El pleno del Congreso del Estado aprobó dos reformas para establecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres como una obligación en la administración pública estatal.
En los casos contrarios, se considerará violencia laboral el hecho de que se paguen salarios distintos en funciones iguales a hombres y a mujeres, ya sea en el Gobierno del Estado o en las presidencias municipales.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Igualdad, en el cual se contempla modificar la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considerará como violencia laboral toda acción u omisión que directa o indirectamente provoque la brecha salarial de género.
En la exposición de motivos, la diputada Georgina Zapata (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad, mencionó que el nuevo marco legal motivará mejores prácticas laborales en el sector público, lo cual favorecerá a las mujeres.
De esa forma, agregó, se formará un entorno de trabajo basado en los principios de igualdad, mejores relaciones laborales, una política salarial más coherente, y mayor autonomía económica de las trabajadoras.
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