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Corrupción

Legisladores de oposición condenaron la actitud de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que quemaron en el Zócalo capitalino una figura alusiva a la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En redes sociales, senadores del PAN, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural responsabilizaron al Jefe del Ejecutivo de los mensajes contra la ministra.

La vicecoordinadora de la bancada del PAN, Kenia López, expresó su respaldo a Norma Piña: “Ministra, estamos contigo millones de mexicanos que no queremos a un mentecato en el gobierno. Debemos tener un Zócalo y una CDMX donde nuestra bandera brille para todos. Una bandera que refrende la justicia”.

La senadora de MC Patricia Mercado deploró las expresiones contra la presidenta de la Corte en la conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera: “La expresión de odio que sucedió ayer en el Zócalo hacia la primera mujer presidenta de la @SCJN, la ministra Norma Piña, debe marcar un límite”.

Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, acusó que los fanáticos de López Obrador toman como orden la violencia política de género y la misoginia que el presidente genera contra la ministra.

“Que @lopezobrador_ se haga cargo de las consecuencias que genera la violencia política de género y misoginia que emite todos los días contra la ministra Norma Piña. Sus fanáticos lo toman como orden”.

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN) descalificó los ataques contra de la presidenta de la Corte y exigió que el Mandatario deje de denostarla: “¡Basta de disipar el odio desde Palacio Nacional!

“¡Basta de descalificar la labor de la ministra Norma Piña! Es la presidenta de la @SCJN, una mujer íntegra con la fuerza necesaria para representar a un poder autónomo e imparcial”.

La expresidenta del Senado Olga Sánchez Cordero señaló que conoce a la ministra “desde hace 25 años, pues fue mi secretaria de estudio y cuenta en la @SCJN. Independientemente de esto, las muestras de intolerancia hacia su persona y la institución que representa son inadmisibles. La violencia nunca es la respuesta”.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que son inaceptables expresiones públicas como las del sábado. Consideraron reprobable denostar a la ministra y tratar de enviar mensajes para criticar o calificar su actuación como titular de la SCJN, por lo que recalcaron, es inadmisible atentar contra la autonomía del Poder Judicial.

La diputada federal y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, externó que el discurso de odio desde el poder debe parar antes de que suceda una desgracia. “En un país en el que a diario crece la violencia, todos, empezando por quienes gobiernan, deben convocar a la unidad y a la paz”, indicó.

Denise Dresser, politóloga y académica, señaló que se espera una condena enérgica del Presidente y destacó: “¡Basta! (…) Esto es inadmisible y debe ser condenado, en el caso de Norma Piña y siempre. La violencia verbal del presidente @lopezobrador salta de la mañanera a las redes sociales, a las calles. Construye enemigos existenciales e incita/da permiso para agredirlos”.

Katia D’Artigues, periodista y activista, dijo que quemar la imagen de cualquier persona es intolerable y refirió que el lenguaje de violencia se ha extendido por el país: “Hacemos un llamado a la serenidad y a la concordia. Súmate a este posicionamiento con una foto del México que quieres”.

Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, cuestionó: “¿A dónde hemos llegado y cuánto más permitiremos que esta polarización avance?”.

Irregularidades como licitaciones “amañadas y la subcontratación de una empresa ligada al regidor Isaac Díaz fueron denunciadas por el diputado David Oscar Castrejón Rivas, quien especificó que los actos de corrupción se dan en el programa de Instalación de Luminarias.

“La denuncia de corrupción es del municipio de Chihuahua que se está caracterizando en este tipo de actos, desde que sacó una convocatoria dirigida”, declaró Castrejón Rivas.

Entre las irregularidades que señaló fue que la licitación que tuvo un techo financiero de 285 millones de pesos; la empresa Teletec ofertó la instalación del alumbrado por 284 millones 600 mil pesos, situación que “sin lugar a dudas esta amañado esto”, dijo el congresista.

Esta licitación propuso clausulas para que solo se registrara un participante, porque se dirige a las características que tiene esta empresa; a esto se suma que la empresa que se encuentra ligada al regidor Isaac Díaz fue subcontratada por la empresa Teletec, situación que genera un conflicto de intereses.

Empresa  bloqueada por Santiago de la Peña y Héctor

A esta empresa se le dio un revés en la administración de Javier Garfio se contó con un proyecto de mil 200 millones de pesos, pero se detectó un conflicto de intereses ya que el representante de la empresa de apellido Saldaña tenía un hijo trabajando en la administración por lo que se determinó “conflicto de intereses”.

Este bloqueo lo presentó quien fungiera en aquel entonces oficial mayor, Santiago de la Peña Grajeda, y quien actualmente funge como secretario general de Gobierno en la administración de María Eugenia Campos Galván. Así como de quien fuera síndico del municipio de Chihuahua, Héctor Barraza, también con un puesto dentro del gobierno estatal.

