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Tras la denuncia de una familia juarense contra el Colegio Americano Matriz, en el que una niña de 3 años fue víctima de violencia sexual, la diputada de Morena, María Antonieta Pérez solicitó un plan de auditorías a personal de escuelas públicas y privadas.

Pérez Reyes expuso que este lamentable caso de violación sexual resalta la responsabilidad directa e indirecta de muchos personajes, entre los que se encuentra las autoridades competentes del estado al no vigilar de manera oportuna y correcta el entorno de seguridad que deben tener todas las escuelas públicas o privadas y en quienes recae la educación de las y los niños.

Agregó que los propietarios de los colegios privados, su personal administrativo, así como todo el cuerpo de docentes deben tener la preparación permanente e implementación de medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de las y los estudiantes.

“Especialmente en mi lastimada Ciudad de Juárez, los que la habitamos estamos acostumbrados a lo complicado que resulta sortear las amenazas, de todo tipo, que debemos enfrentar a diario, crímenes, delitos y afectaciones en contra de víctimas inocentes”, expuso Pérez.

María Antonieta reclamó que se suma a la exigencia de esta familia, para que sea reparado el daño, que, por negligencia y descuido de los más mínimos protocolos de seguridad, afectaron severamente la paz de toda una familia juarense.

Por lo que hizo un llamado urgente a Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Educación y Deporte para que inicie de manera coordinada un plan de auditoría, a fin de asegurarse que todas las escuelas del estado, públicas y privadas, así como los albergues relacionados con el sistema educativo, cuenten con las medidas, planes y programas de seguridad del personal que ahí labora, así como de las instalaciones, para garantizar las seguridad de las niñas, niños y adolescentes.

El exhorto fue votado por unanimidad, sin observaciones de parte de las Fracciones Parlamentarias reunidas.

La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado declaró que carecen de vigencia varios decretos de 1849 y 1880 por ser contrarios a los derechos humanos, además de que las personas pertenecientes a la tribu apache o ndee/n´nee/n´dé, no sean considerados indios bárbaros.

La diputada del Partido Acción Nacional, Rocío Sarmiento, a nombre de su Grupo Parlamentario, expuso que el decreto se trabajó en conjunto con la comunidad apache, para eliminar esta disposición en la ley en la que se permitía al Gobierno del Estado de Chihuahua a contratar voluntarios nacionales y extranjeros para hacer la guerra contra los llamados “indios bárbaros”, fijando cuotas por indio muerto o prisionero.

Sarmiento expuso que, durante los años más difíciles de esa lucha, los gobiernos locales con el apoyo del gobierno central, intentaron frecuentemente políticas de pacificación con las tribus indias y aunque la pacificación nunca pudo ser total, esa política logró mantener cierta estabilidad durante algunos periodos cortos en las que se avanzó a cierto grado de desarrollo en las provincias.

“Bajo ese panorama, es hacia el último cuarto del siglo XVIII, aproximadamente en 1780, se tomó la drástica medida de poner precio a los apaches, ofreciendo la cantidad de cien pesos por la cabeza de cada apache que se matara o que se lograra apresar”, explicó.

Es así, como dijo Sarmiento, que el 11 de abril y el 25 de mayo de 1849 el Congreso del Estado de Chihuahua emitió dos decretos como complemento uno del otro, los cuales fueron publicados en el Faro, que era el Periódico Oficial del Estado, y guardan el contenido de lo que algunos conocen como la Ley Quinta, probablemente por el orden que guarda en la publicación oficial.

“Desde el año de 1886, es que no se cuenta con datos fidedignos de que se sigan pagando por los cueros cabelludos que se les pudieran haber presentado a las autoridades locales de esa época, por lo que con la rendición del Indio Gerónimo ante las autoridades de los Estados Unidos de América, se redujeron considerablemente los ataques de unos y las persecuciones de los otros”, reiteró.

Por lo que dejaron de considerarse como indios bárbaros, traduciendo por el transcurso del tiempo en una ley vigente pero carente de positividad al no actualizarse los datos y hechos que le dieron vida, razón por la cual, el Congreso votó por dejarlos como abrogados automáticamente por el cumplimiento de su fin y el transcurso del tiempo.

“Lo que ocurrió en la Corte, es que fija postura o manifiesta la inconstitucionalidad de la prohibición del aborto antes de las 12 semanas, pero no tiene facultades sobre los Congresos estatales”, respondió la diputada Isela Martínez del Partido Acción Nacional.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de la penalización del aborto voluntario en el Código Penal Federal.

“Aquí habrá de analizarse, está por el momento en el limbo, no sé si se suba o retome algo en un grupo parlamentario. En Acción Nacional protegemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y así seguiremos”, adelantó la diputada.

Isela Martínez Díaz, vocal de la Comisión de Igualdad y de la Comisión de Familia y Asuntos Religiosos en el Congreso del Estado, añadió que, desde su posición como legisladora del PAN, se privilegian los derechos humanos inherentes de las mujeres a “decidir sobre ciertas circunstancias”.

“Creo que no será un tema que se tocará en esta legislatura, creo que han visto la dinámica de esta legislatura en este cierre, no creo que esté en la agenda y/o como prioritario”, concluyó.

“En el estado de Chihuahua no nos quedaremos atrás, siempre hemos sido vanguardia en todos los temas y este es un tema que el Congreso del Estado, deberá abordar a la brevedad”, respondió la presidenta del Poder Legislativo en la entidad, Adriana Terrazas Porras.

La legisladora respondió que todos los partidos tienen sus ideologías, como el Partido Acción Nacional que siempre ha manifestado su postura en contra de la despenalización del aborto, “habrá como siempre la discusión del tema y la división también en la votación”.

Al ser cuestionada si sería un hecho histórico que la mujer que encabeza la presidencia del Congreso impulse y consolide la despenalización del aborto en Chihuahua, respondió que lo analizarán porque “la idea es seguir haciendo historia”.