El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar el traslado de Abraham Alejandro F.D., presunto homicida del niño Jasiel Giovanny, al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1, y que no permanezca más en el penal femenil, donde actualmente se encuentra recluido.
“El homicida del niño Jasiel Giovanny vivía como hombre y así debe ser juzgado”, afirmó el diputado Carlos Olson (PAN), al presentar la propuesta ante la Diputación Permanente.
Argumentó que el imputado no debe recibir beneficios de ley por haberse identificado como transexual.
La FGE debe garantizar que se hará justicia en este caso, subrayó Olson, al recordar que Jasiel, de apenas 8 años, fue asesinado el pasado 2 de julio en la capital del estado.
Asimismo, el exhorto incluye un llamado al Ministerio Público para que preserve todas las pruebas necesarias que sustenten la acusación, y evitar que el presunto agresor, quien además fue identificado como padrastro de la víctima, eluda la acción de la justicia.
Olson advirtió que no se permitirá que el imputado, quien enfrenta cargos por homicidio calificado, abuso sexual y omisión de cuidados, pretenda evadir su responsabilidad mediante “argumentos ideológicos relacionados con la identidad de género”.
Desde el 1 de julio, la FGE había emitido una alerta por la desaparición del niño Jasiel Giovanny, pero al día siguiente fue localizado sin vida.
En un principio, la Fiscalía retuvo a Abraham Alejandro F.D. como probable responsable por omisión de cuidados, ya que la madre del menor lo había dejado a su cargo durante su turno de trabajo. Horas más tarde, el fiscal general César Jáuregui Moreno informó que el detenido ya era considerado presunto autor del homicidio.
“El agresor vivía como hombre, ejercía sus derechos como hombre y cometió el crimen como hombre. Hoy pretende ser juzgado como mujer para obtener beneficios indebidos. No lo vamos a permitir”, exclamó Olson durante la sesión.
El legislador panista sostuvo que este caso no solo representa un acto de violencia individual, sino una señal de alarma sobre la descomposición social.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad con los votos de los nueve diputados integrantes de la Diputación Permanente, pertenecientes a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
