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Tras un debate entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), con 17 de 25 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó un exhorto al Congreso de la Unión para analizar a fondo la propuesta de la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. 

La propuesta de ley fue promovida por el presidente de la República, en la cual el Congreso del Estado de Chihuahua aseveró contiene diversos cambios en la estructura del financiamiento de lo previsto en la legislación vigente de la materia, y busca imponer a las entidades federativas la responsabilidad de destinar recursos para atender desastres y situaciones de emergencias. 

La diputada del PAN, Isela Martínez Díaz, expuso que de manera administrativa, se plantea sustituir las declaratorias de emergencia y desastres por acuerdos para establecer una situación de emergencia. 

“De esta manera, podemos observar la arbitrariedad en la propuesta que hace el presidente de la República, al deslindarse totalmente de las responsabilidades que tiene a su cargo”, expresó en Tribuna la legisladora. 

Además que denunció, en el año 2020 se aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden). 

“Los recursos de los mencionados fideicomisos, fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, lo que representó más de 26 mil 519 millones de pesos, de los cuales nunca se informó de manera clara a dónde fueron destinados”, detalló. 

Por lo anterior, señaló que los desastres naturales en México, son un gran riesgo fiscal, ya que debido a la diversidad geográfica y gran extensión del país, situación por la que se hace el llamado al Congreso de la Unión, a fin de que esta iniciativa sea discutida y analizada a profundidad.

Ismael Pérez Pavía, diputado del Congreso del Estado, solicitó agregar la fracción VI al artículo 316 del Código Penal de Chihuahua para que aquellos individuos que alteren, modifiquen, destruyan o retiren los elementos que identifican la propiedad de semovientes, como fierros, marcas o señales enfrenten penas de uno a cinco años de prisión.

Esta iniciativa mejor conocida como “Ley David”, se basa en los hechos ocurridos con David quien el 20 de junio de este año se vio involucrado en un accidente automovilístico en la carretera que conecta Aldama y Ojinaga, por una manada de caballos que cruzó repentinamente la carretera y colisionó con el vehículo en el que David se encontraba, el cual fue llevado al hospital en estado de coma, donde falleció el 28 de junio. 

“Lo que ocurrió después del accidente es aún más preocupante. El fierro, la cola y las herraduras de la yegua que causó la colisión fueron removidos, todo esto para dificultar la identificación del responsable. Además, se perpetró un acto de robo donde se llevaron dinero, pertenencias personales y maletas de David. Esta conducta es no solo inaceptable, sino también vergonzosa”, relató a las y los diputados. 

Situación por la que Pérez Pavía, dijo, se trabajó con la familia Gámez para dar seguimiento al caso y reformar la ley a fin de que el hecho no quede impune y se castigué a quien resulté responsable. 

La propuesta enfatiza que, si esta conducta es realizada por un servidor público la pena se agravará hasta en un tercio. Además de proponer la adición de una multa de cien a doscientos días multa en el mismo artículo.

“No podemos permitir que situaciones como la que afectó a David y sus familiares queden impunes. Su legado y memoria deben servirnos como recordatorio de la importancia de actuar en pro de la ciudadanía y de construir un lugar mejor para todos. Exigimos que los responsables sean sometidos al peso de la ley y que la vida de cada individuo sea tratada con el respeto y la justicia que merece”, puntualizó. 

La propuesta fue enviada para su revisión, análisis y dictaminación en comisiones.

La propuesta de reforma judicial que solicitó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Victoria Hernández Acosta, permanece estancada desde el 22 de marzo del año en curso, y mantiene en vilo, la designación de seis magistraturas en el Poder Judicial de Chihuahua.

En Ciudad Juárez son dos salas penales y una civil, mientras que en Chihuahua es una familiar, una civil y una penal, las cuales operan bajo el resguardo del secretario de Acuerdos, quien representa a los magistrados hasta que se resuelva el nombramiento oficial de las salas.

