Personas en situación de desplazamiento forzado interno de la Sierra Tarahumara (originarias de la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo), reconocidas como víctimas directas del delito y defensoras de derechos humanos, interpusieron una demanda de amparo indirecto.
El recurso se promovió contra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como autoridades estatales, por la omisión de acuerdos firmados e incumplimiento del Plan de Protección aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo con fecha 29 y 30 de noviembre de 2022.
Lo anterior se dio a conocer por las organizaciones que acompañan y asesoran jurídicamente a las familias en cuestión, en una rueda de prensa en las instalaciones del Centro Estatal de los Derechos de la Mujer (Cedehm).
El amparo reclama el cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades federales, estatales, municipales de implementar correctamente las medidas de protección, para poder garantizar los derechos humanos primordiales como el derecho a la vida y a la integridad personal, pero también derechos como la salud, vivienda digna y el derecho a defender derechos.
Las organizaciones informaron que las personas promoventes son beneficiarias del Mecanismo desde el mes de febrero del año 2014, fecha en que fueron incorporadas por la situación de violencia que se generó en contra de la comunidad y de forma particular contra algunas autoridades tradicionales y representantes comunitarios, entre ellos el defensor Julián Carrillo Martínez, quien fue asesinado en el año 2018.
En el caso de Julián Carrillo, su familia tuvo que salir de la comunidad para salvaguardar su vida. Otro defensor de la comunidad y su familia también tuvieron que desplazarse por la misma razón. Desde entonces permanecen en un refugio de seguridad proporcionado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En agosto de 2022 nuevamente se registraron desplazamientos forzados, esta vez del gobernador de la comunidad y su familia debido a las amenazas y el riesgo por la labor que realizan a favor de los bienes naturales y su territorio ancestral.
Desde el 2014 son beneficiarios del mecanismo, sin embargo, el año pasado al solicitar su integración como víctimas de desplazamiento forzado ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) les fue negada la incorporación, toda vez que el gobernador y su familia no realizaron la denuncia correspondiente por miedo a represalias por parte de sus agresores.
En este caso hubo una reunión con Erick Martín Salas, director del Mecanismo de Protección, así como con Janis Aguirre exencargada de despacho de la Ceave en la que les reiteraron la negativa, a pesar de ser beneficiario del mecanismo, dado que su extracción de la comunidad fue realizada por un cuerpo policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Desde el 2014, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les ha realizado cinco evaluaciones de riesgo a integrantes de la comunidad y a quienes hoy han decidido presentar la demanda de amparo y en todos los casos se ha indicado que dichas personas se encuentran en riesgo extraordinario impidiéndoles regresar a su comunidad.
Ante la sistemática violación a sus derechos humanos por la inacción del Estado, para que en su lugar de acogida puedan vivir en condiciones de dignidad y no revictimización es que promueven la demanda de amparo indirecto.
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