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Habitantes indígenas de diversas comunidades del municipio de Bocoyna, Urique, Guazapares y Guerrero, asistieron al último de siete foros regionales convocados por el Congreso del Estado para informarles de los avances y resultados del proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas, iniciado en 2022.

La sesión informativa fue encabezada por la diputada Rocío Sarmiento, Presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como por representantes del gobierno estatal, Comisión Estatal de Derechos Humanos y gobernadores indígenas de la región.

“Ustedes fueron los autores principales y motivo de inspiración para desarrollar el proceso de escuchar sus opiniones y con el apoyo de especialistas e instituciones educativas poder aprobar leyes”, dijo la legisladora en su mensaje.

Señaló que “aún falta mucho por hacer, que aún, la brecha de desigualdad es importante, pero creo que esta consulta ha marcado un antes y un después; que vendrá un nuevo Congreso quien tendrá el deber y la obligación de escucharlos, de no hacer consultas a modo o disimuladas, para que ustedes se expresen.

La nueva legislatura continuará trabajando para responder a sus demandas en materia de salud, educación y servicios básicos a través de leyes que abonan al cumplimiento de tratados internacionales y nacionales, comentó.

En ese sentido, a través de un video informativo y traducido al Tepehuan, Rarámuri, Guarijó y Pima el Poder Legislativo dio a conocer el resultado del análisis de 11 iniciativas y dos sentencias y de una consulta que duró dos años, dentro de lo que destaca:

– La expedición de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua.

– La creación del centro de personas traductoras e intérpretes del Poder Judicial del Estado, que proporcionará apoyo a las diferentes dependencias.

– La obligación de la Fiscalía General del Estado para procurar personal con dominio del idioma y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas, en los órganos que tengan mayor incidencia de casos que involucren a personas indígenas.

La bienvenida al evento, corrió a cargo de Rosa Rivas Rodríguez, autoridad indígena de la localidad.

En representación del Presidente municipal de Bocoyna, Macario Hermosillo Pompa, el asesor en asuntos indígenas, Armando Loya, luego de darles la bienvenida, pidió a todos los asistentes, replicar el mensaje que hoy se da, cómo es, los resultados de la Consulta Indígena.

Finalmente, el representante de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua, Ricardo Pérez Ortiz; el de Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Eddie Fernández Mancinas y del Instituto Estatal Electoral, Francisco Erylen López Ramírez, coincidieron en los esfuerzos de todos quienes hicieron posible las reformas que hoy se dieron a conocer, por parte del Congreso del Estado.

Luego de la Declaratoria correspondiente, la Segunda Diputación Permanente del 3er. Año de Ejercicio Constitucional, fungirá como Comisión Instaladora de la 68 Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua.

Lo anterior, dado a que la Ley Orgánica del Poder Legislativo contempla que, en el año de renovación de la Legislatura, entre otras atribuciones de la Diputación Permanente, debe de constituirse como Comisión Instaladora de la Legislatura que le sucederá.

Dado a lo antes mencionado, la diputada Adriana Terrazas Porras, presidente de la Mesa Directiva de la Segunda Diputación Permanente dentro del 3er año legislativo, coordinará los trabajos y realizará los actos pertinentes para cumplir con los fines de la declaratoria, en los términos de la normatividad aplicable.

Aunado a lo anterior, dicha Comisión recibirá del Instituto Estatal Electoral y, en su caso, del Tribunal Estatal Electoral, la documentación relativa a la elección de diputadas y diputados y dentro de los diez días anteriores al inicio del primer período ordinario de la Legislatura entrante, convocará a las y los diputados electos a la Junta Previa, a fin de hacer su presentación formal y acordar lo relacionado con la designación de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos de las sesiones del primer año de ejercicio constitucional.

Asimismo, habrá de designar a las diputadas y los diputados electos que formarán parte de la comisión de entrega-recepción y hará lo necesario para que las diputadas y los diputados electos, propietarios y suplentes, reciban capacitación sobre los asuntos legislativos, derechos, deberes y obligaciones de los legisladores.

Todas las acciones referidas, con el objeto de dar certeza y seguridad jurídicas a los trabajos antes mencionados, y dado a que resulta oportuno dar inicio a las tareas relativas al cambio de Legislatura.

La diputada presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, aseveró que en el Proceso Especial Sancionador que interpuso en contra de los diputados de Morena, se hizo justicia “a medias”, porque los actos de los que fue objeto de violencia política en razón de género, no solo son atribuibles al coordinador Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

“La primera vez que tomé protesta como presidenta del Congreso, me abandonaron y dejaron abiertamente todos, la segunda también, en el abucheo fueron todos, todos los actos en contra de mi persona, el hecho de que no haya sido un caballero, se unieron todos en el momento, cuando me tratan de expulsar, lo firman absolutamente todos”, expresó.

Acusa Morena que sentencia del TEE contra Cuauhtémoc Estrada es política

No obstante, Adriana Terrazas Porras destacó que la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Roxana García Moreno, hizo una relatoría precisa de todos los actos que se cometieron en su contra y que esta de acuerdo con las medidas de reparación como la disculpa pública y la vista a la Fiscalía General del Estado.

“Claro que amerita, he sido muy clara, que quiero sentar un precedente de que no se puede ir por el mundo violentando sobre todo a las mujeres, primero por el hecho de ser mujeres y en la política por la misma política; claro que voy a tener otros recursos y ellos tendrán el derecho de hacer lo que quieran, lo más interesante sería que reconocieran lo que han hecho con una servidora”, agregó.

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Terrazas Porras agregó que tienen que turnar la sentencia al Órgano Interno de Control del Poder Legislativo y será éste el que resuelva la sanción para el resto de las y los diputados de Morena involucrados.

Afirma PAN que sentencia TEE se quedó “corta”; la violencia la ejercieron todos

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, reiteró que la sentencia del Tribunal Estatal Electoral confirma que hay violencia de una bancada hacia una diputada y que la presidenta Adriana Terrazas está en su derecho de apelar que sean todos y todas las diputadas de Morena sancionados.

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“Nosotros consideramos que se ha quedado corto el TEE, porque no solo fue el diputado Estrada sino toda la bancada, somos solidarios con Adriana Terrazas y no es un tema para callar, no es la agenda del PAN ni del Gobierno del Estado, sería un error que se crea que la presidenta esta siendo manipulada”, añadió.

Alfredo Chávez reiteró que es un tema al interior de Morena que se tiene que resolver en tribunales, y que la violencia política en razón de género se tiene que eliminar y no se puede nada más acusar a un diputado como responsable de ejercerla, ya que es equivocado y solo queda esperar que la denunciante proceda en otras instancias.

El Congreso del Estado envió una iniciativa al Congreso de la Unión, que propone reformar la Ley General de Salud, para sancionar a servidores públicos y profesionistas de la salud que suministren medicamentos o vacunas falsas o caducas.

La reforma que recae en el artículo 464, quedó redactada de la siguiente manera: A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados, adulterados, caducos o cuya vida útil haya concluido ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar; o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

La misma Ley General de Salud, observa la prohibición de la venta y suministro de medicamentos caducos; sin embargo, no se prevé una sanción para las conductas referidas, por ello es que se hace la propuesta al Congreso de la Unión, justifica la iniciativa de los legisladores chihuahuenses.