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El hecho de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván no hiciera uso de la tribuna limitó la participación de las bancadas durante la ceremonia de entrega del Primer Informe de Gobierno, afirmó Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del grupo parlamentario de Morena.

La ausencia de un posicionamiento oficial del Ejecutivo evitó que los grupos legislativos hicieran el propio y, ante esa condición, la bancada de Morena se manifestó durante la ceremonia efectuada el 1 de marzo en el recinto parlamentario del Congreso del Estado, dijo.

Estrada especificó que, por mandato constitucional, las bancadas no pueden ejercer su derecho a opinar en caso de que el mandatario no haga uso de la tribuna.

“Esa fue una de las razones por las cuales la forma de manifestación fue gráfica, a través de las lonas, con los temas que nosotros consideramos han sido trascendentes en esta cuarta parte de su mandato”, dijo.

El grupo parlamentario morenista está revisando las acciones efectuadas por el Ejecutivo dentro del primer año de gestión, y aunado a ello, se analiza el informe a detalle, para pronunciarse posteriormente sobre ese tema.

Para ello, dijo, se convocará a rueda de prensa para exponer lo que se planteó dentro del primer año de ejercicio de Maru Campos.

“Yo pienso que no hicieron uso de la tribuna para que las fuerzas políticas no pudieran emitir una postura, en especial nosotros”.

“Lo digo con respeto, conoceríamos la postura de PRI, PAN, PT y Movimiento Ciudadano. Me parece que lo que se trató de evitar fue que se demostrara nuestra postura, pero no va a resultar”, recalcó.

Estrada Sotelo señaló que “lamentablemente”, entre de las acciones que se atribuyó el Ejecutivo, estuvo la Consulta Popular a los Pueblos y Comunidades Indígenas, cuando fue el Congreso del Estado quien la llevó a cabo, con una inversión de 3 millones de pesos.

Dicha gestión que derivó de una acción de inconstitucionalidad que resuelve la corte; por lo que se tiene que cambiar el hecho de dar informes por dar informes, enfatizó el coordinador parlamentario de Morena.

Por otra parte, el congresista fue cuestionado sobre la invitación al acto público de la presentación del Primer Informe de Gobierno, ante lo que respondió que fue invitado pero declinó asistir ya que ejercerá su derecho es no acudir, porque su participación como diputado debe de ser en tribuna.

Cualquier espacio público es un espacio político, fue la respuesta de la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, al ser cuestionada sobre un acercamiento entre la secretaria general de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Georgina Bujanda y el canciller Marcelo Ebrard.

Sin embargo, agregó la diputada, debe guardarse la institucionalidad.

“La exdiputada y secretaria general de la UACH es una persona muy capaz, una mujer política, por lo que ante las preferencias que pueda tener debe de priorizarse la institucionalidad”, señaló Terrazas Porras.

La diputada se refirió a la participación de Georgina Bujanda dentro del Congreso para la Internacionalización de Municipios Mexicanos que se llevó a cabo en el estado de California.

Sin embargo, dijo desconocer el contexto en el que se llevó a cabo este congreso, pero cada quien en lo personal puede tener determinadas preferencias por los partidos.

La actividad ha sido motivo de críticas en redes sociales, tras ser publicado por parte de la misma institución educativa.

Según la versión oficial de la UACH, el congreso busca generar espacios de colaboración entre diversos actores relevantes del ecosistema económico de California y gobiernos locales mexicanos, con el objetivo de concretar oportunidades que otros países ofrecen a México.

Este evento fue organizado por la Coordinación Política de la Cancillería Mexicana.

Georgina Bujanda fue electa como diputada por el décimo segundo distrito electoral con sede en el municipio de Chihuahua en dos ocasiones: para la 66ª y para la 67ª Legislatura, actualmente en curso.

En la actual legislatura, fungió como presidenta en el primer Periodo Ordinario,  además como secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Pública.

De forma paulatina deben desaparecer las casetas de peaje para que las carreteras cumplan con un libre tránsito en todo el estado, es lo que considera la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, tras señalar lo que se debería tener como meta para esas vías de comunicación.

“Todas las casetas en la república mexicana representan una acción que los gobiernos neoliberales ha venido generando, es decir, la privatización de facto de las carreteras y sus mantenimientos” declaró la congresista, quien dijo que es un derecho fundamental que se reactive el libre tránsito en el país.

Ortega Máynez tocó el tema del incremento de las carreteras, poniendo como ejemplo el tramo carretero de Chihuahua a Juárez, donde dijo que se tiene que trasparentar la captación y corroborar que lo recabado en las casetas de peaje se destina realmente a la rehabilitación y mejora carretera, ya que son muy pocos los tramos y la carretera no tiene mejoras. En este tramo, explicó, es un trayecto corto y son muy pocos los kilómetros a los que se da mantenimiento. Sumado a que esto representa un gran desembolso para los ciudadanos.

Cabe recordar que en el 2023 se incrementaron las tarifas de las autopistas de cuota federal luego de un año sin realizarse cambios, el incremento fue de un 7.82 por ciento, tomando en cuenta la inflación ocurrida en el curso del año. Este incremento tendrá vigencia a partir del primer día marzo del 2023 y se estimó de acuerdo con la inflación del periodo diciembre de 2021 a diciembre 2022.

Pese a que no se han dado a conocer las cifras oficiales, con un estimado la caseta a Villa Ahumada que tiene un costo de 104 pesos la motocicleta y 209 el automóvil con el incremento quedarían con 112 pesos y 225 pesos respectivamente. Mientras que las casetas de Camargo y Jiménez que tienen un costo de 39 pesos para las motocicletas y 79 para los automóviles incrementarán a 42 pesos y 85 pesos respectivamente.

Mientras que la caseta Sacramento que tiene un costo de 53 para las motocicletas y 107 para los automotores incrementará cuatro pesos en el caso de las motocicletas con lo que llegará a costar 61 pesos y los vehículos tendrá que pagar 115 pesos.

La caseta de Cuauhtémoc cuesta actualmente 128 pesos incrementará a 138 pesos por vehículo, mientras que las motocicletas de 63 pesos pagarán 67.

Para las finanzas públicas del país, llevaría 17 años en recuperar el saldo máximo del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) alcanzado en el 2018, que ascendió a 279 mil 770 millones de pesos, proyectó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), de acuerdo con Proceso.

Lo anterior, acotó, asumiendo que no se presentaran crisis económicas y que sólo percibieran ingresos por excedentes de la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que es necesario revisar el destino de este tipo de ingresos.

El FEIP, agregó la revista en su sitio digital, es un fondo de estabilización que tiene como propósito reducir los efectos adversos en las finanzas públicas por disminuciones de los ingresos públicos, ya sea por caídas abruptas en los precios petroleros o por la baja recaudación.

“La mayor acumulación de estos recursos fue en el periodo de 2016 a 2018. Sin embargo, desde 2019 y posteriormente, ante la crisis económica y sanitaria, sus recursos se utilizaron para solventar la caída en los ingresos públicos de esos años”, añadió Proceso.

Al cierre del 2022, el saldo de dicho fondo fue de 25 mil 978 millones de pesos.

“Pese a que el gasto fue menor que los ingresos y que las reservas están cubiertas, los recursos del FEIP no han recuperado los montos que permitieron enfrentar la crisis de la covid-19” señaló el CIEP en su reporte titulado “Los fondos de estabilización en México: Evolución de los recursos del FEIP”.

El 4 de noviembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) con el objetivo de fortalecer el FEIP a través de dos nuevos mecanismos.

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