La iniciativa fue presentada en el Congreso del Estado a través del buzón legislativo, de inmediato como parte de los trabajos para la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, misma que se prometió presentar dentro del segundo año del Ejercicio de la 67 Legislatura, pero que, hasta el 31 de agosto del año en curso, no consolidó los acuerdos entre las fuerzas políticas, principalmente entre Morena y Partido Acción Nacional.

La reforma es “perfectible” y de “formas” de acuerdo a los asesores del Congreso del Estado, y el mayor impacto esta en los artículos 99, 100, 101, 103, 105, 106, 110 y 112, en los que se establece que las personas titulares de magistraturas no pueden actuar como representantes legales durante dos años después de haber concluido su encargo.

No obstante, de acuerdo a los propios abogados, el tema a diferencia de la reforma que se hizo en 2022, se encuentra detenida por autonomía que se fortalece en la elección y control de las magistraturas y lo que representa el impacto de ejercer, dirigir y actuar sobre su presupuesto, sin el visto bueno del Ejecutivo. Por lo que también se ha quedado a la espera de las observaciones de la Secretaría General de Gobierno.

Aunque existe previamente una acción de inconstitucionalidad, esta no afecta el desempeño actual del TSJE, pero si representa un “revés” político para Morena, pues en caso de aprobar esta nueva propuesta de reforma, deja sin materia su denuncia, situación política que influye en el consenso del legislativo a la iniciativa. 

Propuesta de Reforma empodera más al Poder Judicial

Da el poder al Pleno del TSJE de aumentar o disminuir las magistraturas, cuando un estudio objetivo del Consejo de la Judicatura, motive y justifique las necesidades del trabajo jurisdiccional, situación que sólo recaía con anterioridad en el Consejo por mayoría de sus integrantes.

En el caso de procedimientos para nombrar magistrados, la propuesta recae directo en el Consejo de la Judicatura para convocar al concurso de méritos en la selección de las plazas vacantes.

En este sentido, el mismo Consejo constituirá el Jurado Calificador, el concurso queda a cargo del Inforaj y exige a los consejeros excusarse de intervenir en el examen de personas aspirantes; el Jurado tomará sus decisiones por mayoría de votos y presidido por quien ocupe la Presidencia del Consejo.

Ahora bien, una vez que el Jurado determiné los resultados, se integra una Comisión Especial con un representante del Poder Legislativo, un representante del Poder Ejecutivo y tres representantes del Poder Judicial. En esta modificación se pasa de un representante a tres para el TSJE, lo que da más peso en la decisión de las plazas.

Es aquí donde en el Capítulo 2 del Artículo 101 se agregan más apartados sobre el actuar de la Comisión Especial en cuanto a la terna de aspirantes, en las que se refiere a elegir a las más altas calificaciones del concurso de méritos, abre las vacantes definitivas a personas que presten sus servicios en el Poder Judicial y a personas externas de manera alternada.

Asimismo, establece paridad de género, comparecencia pública, el voto de las dos terceras partes presentes, un plazo improrrogable de 30 días naturales y en caso de rechazar terna propuesta, exige una nueva terna por personas distintas a la anterior.

Y puntualiza, que en caso de que el Congreso no resuelva en el plazo establecido, se tendrá por nombrada y ocupará el cargo quien obtuviese los mejores resultados del concurso de méritos. Lo que no de nueva cuenta da el control al TSJE, del nombramiento si las fuerzas políticas no llegan al consenso.

Aunado a lo anterior, la propuesta solicita elaborar anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial, aprobar la cuenta pública trimestral y anual del mismo, así como administrarlo, acciones que antes se remitían al Poder Ejecutivo. 

Afirma PAN que trabajan en parte técnica de la reforma

“Estamos esperando el llamado de la Comisión de Gobernación y estaremos analizando la reforma Constitucional que mandó el TSJE, de entrada, la vemos bien, hay algunos puntos que estamos señalando en la parte técnica y que podemos modificar”, respondió el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez Madrid.

El diputado dijo que a poco más de 6 meses de presentar esta iniciativa, “seguramente” se llamará a una mesa técnica que permita “robustecer” la propuesta.

“Probablemente quede en este año, te puedo decir que nosotros (PAN) estamos a favor de fortalecer el Poder Judicial y su autonomía, que estamos listos para discutir la reforma y muy seguramente, como es muy técnica, llamaremos al diálogo porque eso enriquece”, agregó.

