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La reforma legislativa para otorgar pensiones a magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aunque no tengan la antigüedad que establece la ley actual no va a caminar, advirtió el coordinador parlamentario de Morena.

Se trata de la iniciativa enviada por la presidenta del TSJ, Miriam Hernández, para que los magistrados que terminen su encargo a causa de la reforma judicial puedan retirarse con su sueldo y compensación, aunque no tengan la antigüedad requerida.

“Es la reforma del “haber de retiro”, pero ni nosotros ni Acción Nacional hemos estado de acuerdo”, dijo el líder morenista.

El comentario del diputado juarense surgió un día después de que la presidenta del TSJ, Miriam Hernández, presentara su último informe de actividades al frente del Poder Judicial.

Tanto al grupo parlamentario de la 4T como al panismo en el Congreso local les ha parecido “sumamente exagerado” el monto que piden a manera de retiro es muy exagerado”, dijo.

Cuestionó que otros trabajadores de diversos organismos de gobierno no tengan los mismos beneficios a la hora de retirarse de su vida activa.

“Si nosotros en algún momento tenemos que reformar la ley para el retiro, tendría que ser en otros términos”, dijo el morenista.

La iniciativa que promovió el Poder Judicial tiene puntos sumamente exagerados que rayan en el privilegio, agregó.

Si nadie tendría ese privilegio laborando en ningún otro lugar, ¿por qué el poder judicial podría tenerlo?, concluyó.

La bancada de Morena, representada por la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, presentó una iniciativa para liberar a las personas encarceladas o procesadas por abortar. La legisladora, quien también preside la mesa directiva del Congreso del Estado, argumentó que, tras la declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las personas afectadas deben ser absueltas.

“Son seis mujeres las que permanecen en prisión acusadas o sentenciadas por esta práctica.

La solicitud es que, donde se encuentren, se haga su liberación de manera inmediata”, expresó Guzmán Argueta durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, y la diputada Leticia Ortega Máynez.

Por su parte, el diputado Carlos Olson San Vicente, del PAN, presentó en la diputación permanente del Congreso la iniciativa de Ley de los Derechos de la Persona No Nacida. El legislador afirmó que “el derecho a la vida debe ser garantizado desde la concepción. No podemos dar la espalda a quienes más nos necesitan”.

El proyecto busca garantizar la protección del ser humano en gestación y el bienestar de las mujeres embarazadas. Olson mencionó que, según datos del INEGI, en 2022 se registraron 25,041 muertes fetales en México, lo que, a su juicio, subraya la necesidad de fortalecer la protección tanto para la madre como para el no nacido.

La iniciativa propone acceso gratuito a salud prenatal, parto y postparto, acompañamiento integral durante el embarazo y estímulos económicos en el último trimestre de gestación.

Desde tipificar como delito la introducción de ganado enfermo a territorio estatal, hasta la creación de una Secretaría de Sanidad Animal en el Gobierno del Estado.

Así fueron los intercambios de impresiones entre diputados del Congreso del Estado y dirigentes de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (Ugrch) para tomar decisiones que impidan la pérdida de status sanitario y el regreso de los cierres de fronteras a la exportación de ganado desde la entidad.

En reunión celebrada en el local de la Ugrch, productores afiliados a esa organización expusieron todas las complicaciones que vive la actividad ganadera de Chihuahua debido al reciente cierre de la exportación a Estados Unidos, lo cual trajo efectos que golpearon a todos los sectores económicos que dependen de esa actividad.

Ante esa situación, demandaron que el Congreso del Estado y las autoridades en general tomen medidas para evitar que continúe la llegada de ganado enfermo o infectado, que podría afectar el estatus de sanidad del ganado local.

• Urge una secretaría de sanidad

Entre los temas abordados, estuvo el de la obtención de más recursos a un fondo destinado a promover la sanidad animal.

En ese sentido, se mencionó la posibilidad de elevar la Dirección de Ganadería al rango de Secretaría, para que esta tenga una mayor eficacia en todas sus funciones.

A ese respecto, Cuauhtémoc Estrada, líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, también sugirió la creación de un fondo económico, sujeto a un análisis previo, que utilice los recursos recaudados en el sector ganadero, como las multas y el cobro de derechos, para abordar de manera eficaz los temas propuestos por los ganaderos.

Estrada Sotelo enfatizó que este fondo debe ser gestionado bajo un estudio integral y, además, propuso que, al elevar la Dirección de Ganadería a Secretaría, se garantice que los recursos destinados a esta dependencia se utilicen específicamente en áreas como la sanidad, y no en la burocracia administrativa.

A su vez, los diputados priistas Arturo Medina y Guillermo Ramírez, así como el diputado federal y dirigente estatal del tricolor, Alejandro Domínguez, apoyaron las acciones del Gobierno del Estado al aplicar medidas sanitarias propias para cerrar el paso al ganado procedente del sur del país.

La Auditor Superior del Estado (ASE) aplicará auditorías especiales tipo forense a un total de siete dependencias de Gobierno donde se ha detectado el uso de documentación falsa por parte de contratistas y proveedores, lo cual representa una falta grave, tanto administrativa como penal.

Ante integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso local, el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, informó lo anterior y mencionó que, a la fecha, se han encontrado 40 de esos casos, algunos de los cuales, ya han sido sancionados.

Al exponer el Programa de Auditoría para el 2025, Acosta Félix mencionó que las dependencias a las que les practicarán las auditorías forenses son: Secretaría de Hacienda, Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa y las juntas municipales de agua de Chihuahua y Juárez.

Además, la Universidad Tecnológica de Chihuahua y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

El auditor presentó el informe de trabajo para este 2025, así como los resultados de las revisiones a las Cuentas Públicas 2024 de 65 Municipios del Estado de Chihuahua.

Se trata de una revisión a los movimientos de ingresos y egresos, el patrimonio, la deuda pública y el cumplimiento de objetivos y metas de los programas de 65 municipios.

“No hemos tenido datos de incumplimiento por parte de municipios desde 2019 a la fecha; los municipios de Juárez y de Chihuahua, así como la cuenta de Gobierno del Estado, cuentan con un límite del tiempo para presentar sus cuentas públicas, hasta el último de febrero de este 2025”, dijo.

También se realizan auditorías de obra pública, forenses y de desempeño; de estos casos hasta el momento se cuenta con 26 situaciones de faltas administrativas graves en proceso, 19 denuncias presentadas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y 7 en la (ASE) por presentarse.

“Hemos trabajado fuertemente y en especial en las sanciones a particulares, donde nos hemos topado con procedimientos que se vulneran y en las que se aplican sanciones desde la sanción económica hasta la inhabilitación”, destacó.

Además de esto, se aprobó la calendarización para desarrollar los trabajos relacionados con el dictamen del Informe General y la Evaluación del Desempeño de la Auditoría Superior del Estado.

Cabe mencionar que en esta reunión de trabajo estuvieron presentes las diputadas Leticia Ortega, en su calidad de presidenta; Carla Rivas como secretaria, así como vocales: los diputados Saúl Mireles, Carlos Olson, Arturo Medina y las legisladoras Alma Portillo y Brenda Ríos.