CNDH

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH), Néstor Armendáriz Loya, advirtió que se puede agravar la problemática de atención a personas migrantes por el cierre de operaciones de la estación tipo B que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene en la ciudad de Chihuahua.

El Ombudsman señaló que se genera una falta de espacios de atención, justo cuando se prevé que se incrementen los flujos migratorios en torno a la culminación del Título 42 en Estados Unidos, debido a expectativas erróneas generadas entre los migrantes.

“Se vivirán tiempos difíciles en el tema de la movilidad humana”, advirtió.

Armendáriz Loya indicó que la comisión estatal no tiene competencia directa para hacer revisiones en las estaciones del INM, aunque ha participado en las revisiones en apoyo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Consideró que viene un endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos que criminalizan la condición de las personas indocumentadas.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) calificó de “trascendente” el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que ratificó la facultad de dicho organismo para calificar, de manera preliminar y únicamente con fines de acceso a la información, la existencia de violaciones graves a derechos humanos, sin que ello implique invadir las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, el Máximo Tribunal determinó la validez de la resolución del Pleno del Inai, propuesta por la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, mediante la cual le ordenó a la CNDH proporcionar versión íntegra de un expediente relacionado con el hallazgo en 2010, de fosas clandestinas en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas, por tratarse de una investigación sobre violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

En contra de esa resolución, la CNDH promovió ante la SCJN una controversia constitucional, argumentando que el Inai se atribuyó incorrectamente competencias para determinar que la información solicitada versaba sobre hechos presuntamente relacionados con violaciones graves a derechos humanos, cuando esa facultad es solo de la Comisión Nacional.

Sin embargo, la Primera Sala consideró que, ante la negativa de la CNDH de otorgar la información, el Inai no solo es competente para conocer el recurso de revisión correspondiente, sino que tiene, entre sus facultades, establecer, preliminarmente o prima facie, si los hechos contenidos en la carpeta solicitada constituían violaciones graves a los derechos humanos con el objeto de otorgar acceso a su contenido.

El Máximo Tribunal concluyó que el Inai, al emitir dicha resolución, actuó dentro del marco constitucional de las atribuciones que tiene conferidas y no invadió de ninguna manera la esfera competencial de la CNDH, al haber calificado, para efectos de acceso a la información, que los hechos contenidos en el expediente solicitado involucraban violaciones graves a los derechos humanos y, por tanto, debía otorgarse acceso íntegro al documento.

“Las Comisionadas y el Comisionado del Inai consideran que este fallo de la SCJN da cuenta de la importancia de que el Pleno del Instituto pueda sesionar y seguir emitiendo resoluciones en favor de la sociedad, así como del carácter instrumental del derecho de acceso a la información para el ejercicio de otros derechos, como el de la verdad y la justicia”, declararon los Comisionados a través de un comunicado.

Agregaron que la determinación de la Corte “demuestra también que las facultades del Instituto establecidas en la Constitución mexicana son intransferibles e insustituibles, y que su función es primordial para conocer información que de otra forma permanecería oculta, en este caso, sobre los lamentables hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, relacionados con violaciones graves a derechos humanos”.

En los tres primeros meses del año la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido cinco recomendaciones a autoridades municipales, estatales, federales y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; mientras que en 2022 se emitieron siete.

Las recomendaciones emitidas en el 2022 fueron de marzo a octubre, mientras que en el presente año en la mitad de tiempo ya se cuenta con cinco recomendaciones.

En este caso, las dirigidas al gobierno estatal van dirigidas a la gobernadora y la Fiscalía General del Estado.

En lo referente a la competencia municipal solo se tiene una recomendación en contra del municipio de Guadalupe y Calvo, la cual también está dirigida al gobierno estatal por motivo de la desnutrición de menores de origen rarámuri.

Dicha recomendación originó que se implemente un programa que actualmente atiende a mil 500 menores con algún tipo de desnutrición en la zona serrana.

Las dependencias federales que tienen recomendaciones por parte de la CNDH son la Fiscalía General de la República (FGR)y el Instituto Nacional de Migración (INM), en ambos casos relacionados con el tema de migración.

En el primero de los casos fue por la deportación de manera irregular de personas de nacionalidad turca por el INM; mientras que la segunda fue para la FGR por el agravio contra 21 adolescentes en rescatados de un inmueble ubicado en el municipio de Chihuahua.

Finalmente, el 31 de marzo el área encargada de la defensa de los derechos humanos a nivel nacional emite una recomendación a la dependencia estatal, luego de no emitir adecuadamente una recomendación, según la misma comisión.

