De plano, nadie sabe para quién trabaja. Así ha de pensar la abogada Emma Saldaña, la bienquerida por activistas en pro de los derechos de la mujer, cuando ve cómo se desmontó toda la estructura que armaron ella y sus aliadas en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el Ichmujeres, durante la pasada administración.

Nos dicen que las ONG’s feministas cercanas a la exfuncionaria están que echan rayos y truenos contra la gestión de Margarita Blackaller Prieto, porque dejó tiradas numerosas gestiones que realizó el Ichimujer ante el Gobierno Federal.

¡Como si fuera tan fácil sacarle un peso a las alturas de la burocracia federal!

Resulta que la licenciada Emma logró sacar recursos para apoyar programas de prevención del embarazo de mujeres adolescentes y en su momento los aplicó como debía ser, pero en cuanto dejó el cargo y lo entregó a su sucesora, esta lo echó al saco roto porque eso de hablarle de sexo a las jovencitas como que le saca ronchas.

A estas alturas no sabemos si fue por mojigatería, por desdén, por descuido o por todo junto, pero el hecho es que se perdieron recursos que, si bien no eran un mar de dinero, bien que servían para hacer campañas para evitar que las muchachitas quedaran embarazadas cuando su juventud apenas inicia.

La cosa no quedó ahí: tampoco ejerció como debía el recurso que obtuvo el Ichimujer para aplicar la tan complicada declaratoria de Alerta de género en el estado. Nos dicen mironeras fuentes, comunicativas como son, que el dinero se gastó en comprar una camioneta nueva. A ver si entendemos: los pocos fondos que se le pudieron sacar a la Federación para defender a las mujeres, se gastaron en comprar un vehículo. ¿Acaso era el Batimóvil?

La cosa no para ahí, ni mucho menos. Cuando Emma Saldaña se puso a defender a mujeres laniadas, golpeadas y maltratadas por sus parejas malandros, se vio en serias dificultades para proteger su seguridad y la de su alrededor, de modo que pidió que se le asignara la protección de un agente policiaco, de un “guarura”, pues.

Vaya que lo necesitaba, con tanto abusón que llegaba “metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear” para sacar a su pareja (o expareja) a jalones de los centros de protección para mujeres maltratadas.

Ahora cabe preguntar: la actual directora del Ichimujer ¿tiene esa protección que tanto necesita alguien que se pone enfrente de un agresor? No, por una sencilla razón: resulta que, cuando Margarita Blackaller se fue al Congreso del Estado a ocupar la curul que dejó vacante Georgina “Geo” Bujanda, también se llevó al agente de seguridad, y ahora lo trae ocupado en funciones de chofer ¡habrase visto!

Con razón las ONG´s y las aguerridas activistas defensoras de mujeres se sienten aventadas al olvido por la actual administración.

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Cuando nadie tenía listo ni el primer oficio para promover el amparo de la justicia federal contra las reformas electorales que promovió AMLO, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, se metió a la fila que llevó su inconformidad a los tribunales desde la semana pasada.

El movimiento del alcalde chihuahuense, a quien más de una vez le han dado trato de “Godínez” en el Palacio de Gobierno, se llevó el reflector y obligó a otros actores del panismo nacional a seguirle la pisada.

Y mientras Godínez Bonilla se llevaba los reflectores y veía su fotografía en diarios de circulación nacional, en el Congreso del Estado ni siquiera han tocado el tema. Ya Guanajuato se pronunció y seguramente vendrán otros estados donde hay presencia panista, pero en el de Chihuahua, donde el bloque PRIAN gobierna a sus anchas, les pasó de noche la promoción del recurso contra el llamado “Plan B”.

Bien dicen que el que pega primero pega dos veces, y al menos en esta ocasión, el Godínez del municipio, tan peso gallo como es, le pudo meter la mano a los pesos welter del panismo estatal.

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Los encargados de la seguridad pública del estado se aplauden con una mano y con la otra se echan confeti dizque porque ya lograron bajar los índices de homicidios.

¡Sí, Chuy!, cerraron el 2022 con más de mil 600 personas fallecidas al calor de las balas o bajo el filo del cuchillo, y se les hace mucho. Ah, pero que no son para echarle un ojo a las muertes causadas por el desastre urbano en el que tienen convertido a las ciudades del estado.

Si no, que lean lo que publicó esta mi querida casa editorial, donde les dimos cuenta—digo porque al parecer no se han dado ellos—que las muertes en accidentes viales se fueron a las nubes.

Como para ponerse los pelos de punta: 356 personas fallecidas en accidentes de tránsito, y ni quien se ocupe del tema.

Ahí andan construyendo obras inútiles pero no son ni para pintar bien las rayitas de los carriles de las calles, mucho menos para cuidarlas y prevenir los accidentes que tanto daño le causan a quien lo sufre y a la sociedad en general.

Nada más basta con recorrer esa pista de Hot Wheels que es la mentada avenida De la Cantera para darse cuenta que circular en las avenidas de Chihuahua es un acto de supervivencia. Una calle llena de curvas, con carriles que de pronto se hace chiquitos o van a dar a un muro, y ni un agente de tránsito que vigile o al menos haga la finta para que los conductores le bajen al acelerador.

Y del tráfico en carreteras, ya ni hablemos porque se nos va a enchinar la piel de puro coraje, porque bien que nos cobran cuotas de peaje pero no se ve por ningún lado el auxilio vial.

Ahí andan muy orondos porque aquella “Delegación de Tránsito” ya es “Subsecretaría”, pero no sirve ni para maldita la cosa.

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En el gremio abogadil se habla, poco en broma, poco en serio, de que el “pleito” entre el Ministerio Público y la defensa del exgobernador César D.J., el caso del desvío de más de 96 millones de pesos se parece mucho a uno de esos partidos de la Liga MX donde se enfrentan dos equipos del mismo dueño.

De seguro, dicen, terminará en empate, como ese que se aventaron el Atlas y el Santos, ambos, propiedad del grupo Orlegui, o los que se avientan el Pachuca y el León, ambos de la familia Martínez. Se atacan, pero no se hacen daño.

Como dicen en el Bajío: “parece de chía, pero es de limón”.  El exgobernador y el actual encargado de la procuración de justicia actuaron como miembros del mismo equipo durante al menos tres años. Los buenos oficios entre ambos estuvieron a la vista de todo el mundo, así que motivos hay para pensar en que el caso Duarte es un juego de “Multipropiedad” judicial.