Al preguntarle sobre la voluntad política de Morena en el tema, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), expresó “yo creo que si”, no sólo del Movimiento sino de todos los grupos parlamentarios en el Congreso.

“Y que quedé muy establecido, que la justicia no se debe politizar en Chihuahua y que los procesos de asignación de magistraturas queden en ley y tengamos un Poder Judicial que funcione”, reiteró.

Por último, el diputado recalcó que el hecho de tener magistraturas provisionales no afecta de ninguna manera a quienes esperan en las salas justicia, “no, porque hay grandes profesionales del derecho, gente que es capaz de resolver los problemas de los tribunales, sin embargo, es conveniente tener certidumbre para quienes trabajan en las salas de justicia”.

–Sin resolver acción de inconstitucionalidad por reforma a Ley Judicial fasttrack en 2022

En Junio de 2022, el Grupo Parlamentario de Morena presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad sobre la reforma realizada ese mismo año por el Congreso del Estado en la que modificaron el funcionamiento del Poder Judicial del Estado.

Específicamente, en la forma de elegir a las y los magistrados, el peso de la comisión especial en la convocatoria que recaía sobre los legisladores, así como los requisitos para elegir al presidente o presidenta del Poder.

Los argumentos fueron que viola de forma directa el contenido de la Constitución Política; que transgrede los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa; viola el principio de la división de poderes; el derecho al acceso a cargos públicos y la seguridad jurídica; así como, la aplicación ilegal y arbitraria en detrimento del Poder Judicial.

El recurso 86/2022 fue admitido por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien negó la suspensión provisional, por lo que las modificaciones impugnadas siguen vigentes hasta que el órgano resuelva el asunto.

Imposible desvincular reforma de Poder Judicial de Maru: Morena

“Es una iniciativa del Poder Judicial que no podemos desvincular de la Reforma Judicial del 2022, es imposible desvincularla, porque esa reforma propuesta de la gobernadora María Eugenia, es regresiva y una acción de inconstitucionalidad, va a cumplir dos años en la Corte”, respondió Cuauhtémoc Estrada Sotelo, líder del Grupo Parlamentario de Morena.

Estrada Sotelo cuestionó la falta de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el manejo político de los casos, “aun cuando nosotros hemos estado activando el procedimiento, la sentencia no se ha publicado, se no has dicho que el proyecto está listo desde hace meses, pero no ha dado a conocer, porque tiene una relación directa con la nueva iniciativa”.

El diputado de Morena aseveró que conocen la nueva iniciativa, que la analizan pero que el hecho de que ahorita no haya nombramientos en seis magistraturas, no es por la acción de inconstitucionalidad, “es culpa de que en 2022, se generó una reforma que sólo buscó mayoría, no consensos y con rubros específicos, omitiendo los generales”.

Judicial y Ejecutivo “afinan” documento final

Por su parte, la diputada de Morena y presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras detalló el pasado martes que la iniciativa es revisada por el Poder Judicial quien aun no ha concluido “el documento final”, mismo que esta en pláticas con el Poder Ejecutivo.

Adriana Terrazas Porras dijo que esto se realizan con el respeto de la división de poderes, y que la intención es que se incluya la reforma judicial a la reforma integral de la Constitución.

“He platicado con el coordinador del PAN y él a su vez, con los coordinadores de otras bancadas, es que salga en esta 67 Legislatura, sino en este primer periodo en el segundo, pero yo aspiro que sea en este, no tengo ninguna noticia al respecto todavía”, concluyó.

¿Qué otras modificaciones propone la reforma judicial del TSJE?

Título IX del Poder Judicial, Capítulo 2, Articulo 103.

  • “Las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán nombrados para un único periodo de quince años, durante el cual serán inamovibles. Sin embargo, podrán concluir su encargo, las y los Magistrados que satisfagan los requisitos que exigen las leyes atinentes para gozar de la jubilación y además hayan desempeñado el cargo de magistratura cuando menos por un periodo de cinco años, caso en que percibirán las percepciones que señalen dichas leyes”.