Recomendaciones en 2022

En el 2022 se emitieron siete recomendaciones, de las cuales tres fueron dirigidas a los ayuntamientos de Uruachi, Guazapares y Santa Isabel por la violación de derechos humanos.

A nivel estatal la Fiscalía y Pensiones fueron los destinatarios de las mismas; mientras que el IMSS fue la instancia federal que recibió dos recomendaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que los casos de violencia, feminicidios, desapariciones y ataques en perjuicio de personas defensoras y periodistas están, históricamente, enraizados al modelo neoliberal y también por las condiciones que heredó de inseguridad y colusión de autoridades con el crimen organizado.

“Destaca el hecho de que durante la actual administración se han logrado visibilizar y poner en la agenda pública éstos y otros problemas asociados, como la trata de personas, que tiene las mismas raíces”, dijo la CNDH en un comunicado.

La Comisión, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, expresó que la situación de la vigencia de los derechos humanos en el país no está en duda, como tampoco las instituciones que trabajan en su garantía y se han fortalecido.

El organismo llamó a tener cautela frente a las declaraciones vertidas por quien fue, hasta el pasado 30 de abril, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), publicadas en el diario “La Jornada”.

Recordó que los conflictos armados internos tienen, de conformidad con el derecho internacional humanitario, una serie de criterios que obligan a utilizar los términos adecuados, desde un análisis de contexto e interseccionalidad, para no generar alarmas y llamar al pánico o, peor aún, leerlas bajo la “lupa electoral”.

Dijo que la OACNUDH-México está al frente del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo para la Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el marco del cual, la CNDH ha subrayado los avances y desafíos que se derivan de su Diagnóstico sobre el Mecanismo.

También subrayó que la OACNUDH México ha trabajado estrechamente con su Junta de Gobierno y que sus propuestas, como las de la Comisión Nacional, están siendo atendidas.
De acuerdo con los registros con los que cuenta el Programa de Agravio a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CNDH, en México en 2022, se registraron 17 asesinatos de periodistas y se han registrado tres durante 2023.

“Eso, sin embargo, no se traduce en conflicto armado. Basta el conocimiento mínimo de los análisis de riesgo, para saber que la situación para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en México es mucho mejor que la que se vive en países que viven conflictos armados”, señaló la CNDH.

Presencia de la Guardia Nacional

Externó que la CNDH ha señalado que el espíritu de la presencia de la Guardia Nacional se relaciona justamente con la necesidad de una estrategia de Estado que ponga freno al crimen organizado, y por ello, no puede analizarse la participación de la Sedena en las tareas de seguridad –que por lo demás, no viola criterios del derecho humanitario internacional- sin tomar en cuenta este factor, pero tampoco eludiendo la urgencia de pacificación y garantizar la seguridad de todas y todos, por la que clama la mayoría de las y los mexicanos.

“Que desde la OACNUDH-México se omita este análisis, y más aún, que ésta se adhiera a un discurso sesgado y marcado por intereses electorales, no abona en nada a la defensa de los derechos humanos en México, y mucho menos a tener un diagnóstico real de las causas de la problemática nacional, indispensable para entablar las acciones más pertinentes”, agregó.
Indicó que el ejercicio de los derechos humanos es un camino que se tiene que trabajar y cuidar todos los días, porque sólo con responsabilidad y visión de Estado, se logrará garantizar.

“En esa tarea, todas y todos estamos comprometidos. Por nuestra parte, precisamente por eso hemos revisado nuestros programas de capacitación, hemos mejorado los procedimientos internos para la integración de expedientes y hemos reducido los tiempos de su resolución, y seguiremos aportando nuestro concurso, mediante posturas serias y decisiones firmes, que respondan al interés del pueblo, así contradigan las agendas de quienes ni siquiera lo entienden”, abundó.

Aseguró que México no vive un conflicto armado interno, lo que vive “es una profunda transformación que algunos dirigentes partidistas no comparten y quisieran frenar”.

“Por eso, no se puede hablar a la ligera aduciendo que vivimos ‘como si se estuviera en un conflicto armado interno’, expresión irresponsable que se suma a otras opiniones, contenidas en los análisis e informes que algunos organismos internacionales han presentado a últimas fechas, que quizá en anteriores etapas de la CNDH podrían haber tenido alguna utilidad, cuando se necesitaban respaldos y avales internacionales por carecer de los propios; pero hoy, cuando México está cambiando, obligan a un balance propio y equilibrado, desde la óptica nacional y guiado por intereses nacionales”, mencionó.