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Los cambios que anunció hoy la gobernadora María Eugenia Campos, respecto al titular de la Fiscalía General del Estado Roberto Fierro Duarte, llegaron tarde, expresó el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

“Era impostergable e indebidamente la gobernadora lo retardó hasta último momento”, indicó el diputado.

Señaló que desde los hechos de agosto del 2022, era necesaria una investigación profunda, así como de la dirección de los centros penitenciarios, que se sumaron a lo sucedido el 1 de enero de este año.

El coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles, señaló que, mientras los penales de Chihuahua tienen una sobrepoblación del 20%, en los federales hay más de 9 mil espacios vacantes.

En un documento presentado ante la Diputación Permanente, el panista mencionó que los 14 centros penitenciarios federales tienen espacio para 28 mil 520 personas, pero albergan solo a 18 mil 855.

Mientras, los centros de reclusión de Chihuahua tiene 7 mil 386 espacios en conjunto, pero alojan a 8 mil 901 personas privadas de la libertad.

Es decir, añadió, que tienen las cárceles del estado mil 151 personas más de lo disponible, lo que representa una sobrepoblación del 20.52%.

Por lo tanto, la Federación debe hacerse cargo de los internos por delitos del fuero federal, que en Chihuahua son 873 corresponden al fuero federal, indicó.

Mientras que los reclusorios del país albergan a 29 mil 538 personas acusadas o sentenciadas de delitos del fuero federal, en las cárceles federales hay 9 mil 665 espacios vacantes, añadió.

“La federación ahorra recursos y desperdicia espacios penitenciarios que bien pudieran ser ocupados por personas vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, que desestabilizan las cárceles estatales”, comentó.

Sin mencionarlo por su nombre, Vázquez Robles cargó contra el delegado de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos Loera, por las críticas que este hizo al gobierno del estado por los sucesos del 1 de enero en el Cereso 3 de Juárez, cuando se fugaron 30 internos y 17 personas fueron asesinadas.

“Critican a las autoridades estatales por los actos que desequilibran los centros penitenciarios y las ciudades donde se ubican, cometidos por presos que debieron estar purgando sus condenas en cárceles federales”, destacó el diputado.

Congreso de la Unión debe regularizar la forma y la temporalidad de los traslados de personas privadas de su libertad hacia otros penales de la República, demandó el diputado.

En una iniciativa de punto de acuerdo, el panista señaló que el Comité Técnico debe realizar un diagnóstico dichas personas tomando en cuenta delito y peligrosidad de que se trate, de manera permanente.

Queda claro que, tras los sucesos del 11 de agosto del 2022 y del 1 de enero del 2023 se hace necesaria una reforma a fondo de todo el marco jurídico que regula la operación de las cárceles en el país.

Es necesario realizar una reforma que busque vincular a la autoridad nacional, “al cumplimiento de una revisión constante y sistemática de los niveles de peligrosidad de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas”.

Detalló que las instancias obligadas del tema son la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal y al titular del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Por unanimidad, la Diputación Permanente del Congreso del Estado hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado a que haga un análisis sobre las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que puedan representar un riego para los centros penitenciarios de la entidad.

En su exhorto, el Congreso pidió que las acciones se hagan realizadas de manera coordinada entre las autoridades estatales y federales, ya que esa coordinación “rindió frutos” con la pronta ubicación de uno de los principales fugitivos del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez.

La iniciativa, que luego fue aprobada por unanimidad, incluye la petición a los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Judicial, a instalar mesas de trabajo para “fortalecer el trabajo institucional a favor de la seguridad pública en la entidad”.

“Es tiempo de sumar esfuerzos y voluntades para dar los resultados que todos esperamos”, expresó el diputado Edgar Piñón (PRI), autor de la iniciativa.

El tema de la masacre y fuga de reos ocurrida el primero de enero de 2023 en el Cereso 3 generó discusiones, intercambio de datos y hasta un recuento de hechos sangrientos ocurridos en los últimos 30 años en las cárceles de Chihuahua, el Congreso del Estado.

No hacen falta más normas, sino acciones, dijo el diputado juarense Gustavo de la Rosa Hickerson (Morena), quien propuso que primero se atienda a las 10 viudas de los custodios asesinados y a los 40 hijos que quedaron huérfanos.

“Tenemos que plantearles soluciones de justicia y reparación del daño”, agregó.

El legislador juarense cuestionó que hasta este momento no se haya tomado otra acción que destituir al director del penal.

“Tengo una certeza: el director del Cereso ni siquiera podía entrar; la mitad del Cereso lo controlan los Mexicles y la otra mitad, los Aztecas”, dijo.

Oscar Castrejón, diputado por Morena y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cuestionó que, hasta este lunes 9 de enero, no había ningún detenido y nadie, salvo el director del penal, ha dejado el cargo que tenía.

En su turno en el uso de la palabra, recordó hechos similares, como la fuga de reos de la Penitenciaría del Estado en 1990, el motín en el Cereso de San Guillermo, en 1996 y la fuga del mismo penal en el 2021.

En todos esos casos, agregó, la autoridad se hizo presente y hubo servidores públicos sancionados.

El priista Piñón abundó en su iniciativa que la situación por la que pasa el estado “no debe hacer que impere el pesimismo y menos que se genere discordia entre las fuerzas políticas”.

“Así como entre los órdenes de gobierno, por el contrario, deben dar la pauta para fortalecer el diálogo, así como los mecanismos de coordinación que permitan brindar la paz y seguridad que la ciudadanía desea y merece; culminó.

Los 900 millones de pesos que proyectó el Gobierno del Estado para la construcción de la Torre Centinela quedaron en firme, luego de que la Diputación Permanente desechara una propuesta de canalizar esos recursos al transporte público de Juárez.

El diputado Oscar Castrejón Rivas (Morena) presentó al Legislativo permanente el proyecto de reformar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el año 2023 para destinar que los 900 millones de pesos programados para la construcción de la Torre Centinela se apliquen en transporte.

La propuesta del diputado morenista consistía en usar ese dinero en la compra de 350 unidades de transporte colectivo para incrementar el servicio de las rutas alimentadoras, con 175 unidades para Ciudad Chihuahua y 175 para Ciudad Juárez.

“El servicio de transporte público, sobre todo las rutas alimentadoras tanto en Ciudad Chihuahua como en Juárez, es pésimo” expuso el diputado

Muchas de las unidades de transporte público de ambas ciudades se encuentran en malas, descuidadas y sucias condiciones y son insalubres, añadió Castrejón.

Dijo además que, con esas condiciones de servicio, no se justifica incrementar la tarifa, de 7 a 9 pesos.

Por mayoría de votos, la Permanente desecho dicha propuesta, por considerar que la partida destinada a la Torre Centinela ya quedó aprobada en el Paquete Económico del Gobierno del Estado para el 2023.

La diputada Karla Rivas, del PAN, dijo que el proyecto del diputado Castrejón no estaba apoyado en un estudio de movilidad urbana de cada una de las ciudades.

A su vez, la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, elogió la iniciativa de su compañero de grupo parlamentario, pero consideró que el presupuesto ya está aprobado y próximo a entrar en vigor.