responda.

El denunciante ha hecho declaraciones públicas en el sentido de que hay fallos, amparos y resoluciones de jueces, pero es hora que nadie va y le dice a quien era delegado del Bienestar en el momento cuando se habría perdido una cantidad brutal de tarjetas.

Como es bien sabido, Loera de la Rosa ha andado a la búsqueda de espacios públicos desde el año pasado, cuando comenzó a patalear para que su partido, Morena, lo hiciera candidato “a algo”, aunque fuera de senador.

También, como es del dominio público, anda haciendo campaña, recorriendo el estado, con agenda de todos conocida y apareciéndose en lugares públicos, y nomás no aparece el enviado que le entregue la notificación para que responda por ese supuesto robo de tarjetas.

Por lo demás, si se “desaparecieron” 4 mil tarjetas, es igual a 4 mil personas adultas a las que les robaron su instrumento para cobrar una beca y, hasta ahora, no hay ninguna manifestación masiva de afectados que demanden la recuperación de su tarjeta.

Dos años han pasado y apenas ahora, cuando ya están encarriladas las campañas, trasciende el dato de que anda como Juan Charrasqueado: “cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando… son muchos hombres, no te vayan a multar”.

Ojalá y aparezcan los auténticos afectados, si es que existen, y sean ellos quienes exijan la entrega de sus tarjetas, si en verdad desaparecieron, y si se las hicieron de agua, que le tuerzan la mano con la fuerza de la ley al culpable.

Ahora que, si lo hacen fuera de temporada electoral, mejor, para que se vea que va en serio el combate a la corrupción y que no se trata de otra escaramuza de esas que abundan tanto en tiempos de campaña.

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Si vale aquí decir que hay “una buena y la otra mala”, para los morenistas. Bueno, en realidad es la mala y una no tan peor, porque el mismo tribunal mandó de regreso la sentencia que inhabilitaba al coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, a postularse para ser reelecto diputado local.

Para acordarnos del suceso: la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, denunció a Estrada y a otras dos diputadas de la bancada guinda de haber ejercido “violencia política de género” por intentar excluirla del grupo parlamentario.

El Tribunal Estatal Electoral emitió un fallo en el que se le dio la razón a la denunciante, aunque enfocó su sentencia únicamente en el diputado Estrada.

Este acudió a la instancia superior, el Tepjf y ayer mismo, salió el resolutivo en el que este tribunal ordenó que “va de nuevo”, así como para que se entienda.

Como quien dice, les devolvió el fallo a los del Estatal, les dio la razón en una serie de puntos, pero les pidió que emitieran una nueva sentencia, en la que no podrán considerar los actos meramente parlamentarios de la denunciante y el denunciado.

Es decir, que lo que suceda en la bancada de Morena, se queda en el piso 15 de la Torre Legislativa y no en el salón de plenos del TEE.

Aquí, los tres jueces electorales tendrán que apegarse únicamente a lo establecido en la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y nada más.

Dicho de otra manera, que los dimes y diretes que se traen allá en el grupo parlamentario de la 4T, corre por cuenta propia.

Hasta ahí, lo bueno. Lo malo es que el TEE aún no ha sido notificado de ese fallo, y dispone de 15 días para emitir uno nuevo. O sea, que en una de esas y le dicen a Cuauhtémoc que sí puede ser candidato, pero ya cuando haya terminado la campaña.

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La concurrida zona arqueológica conocida como “Cuarenta Casas” recibirá pronto una “manita de gato” que incluirá una serie de actividades y servicios para el turista local, nacional y extranjero.

Nos informan que ese intrincado lugar, donde no hay ni dónde tomar agua, tendrá en breve una serie de instalaciones, tiendas y servicios como los que suelen tener los mejores sitios turísticos de tipo arqueológico.

Todo va viento en popa, según nos cuenta, excepto porque se atravesó un “pequeño detalle”: las elecciones de este 2024, cuando casi toda actividad gubernamental queda en suspenso a causa de las llamadas “vedas”.

Sin embargo, nos cuentan, todo va a pedir de boca y es probable que, tan pronto pase la elección y haya candidata con constancia de mayoría en mano, se pueda retomar el plan para convertir al lugar en uno de los sitios arqueológicos más atractivos del país.

Cuarenta Casas está ubicado en El Vallecito, un pueblo del municipio de Madera.

Está a 45 kilómetros de la cabecera municipal y a 336 de la capital del estado.

Aquí vale aclarar que los nuevos servicios quedarían situados a la entrada del complejo, y no en las ruinas de las 40 casas, que se encuentran enclavadas en el acantilado.

Ojalá y le apuren, para beneficio de la zona, de sus habitantes y del turismo que llega a Chihuahua.