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Corrupción

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) por pagos indebidos realizados a la empresa Seguridad Privada S.A. de C.V. (Seguritech), correspondientes al contrato para la construcción de la Plataforma Centinela, cuya ejecución aún se encuentra en curso.

El titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, detalló que la denuncia se sustenta en el uso de documentación falsa o alterada para justificar pagos a la empresa por trabajos que, al momento de cobrarse, aún no se habían realizado y que, por tanto, no debieron pagarse.

La falta habría sido cometida tanto por personal de la empresa como por funcionarios del Gobierno del Estado que facilitaron el trámite de cobro, a sabiendas de que las obras pagadas no se habían ejecutado.

“Son contratos de bienes que no se han entregado, pero que ya se pagaron”, explicó el auditor.

El hecho presuntamente ilícito forma parte de la auditoría practicada por la ASE a la totalidad del contrato otorgado a Seguritech, el cual incluye la instalación, equipamiento y puesta en operación de la Plataforma Centinela, sistema de seguridad pública impulsado por la actual administración estatal.

Asimismo, el contrato contempla la construcción de la Torre Centinela, un edificio de 20 pisos ubicado en el centro de Ciudad Juárez, que albergará tanto el sistema del mismo nombre como las operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El pago indebido y la denuncia que de éste forman parte de la revisión integral de la ejecución del proyecto, cuyos resultados fueron presentados ayer, 28 de enero, ante integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

De acuerdo con lo expuesto por la ASE, las irregularidades y retrasos detectados ascienden a alrededor de 98.4 millones de pesos, monto que —aclaró Acosta Félix— se encuentra garantizado, ya que corresponde a pagos que han sido retenidos a la empresa y que se descontarán del costo final de la obra.

Además de la sanción económica, la denuncia presentada ante la FACH podría derivar en responsabilidades penales, en caso de comprobarse que Seguritech recibió pagos por trabajos que aún no había realizado.

Al respecto, el auditor aclaró que la empresa contratada pudo haber entregado posteriormente las obras pagadas; sin embargo, el hecho de haberlas cobrado antes de su conclusión mediante documentación falsa o alterada constituye un posible delito, y no solo una falta administrativa.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAECH), Abelardo Valenzuela Holguín, llamó en el Senado de la República a construir una agenda legislativa común que permita enfrentar la corrupción como un problema “estructural, nacional e internacional”.

Ante senadores y funcionarios federales, el fiscal de Chihuahua advirtió sobre los rezagos que persisten en México en materia de autonomía de fiscalías y marcos legales.

Durante un encuentro legislativo convocado por el senador Francisco Daniel Barreda Pavón (Movimiento Ciudadano), presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, el funcionario chihuahuense planteó la necesidad de organizar un foro nacional que reúna a las y los fiscales anticorrupción de los estados, especialistas y representantes de la sociedad civil, con el fin de compartir experiencias y buenas prácticas.

Valenzuela advirtió que la corrupción “no solo debilita a las instituciones, sino que hiere de muerte la confianza ciudadana, obstaculiza el desarrollo y perpetúa la desigualdad”.

En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de consolidar un sistema nacional anticorrupción “sólido, autónomo y eficaz, que no dependa de voluntades particulares, sino de instituciones firmes y permanentes”.

La propuesta, que ya había sido presentada en la Cámara de Diputados el pasado 2 de julio, incluye dotar de mayor autonomía a las fiscalías anticorrupción del país, homologar los delitos relacionados con hechos de corrupción y ampliar sus facultades en materia de delitos financieros y extinción de dominio.

“Es indispensable articular la coordinación legislativa entre el Congreso de la Unión y los congresos estatales para impulsar reformas estructurales y dar seguimiento puntual al funcionamiento del sistema anticorrupción”, señaló el fiscal.

En el encuentro también participaron el presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y fiscal de Guanajuato, Marco Antonio Medina Torres; el secretario técnico de la CONAFA y director de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Diego Alejandro Cárdenas Luján; así como el senador Barreda Pavón, quien refrendó su respaldo a la iniciativa.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAC) y el Poder Judicial firmaron un convenio de colaboración académica para profesionalizar a los servidores públicos que operan en el sistema de procuración e impartición de justicia.

El objetivo es fortalecer la lucha contra la corrupción y elevar la calidad del trabajo jurídico en la entidad, informó la FAC, en un comunicado de prensa.

El acuerdo fue suscrito por el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, quienes coincidieron en la importancia de capacitar de manera continua al personal encargado de integrar carpetas de investigación, procesar casos y dictar resoluciones judiciales en materia de hechos de corrupción.

Entre las acciones previstas en el convenio se incluyen:

  • Organización de capacitaciones, diplomados, conferencias, coloquios y seminarios sobre temas jurídicos clave
  • ⁠Intercambio de publicaciones, criterios académicos y buenas prácticas

-Uso compartido de instalaciones con fines formativos

  • Diseño de convenios específicos con metas y calendario de trabajo

Durante su intervención, el fiscal Valenzuela subrayó que el acuerdo responde a una exigencia social clara, que es la de dar resultados efectivos en el combate a la corrupción.

“Este convenio refrenda la convicción de mejorar las capacidades técnicas y jurídicas del personal de la Fiscalía Anticorrupción, especialmente en un contexto donde la ciudadanía exige acciones contundentes y resultados efectivos”, expresó.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la magistrada Hernández Acosta al frente del Poder Judicial, al considerar que ha promovido una visión institucional sólida y comprometida con la legalidad.

Por su parte, las autoridades judiciales destacaron que el convenio representa un esfuerzo por consolidar una justicia más ágil, profesional y cercana a la ciudadanía, mediante la colaboración interinstitucional.

“Con estas acciones, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción sellan un compromiso conjunto por la profesionalización y el acceso al conocimiento, en favor de una justicia más eficiente y transparente”, concluyó Valenzuela.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó el tema de las extradiciones de narcotraficantes hacia los Estados Unidos para criticar al Poder Judicial del país.

“La corrupción del poder judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva”, respondió la primera mandataria durante la conferencia Mañanera del pueblo, en respuesta a la pregunta en torno al envío a Estados Unidos de 29 líder de grupos delictivos.

“Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el poder judicial”, dijo.

“Es una bendición para México, lo que vamos a vivir este año, de elegir a los jueces, magistrados y ministros y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo”, remató.

Sheinbaum Pardo respondió de esa forma a la pregunta en torno al fundamento jurídico  en el que se basó el Gobierno de México para el envío de esas personas que estaban detenidas en cárceles del país.

Sin embargo, no accedió a ahondar en el tema, ya que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública darán una conferencia de prensa donde informarán sobre el caso.

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