Castrejón Rivas dijo que sería interesante que se les cuestionara ahora para conocer si tienen la misma opinión respecto al tema.

Como antecedente se recalcó que, si bien estos hechos se dieron durante la gestión de Javier Garfio, las licitaciones se concedieron cuando éste pidió licencia para aspirar a la candidatura de gobernador, situación que no le fue favorable por lo que una vez que regresó a su cargo tomó medidas.

A esta anomalía, se suma otras que trae por todo el país, en estados como Veracruz, donde en Xalapa tienen una denuncia por fraude por más de 45 mdp, por concepto de compra de luminarias. En Zitácuaro, Michoacán tiene denuncia de conflicto de intereses.

Las acciones corruptas tienen efectos directos en la salud emocional e incluso espiritual de algunas personas, pues la pérdida de confianza genera en la población “anomia social”, afirmó la Sesea en un comunicado oficial.

La corrupción, señala el organismo,  es un problema que produce daños  indirectos como la generación de inseguridad en la sociedad, la normalización de los actos de corrupción, el debilitamiento de la confianza.

La Sesea (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción) emitió una declaración por escrito en el que advierte que ese tipo de prácticas llegan a la eliminación de normas sociales, “cuyo cumplimiento es indispensable para una mejor convivencia”.

Según estudios realizados por diferentes organizaciones, la corrupción afecta de manera económica y social a la población, dice Sesea.

Es la corrupción un concepto que se describe como un estado de falta de normas y regulación social, debido a la confusión generada en los gobernados al percibir que la propia autoridad encargada de hacer cumplir la ley la transgrede, añade el organismo.

Las prácticas irregulares abonan al deterioro de los servicios y merma de la confianza de los ciudadanos en las autoridades, al sentirse defraudados por estas prácticas. 

Los actos de corrupción, continúa el documento, no están en específico en una zona o territorio, “sino que se genera en cualquier espacio, cuando se otorgan las condiciones y cuando dos o más personas están de acuerdo en realizar esta acción indebida”.

Un estado corrupto se debilita significativamente ante los ojos de la población, al no confiar en las instituciones creadas para la atención de sus necesidades.

Ante esto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción recomienda a la ciudadanía a conducirse dentro del marco legal establecido y conforme a las normas sociales aceptadas, siendo importante, además, ser exigente con la autoridad respecto al uso que se les da a los fondos públicos que pertenecen a todos.

La mínima sanción impuesta por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), Juan Pedro Santa Rosa González, da un mensaje de impunidad ante actos de corrupción, afirmó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix.

Si no se aplican las sanciones máximas que establece la ley, se está mandando un mensaje en favor de la corrupción, y en perjuicio del trabajo de auditoría y de rendición de cuentas, afirmó el titular de la ASE.

Acosta Félix se refirió así a la inhabilitación por apenas seis meses al exfuncionario de la administración del gobernador Javier Corral Jurado, por cometer actos de conflicto de interés en operaciones por 1.36 millones de pesos.

Según lo documentó la ASE en las auditorías practicadas, Santa Rosa otorgó contratos, por la suma antes mencionada, a la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, sociedad de la cual era el secretario del Consejo de Administración, lo que le valió la sanción del TEJA.

Señaló el titular de la ASE que la ley establece la penalidad máxima, que es una inhabilitación para ocupar cargos públicos de 10 a 20 años, cuando el acto irregular equivalga a 200 Unidades de Medida de Actualización (UMA´s), que sería el caso de la falta que se le atribuye al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte.

“El TEJA impuso esa penalidad mínima porque, en el acto atribuido al exfuncionario sancionado, no hubo daño o perjuicio al erario estatal”, comentó Acosta.

Sin embargo, agregó, sí hubo un beneficio y esa sería razón suficiente para aplicarle la sanción más grave.

No sería la primera vez en la que el titular de la ASE se queja de las sanciones que aplica el TEJA a los servidores públicos que cometieron actos irregulares o desvíos de recursos públicos.

Mencionó que, a la fecha, han presentado 66 denuncias, pero de estas se han derivado únicamente seis sanciones y todas con la penalidad mínima.

En cambio, por la vía penal han presentado 70 denuncias y de éstas se han generado seis sentencias condenatorias. “Parece que tenemos más éxito con la Fiscalía Anticorrupción que con el TEJA”, señaló.

En espera de que reciban la notificación del fallo, Acosta Félix adelantó que presentará un recurso de apelación. El problema agregó, es que al no existir en Chihuahua un Consejo de la Judicatura para efectos administrativos, el TEJA será quien revise la apelación contra sí misma.

“Es increíble, pero la sanción social ha sido mucho más severa que las impuestas por la autoridad administrativa”, subrayó.

Esta ligereza en las sanciones “se traduce en un mensaje de corrupción”, advirtió.

“Si la sanción no es ejemplar el mensaje que se da, de que la sanción bien vale la pena la falta”, concluyó.

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