A dos años de la puesta en marcha de la reforma laboral que eliminó la subcontratación de personal, se ha perdido flexibilidad y competitividad en las relaciones laborales de México, frente a otros países que tienen modelos más modernos y diversos que permiten a las empresas tener diferentes opciones para contratar a trabajadores, afirmaron directivos de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos (AMECH).
Señalaron que el Gobierno federal ha impuesto multas por 27 millones de pesos a los patrones que hicieron mal uso de la subcontratación, luego de las tres mil inspecciones que realizaron la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Las empresas siguen teniendo sus reservas respecto al uso de los Servicios Especializados (que sustituyó a la subcontratación), pues aún existen dudas, como en qué momento o qué actividades se pueden utilizar y cuál es la forma correcta de hacerlo”, afirmó Francisco Martínez Domene, secretario general de la AMECH.
En su opinión “debemos comprender que esta nueva regulación ofrece la oportunidad de subcontratar estos servicios con una empresa especialista externa, encargada de la ejecución parcial o total de los procesos ajenos al objeto social de la empresa y su actividad preponderante registrada ante el SAT”.
Teniendo en cuenta lo anterior, dijo, el aspecto primario y fundamental para poder contratar este tipo de servicios es asegurarse de que el proveedor de dichos servicios cuente con la debida acreditación por parte de la Secretaría del Trabajo, denominada REPSE, lo que implica que la autoridad valida que dicha empresa tiene prácticas formales, en cuanto a la tercerización de procesos específicos dentro de la operación de las empresas.
El directivo explicó que las empresas que ofrecen servicios especializados y cuentan con el certificado REPSE, obtienen ciertos beneficios, como:
Generan confianza y credibilidad entre sus clientes, aparte de que es obligatorio para quienes ofrecen este tipo de servicios, brinda una mayor confianza y seguridad.
Transparencia, que es indispensable para erradicar la corrupción y/o las irregularidades que se pudieran llegar dar en la prestación de los servicios.
Control y regulación que permite que la autoridad tenga una revisión constante, con el fin de mantener un mercado laboral sano para todas las partes.
Francisco Domene explicó que, como segundo punto importante, se debe revisar cuál o cuáles son los objetos sociales de la empresa, tanto en el acta constitutiva como en la constancia fiscal de la misma y con base en ello identificar las áreas y/o procesos que se encuentran dentro de las actividades secundarias o de soporte para la operación de la empresa.
En tercer lugar, agregó, “debemos de considerar que este ajuste que generó la reforma le ha dado una mayor relevancia al entendimiento de lo que conocemos como “cadena de valor”, ya que es justo en el análisis de ésta, que está la clave para contratar de forma correcta y segura”.
La cadena de valor es el framework empresarial que plasma todas las actividades que requiere una organización para proveer la oferta comercial y de valor hacia sus clientes. Y la clave es identificar y diferenciar las actividades primarias de las de soporte, ya que son estas últimas las que pueden atenderse con servicios especializados.
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