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La “Ley 3 de 3” que imposibilita a quienes ejercen cualquier tipo de violencia de género para ocupar cargos públicos, es un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, dijo Marta González Rentería, coordinadora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua.

González Rentería advirtió que ahora se deberá trabajar para que la ley se implemente y se respete.

“Depende de las mujeres que conocen la importancia de garantizar la justicia, de velar porque esto no se convierta en una ley muerta. Debemos estar pendientes no solo del tema electoral, sino de los funcionarios”, expresó.

Agregó que las leyes proporcionan herramientas para poder manifestar y denunciar a quienes ostentan un cargo público y tienen una sentencia por violencia, o que son deudores de pensión alimenticia.

Chihuahua es la entidad número 14 en aprobar la reforma constitucional y solo restarían tres entidades más para que entre en vigor.

Previamente habían aprobado la iniciativa: Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Tabasco, Colima, Coahuila, Morelos, Tlaxcala y Baja California Sur.

“México está dando un paso para garantizar el acceso de la justicia a las mujeres con esto que está sucediendo”, indicó la coordinadora.

La iniciativa reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución, para suspender los derechos políticos de aquellas personas deudoras de pensión alimenticia, acosadores sexuales y agresores familiares.

Es conocida como “Ley 3 de 3”, por ser una reforma transversal y que actúa en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal y, en los 3 poderes: judicial, legislativo y ejecutivo.

El Congreso de Chihuahua se sumó a la aprobación de los proyectos de decreto de Reforma Constitucional enviadas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de la denominada “Ley 3 de 3” para avanzar en la erradicación y sanción de cualquier tipo de modalidad de violencia en razón de género.

La reforma plantea la suspensión de derechos a violentadores o deudores alimenticios para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.

El otro proyecto de reforma constitucional también aprobado fue el relativo a la disminución de la edad mínima para ser diputado o diputada (de 21 a 18), así como titular de la Secretaría de Estado (de 30 a 25).

La iniciativa votada a favor por 28 diputados locales, es conocida como “Ley 3 de 3”, por ser una reforma transversal y que actúa en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal y, en los 3 poderes: judicial, legislativo y ejecutivo.

La reforma consiste en una adición a la fracción VII al artículo 38 de la Constitución Política para establecer la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipo; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

La diputada Adriana Terrazas Porras, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dijo que la reforma es importante para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género, así como para otorgar certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de personas agresoras.

Destacó que se pone fin a la recontratación de violentadores que muchas veces son despedidos de un área por ejercer violencia, pero son recontratados en otra y siguen actuando incluso desde una posición de poder.

“Por nosotras, por las mujeres, ningún agresor más en el poder”, expresó Terrazas Porras.

La diputada Jael Argüelles Díaz, en representación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentó la minuta relativa a establecer como edad mínima para ser diputado los 18 años cumplidos al día de la elección, con una reforma al artículo 55.

Además, se establece que, para ser Secretario de Estado se deberá tener, como mínimo, 25 años de edad. Para ello se reformó el artículo 91 de la Constitución.

Para que la Constitución Mexicana pueda ser adicionada o reformada, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Previo a la votación las legisladoras emitieron voto razonado a favor: por el Partido Acción Nacional Margarita Blackaller sobre el compromiso de su partido con las mujeres; Ivonne Salazar por el Revolucionario Institucional y quien pidió unanimidad en la votación; Rosana Díaz por Morena que habló de la trascendencia histórica de la reforma y Jael Arguelles por el PT quién pidió congruencia, coherencia y sororidad.

Sergio Aldibar De la O. Tarín, ganó la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 2023 que entregan los tres poderes del estado, con el trabajo titulado “Tengo hambre”, registrado bajo el pseudónimo “Chabochi”.

El profesor Sergio Aldibar pertenece al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

La Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, que preside el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado el fallo de los jurados calificadores del Reconocimiento Medalla Chihuahua al Mérito Educativo en su Edición 2023.

De la O. Tarín ganó el premio luego de que el jurado consideró que la expresión de las actividades fluye con humildad e intención de comunicar una necesidad básica que coexiste con el derecho a la educación de los habitantes de la región serrana.

También se consideró que las acciones que se describen se derivan de una claridad sobre las necesidades de los estudiantes y se narran con sencillez y orientados a servir.

En la categoría por equipo, el ganador fue el trabajo titulado: “Aula bilingüe”, registrado con el pseudónimo “Somos Potros”, cuyos autoras son: Zulma Cecilia Herrera Mares, Karla Verónica Ramírez Lozoya, Evelin Aimé Meléndez Uranga, Rosalba Vázquez Rivas y Paola Sabinne Tarango Rosales, así como el licenciado Jesús Oswaldo Bejarano Aguirre.

El premio por categoría consistió en una medalla y la cantidad de 88 mil 800 pesos.

“Hoy expreso nuestro más sentido reconocimiento; es un honor trabajar con los tres poderes para entregar esta medalla a docentes que tienen la vocación a flor de piel para mejorar las necesidades que existen en las escuelas. De todos los laureles que merecen los docentes, el más sentido es el que entregan los alumnos”, dijo la secretaria de Educación y Deporte, Sandra Elena Gutiérrez Fierro.

El diputado Óscar Avitia Arellanes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, detalló que este certamen es único en su integración, ya que está enfocado en hacer notar la vocación de maestras y maestros del estado.

Explicó que se lleva a cabo a través de la recepción de trabajos que contienen proyectos innovadores, inéditos, comprobados y con evidencias de su aplicación y efectividad en las aulas, en los distintos campos y estrategias educativas.

Con la finalidad de conocer los resultados del operativo realizado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 1 de Aquiles Serdán, el diputado de Morena, Óscar Castrejón Rivas, presentó un exhorto.

El también presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado recordó que el pasado 11 de mayo se realizó un operativo para la destrucción de objetos prohibidos.

Aseguró que la destrucción de esa evidencia constituye también un delito.

“La evidencia que prueba el delito no podía ser destruida; quién la destruye, por ende, se vuelve cómplice encubridor de quien cometió el delito, ¿Qué ha sucedido con la investigación?” cuestionó el legislador.

Sostuvo que estos hechos resultan fáciles de investigar, ya que el Cereso número uno cuenta con cámaras en su interior y exterior que permiten saber quién dejó entrar objetos prohibidos. Sin embargo, al día de hoy se tienen cero resultados.

“En materia de seguridad debemos cultivar la “cero impunidad” y a 93 días de esos hechos los chihuahuenses estamos ausentes de toda información del Gobierno del Estado sobre el tema en cuestión”, manifestó el legislador.