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La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, informó que permanece a la espera de que llegue la solicitud de desaparición de poderes o juicio político en contra de la alcaldesa y funcionarios de la administración actual del municipio de Nuevo Casas Grandes.

“Lo que sí, no hemos determinado en el Congreso, es la terna de aspirantes de la Dirección de Seguridad Pública, que envió la presidenta municipal Cynthia Ceballos”, expresó.

“Tengo entendido que ya está la intervención de Gobierno del Estado en el tema del relleno sanitario, esto no es intromisión de poderes, es una ayuda a los ciudadanos, esto es responsabilidad de gobierno y felicito esta intervención para que no terminé un tema de salud pública, la acumulación de basura”, agregó la legisladora.

Terrazas Porras dijo que no tiene la certeza de que este tema le alcance como presidenta del Congreso, en el que le quedan 20 días para concluir su encargo en la Mesa Directiva.

Integrantes del Frente Nacional Ciudadano (Frena) solicitaron en la puerta principal del recinto legislativo, tener una audiencia con la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras y el presidente de la Comisión de Educación, Óscar Avitia Arellanes.

Los manifestantes pidieron la no distribución de los libros de textos gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública destinados al ciclo 2023-2024.

“Rechazamos el contenido de los libros de texto gratuito, por el adoctrinamiento con ideologías contrarias a nuestros principios y valores, así como al raquítico contenido académico”, explicó una de las presentes.

Otro de los integrantes comentó que “los libros de texto son mal llamados gratuitos, sin embargo, se pagan con mis impuestos”, además de cuestionar cómo se enseña de sexualidad a las niñas y los niños.

En el plantón, se entregaron volantes con la leyenda “No a la distribución de los libros de texto”, en los que detallaron que el proceso de elaboración fue irregular y que “responde a la agenda 2030 no al desarrollo mundial actual”.

Las y los manifestantes en su mayoría adultos mayores, fueron recibidos por una persona identificada como Berenys Sánchez, de la oficina de Presidencia, quien solicitó los datos de contacto para generar una audiencia.

El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en número de servidores públicos sancionados por faltas administrativas graves.

En comunicado de prensa de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se informó que Acosta Félix participó en reunión de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

El auditor acudió al llamado de la Comisión de Fiscalización para explicar el Informe Anual de Avances entregado recientemente, así como dar respuesta a los comentarios realizados por la fracción parlamentaria de Morena respecto a la labor de revisión de la Cuenta Pública 2021.

Acosta Félix consideró necesarias reformas legales que se ajusten a los requerimientos del nuevo Sistema de Fiscalización.

Destacó que del 2019 a la fecha se han logrado 10 sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), lo que demuestra que hay avances significativos en el nuevo Sistema de Fiscalización y la capacitación a servidores públicos funciona.

Sin embargo, indicó, “es importante la revisión de algunos conceptos legales para sancionar las conductas irregulares detectadas en las auditorías”.

Como ejemplo mencionó que el 62 por ciento de los expedientes que la ASE integró y fueron resueltos por el TEJA sin responsabilidad, eran casos señalados dentro de las auditorías por “contratación indebida”.

Detalló que se encontraron como funcionarios de las administraciones municipales a familiares de los miembros del Ayuntamiento, lo cual prohíbe el Código Municipal; sin embargo, a la hora de resolver, el criterio del Tribunal fue que el término “funcionario” no está definido dentro de la Ley y por lo tanto la conducta no encuadra en una falta.

Acosta Félix agregó que en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021 se sugirió al Congreso del Estado gestionar ante el Legislativo Federal revisar la Ley General de Responsabilidades y, en su caso, reformar, modificar o derogar ese tipo de conceptos que impiden que algunas conductas irregulares sean tratadas como tales.

En la reunión estuvieron presentes todos los miembros de la Comisión presidida por la diputada Leticia Ortega.

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán expedirse de forma inmediata o más tarde dentro de las 4 horas de los hechos, se solicitó dentro de la Diputación Permanente, a través de una iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

Georgina Zapata Lucero fue la iniciadora de esta propuesta de decreto, al que se sumaron y felicitaron la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, del grupo parlamentario de Morena y la diputada Rosa Isela Martínez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El proyecto de cambio establece que las órdenes de protección de naturaleza civil también tendrán una duración de hasta 60 días naturales, prorrogables por 30 días naturales más o el tiempo que dure la investigación.

Entre las novedades de la propuesta de modificación, Zapata Lucero destacó que, a ninguna mujer en situación de violencia, que solicite orden de protección se le pedirá acreditar su situación migratoria, ni cualquier otro elemento que impida su derecho al acceso a la justicia y protección.

Para la emisión de las órdenes, expone tomar en consideración los hechos relatados por la niña, adolescente o mujer; las peticiones explícitas, atender el principio del interés superior de la niñez, la persistencia del riesgo y la manifestación de actos previos al hecho denunciado.

La reforma incluye que durante los primeros seis días de la implementación de las órdenes, es obligación de la autoridad mantener contacto con las víctimas cada 24 horas. Y será a partir del séptimo día que deberá establecer un plan de seguimiento personalizado que valore el riesgo y avance de la investigación.

“No se necesita un orden para cada medida, una sola orden de protección podrá concentrar el número de medidas necesarias”, comunicó Zapata Lucero.

En caso de que la persona agresora pertenezca a cuerpos policiacos, militares o de seguridad en corporaciones públicas o privadas, se solicitará a su superior jerárquico, el retiro del arma de cargo o de cualquier otra que tenga registrada.

La propuesta fue turnada a Comisiones para su análisis, revisión y en su caso, aprobación por quienes integran el Congreso del Estado.

“Es un tema que tenemos que robustecer, buscar cómo tener los mecanismos para que la autoridad y víctima se sientan respaldados. Y que vengan a completar la realidad que vivimos”, comentó la diputada.