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Piden organizaciones atender integralmente a familias de los 40 migrantes muertos en Juárez

La reparación del daño no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, dice colectivo

Por El Universal |

Al argumentar que la entrega de recursos económicos no es una reparación efectiva del daño, organizaciones no gubernamentales exigen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) resarcir de forma integral a familiares de víctimas mortales y sobrevivientes del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

A casi cinco meses del incidente donde 40 personas murieron y 27 más resultaron heridas, los organismos resaltan que desde hace más de una década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido más de 80 recomendaciones al INM por las condiciones “deplorables” dentro de las estancias sin que se tomen en cuenta.

“El dinero no es justicia. La reparación integral del daño para las familias de los migrantes fallecidos, los sobrevivientes y sus familias no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, una reparación efectiva del daño incluye medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en lo individual y en lo colectivo.

“La reparación debe tomar en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido para garantizar la protección de los derechos de las personas, sobre todo en lo relativo a recibir asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia. Las personas sobrevivientes del incendio tienen secuelas de por vida, incluso neurológicas, situación que la reparación del daño debe tomar en cuenta», explicaron los colectivos a favor de los derechos de los migrantes mediante un comunicado.

El documento, firmado por más de 50 asociaciones, albergues y activistas, hace un llamado a la CEAV “a no seguir ejerciendo sus funciones en la opacidad”, pues señalan que emitir un dictamen y resarcir el daño no es una facultad del INM sino de la CEAV, que a su vez se ha deslindado de su responsabilidad desde hace casi cinco meses.

“Desde las organizaciones que acompañamos a nueve sobrevivientes y a sus familias nos sorprende que sea el INM el que esté dando a conocer que ha realizado reparaciones económicas del daño cuando es facultad de la CEAV. En su comunicado, el instituto, lejos de brindar datos concretos sobre la reparación del daño, evidencia carencias en el proceso, por ejemplo, pone en riesgo a las familias al hablar de montos económicos asignados, menciona datos que son parte de una investigación que está en curso, usurpa funciones y no se habla de la reparación del daño a los sobrevivientes.

Lo que nos muestra es la insistencia del INM de incidir en la investigación judicial, la urgencia de cerrar el caso y el actuar impune de su titular, Francisco Garduño Yáñez», manifestaron.
Los firmantes del comunicado exigen al gobierno federal incidir en el caso solicitando a la CEAV que cumpla sus funciones y sacar al INM del proceso; tomar en cuenta a todos los sobrevivientes en la toma de decisiones; crear medidas adecuadas de no repetición y brindar claridad a las víctimas sobre los procesos reparatorios.

“Hay personas con impactos permanentes a su salud física y neurológica que les impedirá retomar sus proyectos de vida, lo que los ha dejado con dificultades económicas en su estancia en México y a sus familias en sus lugares de origen”, exponen.

Al INM le solicitan acatar por completo y no “parcialmente” la recomendación 111VG/2023, en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establece que no cumplió con su labor de garantizar el derecho a la integridad y seguridad de las personas.

“Reparar el daño no es sólo entregar un recurso económico, sino la sanción de las autoridades responsables, acceso a la justicia y garantías de no repetición, menos que eso es simulación.

“México debe replantear su política migratoria con la participación de organizaciones expertas que acompañan a las víctimas de este y otros casos de graves violaciones a derechos humanos”, señalaron.

Además, exigen a Garduño Yáñez una disculpa pública en la que los sobrevivientes y sus familiares se encuentren presentes y separarse del cargo mientras el proceso penal en su contra esté abierto.

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