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El proyecto para utilizar la telefonía celular activada en el estado para emitir fichas de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas ya entró en una segunda etapa, dio a conocer la diputada local, María Antonieta Pérez Reyes, impulsora de la iniciativa.

Agregó que el siguiente paso es trabajar con las empresas de telefonía y con la Fiscalía General del Estado (FGE) para definir cómo es que se operará esta herramienta tecnológica.

La estrategia, continuó, será un medio eficaz de difusión que contribuirá a la búsqueda, localización y recuperación de menores y adultos desaparecidos, ya que este sistema aprovechará la red de casi 3 millones de teléfonos móviles registrados en el estado de Chihuahua.

“Entramos en la segunda etapa del proceso, en la cual todos los chihuahuenses, a través de los 2.9 millones de celulares activos en el estado, podremos recibir en tiempo y forma la información sobre personas reportadas como desaparecidas o no localizadas”, declaró.

La legisladora mencionó que durante las reuniones de la Subcomisión de Seguridad del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Nancy Frías y de la cual forma parte, junto con la FGE y la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SSPE), se anunció la integración de organizaciones civiles, como Nuestras Hijas y Madres Buscadoras.

“Estas mujeres me han acompañado desde el inicio como promotoras de esta iniciativa que presentamos en tribuna”, dijo.

El decreto para la operación de alertas a través de teléfonos móviles en casos de personas desaparecidas fue aprobado y publicado por el Congreso el pasado 21 de mayo.

Otros funcionarios que han participado en la implementación del proyecto incluyen a Miriam Antillón de Sipinna Chihuahua; Lourdes Alarcón, del colectivo Madres Buscadoras Chihuahua; además de Nohemí Bencomo, de Justicia para Nuestras Hijas A.C.

Adicionalmente, acudieron Víctor A. Hinojos Paredes, de la Comisión Local de Búsqueda de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, y Eduardo Cervantes, también de esa instancia.

Pérez Reyes indicó que se espera que el sistema de alertas para personas ausentes a través de mensajes SMS en teléfonos móviles sea una realidad en un plazo estimado de cuatro a cinco meses.

El objetivo de la estrategia, explicó la FGE, es que los ciudadanos reciban un mensaje con la alerta y un enlace que les permita consultar en detalle la ficha oficial con la información de la persona reportada como desaparecida para que apoyen en su localización.

Desde hace dos años, el Congreso del Estado de Chihuahua intentó reformar la legislación federal para reducir la carga de trabajo a médicos internistas y establecer períodos de descanso obligatorio después de cubrir jornadas de 24 horas o más en servicio.

Fue en mayo de 2023 cuando se aprobó por unanimidad un punto dea cuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a que reformar la legislación general en materia de salud para garantizar a los profesionales de la medicina del sector público contar con períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos.

La iniciativa proponía que la permanencia en la Unidad Médica Receptora de Residentes podrá ser máximo de 24 horas consecutivas, incluyendo las guardias, y que no podía haber más de dos jornadas de trabajo de esa duración por semana.

Además, quienes permanecieran en una guardia de 24 horas continuas, debían gozar de tres días de descanso, de manera inmediata.

La propuesta no ha tenido eco en el legislativo federal, pero ha cobrado relevancia a raíz de la muerte del médico chihuahuense Luis Abraham Reyes Vázquez, presuntamente a causa de la sobreexplotación laboral a la que fue expuesto en la clínica 25 del IMSS en el estado de Nuevo León.

A raíz de ese suceso, surgieron en redes sociales numerosos testimonios de médicos que denuncian jornadas de hasta 36 horas continuas y que no reciben permiso para comer, sentarse o, incluso, tomar un elevador dentro de la clínica donde prestan sus servicios.

La diputada Jael Argüelles (Morena), secretaria de la Comisión de Salud, advirtió que las pesadas jornadas laborales repercuten en la atención que recibe el paciente, porque la velocidad de reacción de un profesional que lleva más de 24 horas trabajando, sin descanso y sin comida, ya no es la misma, “no tienen la misma condición motora”.

Sin embargo, dos años después de que el Poder Legislativo de Chihuahua solicitara modificar la ley para evitar esas jornadas agobiantes, la situación sigue igual y ya ha causado la muerte de un joven médico chihuahuense.

