La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no pasará por encima de los intereses de los ejidatarios de Témoris para garantizar la operación del gasoducto que cruza el estado de Chihuahua y se extiende hasta Sinaloa.
Durante la conferencia mañanera del 6 de noviembre, la mandataria fue cuestionada sobre las demandas de los habitantes de esa comunidad, perteneciente al municipio de Guazapares, quienes denuncian el incumplimiento de una sentencia judicial que obliga a la empresa operadora del ducto a pagar por el uso de sus tierras.
Al respecto, Sheinbaum sostuvo que, como en otros conflictos agrarios, “tiene que haber diálogo” para resolver las diferencias. Subrayó que, si bien el país requiere infraestructura energética, “no se harán las cosas como en el pasado”, cuando las obras se ejecutaban sin el consentimiento de las comunidades afectadas.
“Es un agravio”, dijo la presidenta, al referirse al hecho de haber construido el gasoducto sin la autorización de los ejidatarios ni un beneficio directo para ellos.
“No se pueden hacer los proyectos como se hacían en el pasado, en contra de las comunidades. Tiene que ser con las comunidades”, enfatizó.
Sheinbaum destacó la relevancia de los gasoductos para abastecer plantas estratégicas —como la petroquímica de Tula, Hidalgo, y la termoeléctrica de Sinaloa—, pero insistió en que debe prevalecer el diálogo y el respeto a la voluntad de las comunidades.
Un conflicto que lleva años sin resolverse
El conflicto se originó en 2015, cuando la empresa TC Energy (antes TransCanada) construyó el gasoducto en la zona serrana de Chihuahua. Los ejidatarios se inconformaron y obtuvieron un fallo del Tribunal Agrario del Distrito 5, con sede en la capital del estado, que declaró nulos los contratos y escrituras firmados con la empresa trasnacional.
La resolución, emitida en 2018, ordena a la compañía celebrar nuevos contratos “justos y apegados a la ley”, al considerar que los anteriores vulneraron los derechos agrarios de los comuneros.
Sin embargo, los ejidatarios reclaman que, siete años después, la empresa no ha cumplido con la sentencia, por lo que han advertido que podrían volver a cerrar el gasoducto en señal de protesta.
El ducto parte de El Encino, en Chihuahua, y llega hasta Topolobampo, Sinaloa. Tiene una extensión total de 540 kilómetros, de los cuales 17 atraviesan la comunidad de Témoris.
Para entender:
¿Qué está en juego en Témoris?
El gasoducto El Encino–Topolobampo forma parte de la red nacional que abastece de gas natural a plantas eléctricas e industrias del norte del país. Sin embargo, en su paso por la sierra de Guazapares, atraviesa tierras ejidales que los habitantes aseguran fueron ocupadas sin consentimiento ni pago justo.
Para los ejidatarios, la disputa no solo es económica: representa la defensa de su territorio y del derecho a decidir sobre el uso de sus tierras. Para el gobierno federal, en cambio, el reto es mantener la operación de una infraestructura estratégica sin repetir los abusos ni las imposiciones del pasado.
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