El dinero que obtienen las personas privadas de la libertad (PPL) en los centros penitenciarios de Chihuahua a través de trabajos productivos no solo cubre gastos internos, sino que también se utiliza para pagar la reparación del daño a las víctimas o a sus familias.
De acuerdo con información proporcionada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, actualmente alrededor de 4 mil 900 personas privadas de la libertad participan en algún tipo de actividad productiva dentro del sistema penitenciario estatal, cifra que representa a más de la mitad de la población penitenciaria.
Una parte importante de estas actividades se desarrolla en el área de la construcción. En prácticamente todos los centros penitenciarios del estado se llevan a cabo obras, como las remodelaciones realizadas en el Cereso femenil y las que se realizarán en el edificio que fue desocupado por las mujeres junto al Cereso 3, el cual será habilitado como una unidad de bajo riesgo.
Las personas privadas de la libertad reciben un pago por los trabajos que realizan. Estos ingresos forman parte de un esquema que busca fortalecer la reinserción social y cumplir con las obligaciones derivadas de los delitos cometidos, entre ellas la reparación del daño.
El modelo de Cereso productivo no se limita a la construcción. Las PPL también participan en actividades deportivas, lúdicas y artísticas, así como en talleres de carpintería, talabartería y otras áreas productivas.
El responsable de la seguridad pública estatal subrayó que cuando la dependencia asumió el control del sistema penitenciario, únicamente alrededor de 400 personas privadas de la libertad participaban en algún proceso de reinserción, mientras que actualmente la cifra asciende a 4 mil 900.
Además de contribuir a la reinserción social y a la reducción del hacinamiento, el objetivo es que al concluir la actual administración estatal el sistema penitenciario de Chihuahua quede consolidado como un modelo a nivel nacional.
Indicó que, en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, algunas de las prácticas implementadas en Chihuahua ya están siendo consideradas para replicarse en otros estados del país.
Como parte de este esquema, destacó el fortalecimiento del “Fideicomiso Manos en Libertad”, mediante el cual se impulsa la comercialización de los productos elaborados por las propias personas privadas de la libertad al interior de los penales.
Este modelo, explicó, funciona como una economía circular que beneficia tanto a las familias de los internos como a las personas afectadas por los delitos, al destinarse recursos para cubrir la reparación del daño.