El diputado juarense Pedro Torres Estrada (Morena), denunció desde la tribuna del Congreso del Estado el despojo ilegal de agua perpetrado por el exgobernador César Duarte Jáquez, por la construcción de una presa, varias represas y un pozo en su propiedad conocida como El Saucito.

El legislador aseguró que esas obras las realizó sin la autorización obligada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y en medio de una crisis hídrica que afecta al 98.6 % del territorio estatal.

“El exgobernador se robó el agua del pueblo para llenar sus represas privadas, mientras miles de familias enfrentaban los estragos de la sequía. Eso es corrupción en su forma más descarada y no puede quedar impune”, señaló el legislador.

Torres Estrada presentó datos sobre la magnitud de la emergencia hídrica que vive Chihuahua: la producción de frijol reducida al 5 %, las presas como La Boquilla por debajo del 15 % de su capacidad y una disminución del hato ganadero de más del 30 %.

El legislador recordó que, tras la exposición pública de las obras ilegales en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició en abril la demolición de las estructuras hidráulicas construidas por Duarte Jáquez sin permisos.

Sin embargo, una suspensión provisional concedida por la jueza federal Madhay Soto Morales, detuvo los trabajos en menos de 24 horas.

Torres Estrada criticó que, a pesar de que Duarte fue extraditado desde Estados Unidos en 2022 y enfrenta múltiples procesos por peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, permanezca libre y sin restricciones judiciales visibles. Calificó esta situación como una “burla a la justicia”.

Asimismo, advirtió que la jueza Soto Morales ya ha sido señalada en otras decisiones controversiales, como la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua.

“El agua no es un lujo, no es un negocio. Es un derecho humano. Si no defendemos la vida desde este Congreso, ¿entonces para qué estamos aquí?”, cuestionó el legislador.

Finalmente, Pedro Torres presentó una proposición con carácter de acuerdo, en la que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de la jueza Soto Morales en el amparo 1183/2025-IX, por presunta extralimitación en la interpretación de la ley, y a imponer sanciones en caso de confirmarse irregularidades.

El Congreso de Chihuahua aprobó por mayoría de votos la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en materia de jubilación y retiro anticipado de jueces y magistrados.

La modificación fue al Artículo Segundo Transitorio, fracción I, del Decreto LXVIII/RFLEY/0189/2025 III P.E., se informó a través de un comunicado de prensa.

La reforma está dirigida a las personas que debían de retirarse del cargo antes de concluir su periodo por haber declinado o manifestado su interés a no participar en el proceso de elección, y que pudieran acceder a una pensión o jubilación, se indció.

La adecuación presentada por la Comisión de Justicia, a través de la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera, permite que las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Pensiones Civiles del Estado y demás leyes relacionadas, soliciten su pensión o jubilación, finiquitándose su relación laboral con las prestaciones laborales que les correspondan, según sea el caso.

Titulares de Magistratura y juzgados de primera instancia que se encuentren en el supuesto referido, accederán a manera de pensión complementaria al cincuenta por ciento de la compensación que percibían como activos hasta su fallecimiento, la cual tendrá un incremento anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se informó.

Además, los juzgadores o sus beneficiarios que se encuentren disfrutando de una pensión o jubilación, así como aquellos que a más tardar el 31 de agosto de 2025 reúnan los requisitos para obtenerla, podrán gozar de los beneficios contenidos en los artículos 29 y 30 en su texto vigente antes de la presente reforma; los cuales no se verán afectados por la entrada en vigor de este Decreto. Sin embargo, podrán acogerse a los beneficios que éste les otorgue, añade el comunicado.

Dentro de los transitorios se estableció que las magistradas, magistrados, juezas y jueces de primera instancia, que cumplan con los requisitos que establece la Ley de Pensiones Civiles del Estado para acceder a una pensión o jubilación, ya sea que se encuentren en proceso de retiro o que presenten su solicitud de pensión o jubilación antes del primero de septiembre del 2025, serán acreedores a los beneficios del Decreto, con independencia de la fecha en que hayan presentado su solicitud, especifica el reporte.

Finalmente, la reforma plantea que las pensiones y jubilaciones que reciban las personas integrantes del Poder Judicial del Estado o sus beneficiarios familiares, ya en retiro o que se otorguen en los términos del Decreto LXVIII/RFLEY/0189/2025 III P.E. y del presente, constituyen derechos adquiridos, y en consecuencia no podrán ser afectadas por ninguna resolución o disposición normativa que se expida con posterioridad a su otorgamiento.