El hallazgo del cadáver de quien se presume es José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, no es un punto final ni un acierto, representa una falla del Estado en garantizar la paz, aseguró a El Universal el sacerdote jesuita Javier Ávila.
Señaló que para la comunidad jesuita en Chihuahua la muerte de este hombre demuestra una falla e incapacidad del Estado y de los sistemas de justicia para garantizar la tranquilidad de quienes habitan en la región de la Sierra Tarahumara.
“El Chueco” es señalado como el asesino de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma y el habitante de la localidad Paul Berrelleza.
Los crímenes ocurrieron el 20 de junio de 2022 en la localidad de Cerocahui, municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara. Desde entonces se inició un operativo en el que participaban fuerzas de los tres niveles del gobierno para lograr su detención.
Después de 275 días de los crímenes, este miércoles se informó que «El Chueco» habría sido encontrado sin vida en Sinaloa.
“Tras haberlo encontrado sin vida, ellos [los gobiernos] lo único que demuestran es una incapacidad para el sistema de justicia; es una llamada para revisar el sistema de justicia. No fueron capaces, en nueve meses, de encontrarlo y detenerlo para que se lleve un juicio conforme a derecho. Lamentablemente lo encuentran muerto, que cualquier muerte es lamentable y no debe de ser el camino”, resaltó en entrevista el padre Ávila.
Dijo que la muerte de Portillo Gil es una solución fácil y un escenario que él había advertido a las autoridades que podría ocurrir.
“Yo lo había advertido y lo había dicho: ‘Si no lo agarran ustedes, les van a traer el cadáver’, y ahí está. Para mí es una falla… Es un error del sistema de justicia. Se tiene que revisar el plan de seguridad nacional, el plan de seguridad estatal”.
Comentó que desde su óptica de fe no se debe tomar la justicia por mano propia en este ni en ningún otro caso, porque eso lleva a que la violencia en la sierra de Chihuahua continúe, como ha pasado desde hace años.
“Este es un paso en la búsqueda de la solución de todo lo que se está viviendo acá en Tarahumara. No es decir: ‘Ya está palomeado, ya detuvieron a ‘El Chueco’’. Más bien, ya lamentablemente se encontró su cadáver. Este es un paso, porque nosotros exigimos que se hagan programas en serio de implementación de la seguridad”, expuso.
Agregó que la comunidad jesuita seguirá en la región de la Tarahumara exigiendo justicia, alzando la voz por quienes no pueden, y que los gobiernos apliquen las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero pasado.
“No es el punto final, no es decir llegamos a la meta y ya pasó, por supuesto que no. Seguiremos con la exigencia de justicia. En la última reunión que tuvimos para la implementación de las medidas cautelares con gobiernos federal y del estado los jesuitas presentamos una serie de propuestas y acciones que hay que iniciar en la sierra, y lograr rehacer el tejido social”, mencionó.
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