Título IX del Poder Judicial, Capítulo 2, Articulo 105.

  • IV “La o el designado (presidente del TSJE) rendirá el informe, en el mes de febrero, de la situación que guarda la administración de justicia”.
  • XIII “Crear las Salas del Tribunal, así como establecer su competencia y residencia cuando un estudio objetivo del Consejo de la Judicatura, motive y justifique las necesidades del trabajo jurisdiccional y las condiciones presupuestales del Estado lo permitan; previa realización del mismo tipo de estudio por el Consejo de la Judicatura, tratándose de una Sala vacante, suprimirla. Además de cambiar la adscripción de Magistradas y Magistrados”.
  • XIII “Aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, que, integrado por los anteproyectos del propio Tribunal y el del resto del Poder Judicial, deberá ser enviado al Poder Ejecutivo, en términos de la Ley atinente, que no podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio fiscal anterior, ni menor al dos por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado”. 

Título IX del Poder Judicial, Capítulo 3, Articulo 106.

  • “Las resoluciones del Consejo de la Judicatura serán recurribles ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con excepción de las relativas o terminación de una relación laboral o que deriven de un conflicto con esa naturaleza. En contra de dichas decisiones del Pleno no cabrá recurso alguno”.

Título IX del Poder Judicial, Capítulo 3, Articulo 112.

  • I. “Integrar el Pleno, las ponencias, así como los comités en los términos que lo establezca la ley o lo determine el Pleno”
  • II. “Velar por el orden y la disciplina dentro y fuera de sus ponencias u órganos que integren”.
  • VII. Se deroga
  • VIII. Se deroga

Con 12 votos en contra, los diputados rechazaron el punto de acuerdo del Grupo Parlamentario de Morena para solicitar al titular de la Fiscalía General del Estado, César Jauregui Moreno, informara el estatus que guarda la petición sobre el proceso de detención y deportación del ciudadano Armando Gutiérrez Rosas.

Lo anterior, con la finalidad que Gutiérrez Rosas, presidente del grupo financiero Aras Investment Business Group sea presentado ante las autoridades correspondientes en Chihuahua y enfrente las denuncias en su contra por el delito de fraude en perjuicio de más de 7 mil personas.

En representación del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada María Antonieta Pérez Reyes, expuso en el Pleno el punto de acuerdo, en el que denunció que fue en Chihuahua con autoridades “incompetentes y funcionarios corruptos e ineptos” fue que se logró defraudar durante 5 años “sin pudor”.

“Desafortunadamente la Fiscalía de Fierro Duarte no solo no puso atención en el descomunal problema, sino que se dieron el lujo de no recibir denuncias por la vía penal, ya que sostenía que era un caso a debería litigarse en lo civil. Tiempo de sobra tuvo el defraudador Armando Gutiérrez Rosas para vender sus acciones y huir del país sin que nadie lo detuviera o lo molestara siquiera”, expresó Pérez Reyes.

La diputada de Morena sostuvo que el Poder Judicial ha sido lento y poco interesado en la judicialización de Aras, y que el tiempo corre en contra de los afectados.

“Lleva la Fiscalía más de un año diciendo que lo tiene ubicado sin que a la fecha haya señales ni de urgencia en su búsqueda ni en su detención. Aquí surge un nuevo problema, las autoridades de Texas ya lo están buscando y segura estoy que en ese estado se dará la localización y detención”, externó. 

Al concluir su participación, el diputado Gabriel García Cantú en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional dijo que su bancada votaría en contra, ya que consideraron que el exhorto podría dañar el debido proceso de Gutiérrez Rosas.

Antes esta situación, la diputada María Antonieta respondió de inmediato, con que el PAN no permite que se toque a sus funcionarios, “ni con el pétalo de un exhorto”, y que le sorprende que prefieran “cuidarle la imagen al defraudador CEO de ARAS”, antes que buscar justicia para las víctimas de dicho fraude.

La propuesta fue votada a favor solo por los diputados promoventes de Morena, por lo que fue desechada en todos sus términos.

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