CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció este martes que ya inició una queja de oficio con motivo de la muerte de 39 personas y las lesiones a otras 28 durante el incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido la noche del 27 de marzo.

En un comunicado, informa el organismo que, desde el momento en que se reportaron los hechos, se iniciaron labores de investigación, para lo cual personal de la oficina regional de Ciudad Juárez acudió al lugar.

“La Comisión Nacional inició una investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos, así como sobre las condiciones en que se encontraban las instalaciones del INM”, advierte.

También se analizan los protocolos activados ante la emergencia “a fin de realizar las labores procedentes y emitir la resolución que, conforme a derecho, corresponda”.

Desde la noche del lunes 27 se estableció comunicación con representantes del INM a fin de garantizar que las personas heridas reciban la atención médica adecuada, acorde a sus necesidades específicas, para así evitar mayores complicaciones en su estado de salud y lograr su recuperación óptima, agrega el mensaje.

En particular, la CNDH ha realizado una estrecha vigilancia del proceso de identificación de las personas fallecidas con el objeto de que las autoridades competentes localicen a sus familias y sus restos sean repatriados a sus lugares de origen.

La CNDH envía sus condolencias a familiares de las personas que perdieron la vida y reitera su compromiso con las personas, en contexto de migración, que se encuentran en tránsito por nuestro país.

En el marco de las acciones que llevaron a cabo por el día Mundial del Agua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un posicionamiento en el cual solicitaron a las administraciones estatales se lleve a cabo la implementación de políticas públicas y de concientización con el fin de cuidar el vital líquido.

La CNDH destacó que es necesario avanzar y profundizar en una cultura para fomentar el buen uso y cuidado del agua, esto para asegurar el cumplimiento pleno del derecho al agua, el cual es uno de los derechos humanos que debe de garantizar el Estado Mexicano.

Por lo que se debe de buscar llevar a cabo acciones y trabajos coordinado de autoridades municipales, estatales y federal, y que se dirijan mayores esfuerzos y recursos públicos a combatir, de manera eficaz, los impactos negativos en el aprovechamiento y cuidado del recurso hídrico.

Dentro de su postura el organismo encargado de la defensa de los derechos humanos solicitó que se propicie la más estricta regulación para el control de descargas en ríos y lagos, se incrementen acciones para combatir la desertificación, se implementen medidas más eficaces para impedir el acaparamiento de concesiones de aguas nacionales.

Así como el que también se lleven a cabo acciones para combatir la destrucción de ecosistemas acuáticos, y se amplíen significativamente los recursos destinados a mejorar y modernizar la infraestructura para la gestión eficaz del agua.

De esta forma hace un llamado a los gobiernos, sectores productivos privados, sector académico y de investigación, ciudadanas y ciudadanos, y población en general, a que se involucren en la consolidación y ampliación de una cultura del cuidado del agua.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en México señaló que la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012. Cifra que descenderá ya que para 2030 se prevé que esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año.

Cada mes, 3 millones de estudiantes se ausentan de los planteles por acoso escolar o bullying, que en 80% de los casos no son reportados por los alumnos a los maestros, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con el organismo, en México, ocho de cada 19 alumnos de primaria y secundaria han sido víctimas de agresiones verbales o físicas en las escuelas, lo que coloca al país en el primer lugar a nivel mundial, seguido por Estados Unidos y China.

El reporte Contra el bullying, guía para docentes, alumnado, familias y comunidad escolar, de la CNDH, señala que la violencia entre estudiantes no es un juego.

“Es necesario implementar medidas de prevención, atención y recuperación de quienes la padecen y la ejercen, para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad y fomentar una cultura de paz”, se lee en el texto.

Alma Maldonado, integrante del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, expuso que las agresiones y los ataques dentro de los planteles son un problema que se irá incrementando, debido a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha mostrado interés en el terreno socioemocional de los alumnos.

Añadió que muchos menores se sintieron aliviados cuando tomaron clases virtuales. Pero ahora que volvieron a las aulas resurgió la situación de violencia en las escuelas “y es previsible que por los problemas socioemocionales que surgieron con la pandemia, el acoso escolar suba de tono”.

Para el académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, Érik Avilés, el acoso escolar “es un fenómeno terrible, que genera consecuencias vitalicias para quienes se vieron inmersos en situaciones inaceptables”. Dijo que no hay capacidad del sistema educativo nacional para afrontar las circunstancias que se viven en cada comunidad escolar.

El municipio de Guadalupe y Calvo realiza un censo de detección de menores con algún tipo de desnutrición en cumplimiento a las medidas solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó el alcalde Julio César Chávez Ponce.

Luego de que en la comunidad de Choréachi se registrara la muerte de siete menores por desnutrición, el edil corroboró que la recomendación fue aceptada por su administración, por lo que se colabora de manera coordinada con el gobierno estatal.

“Efectivamente, derechos humanos nos hizo llegar una recomendación. Las aceptamos, las firmamos y estamos muy de acuerdo con ellos”, mencionó.

Derivado de ello, dijo, se han implementado acciones como el llevar a la comunidad consultorios móviles que cuentan tanto con médicos como nutriólogos.

El alcalde de Guadalupe y Calvo señaló que hasta el momento se han detectado siete menores con algún tipo de desnutrición, sin especificar cuándo concluirá el censo de las mil 500 comunidades, que en algunos casos son nómadas.

Dijo que al municipio, que cuenta con 55 mil habitantes, han llegado médicos, pero la atención se complica debido a la cultura de las personas del pueblo tarahumara, ya que en muchas de las ocasiones acuden al consultorio hasta que el menor se encuentra grave.

Otro de los puntos desfavorables que tienen como municipio, agregó, es la dispersión de las comunidades y el número de personas que viven en cada una de ellas; motivo por el que no podrían determinar cuánto tiempo llevará hacer este ejercicio de conteo poblacional.

Cabe recordar que la CNDH emitió una recomendación a la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, así como al alcalde de Guadalupe y Calvo, donde se solicita realizar un censo para conocer la situación en la que se encuentra dicha problemática de salud pública.

Dentro de dicha recomendación se pidió a los gobiernos que se inscribiera al Registro Estatal de Víctimas a quienes se consideraran víctimas directas e indirectas del tema.