Corte

Morena presentó una iniciativa de ley ante el pleno de la Comisión Permanente para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ganen menos que el Presidente de la República, “pues nadie trabaja más que él y su nivel de responsabilidad es mucho mayor al de cualquier funcionario del Poder Judicial y, les guste o no, tienen que ajustarse a la austeridad republicana”.

Las reformas al artículo 94 constitucional propuestas por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, establecen que:

“La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo, siempre y cuando su remuneración sea menor o igual a la de la persona titular del Poder Ejecutivo”.

Robles Gómez advierte en la exposición de motivos de su iniciativa, que hay una “renuencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por bajarse sus salarios”, lo que es una muestra más de su poco compromiso ético y moral con el pueblo de México.

“Es un acto simbólico que demuestra la conversión de la Corte en un poder al servicio del interés personal y de la oligarquía y que no responde a los intereses del pueblo.

“Los ministros de la Suprema Corte de Justicia han demostrado deshonestidad y falta de probidad, así como un actuar poco ético y bajo compromiso social al auto otorgarse amparos para dejar de ajustarse a la Constitución en un abierto conflicto de intereses”, señala.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “leguleya” la respuesta que ayer dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Secretaria de Gobernación (Segob), luego que su titular, Luisa María Alcalde solicitara información sobre los salarios de los ministros.

En conferencia de prensa, el mandatario federal calificó como un acto de corrupción y una “inmoralidad” el que los ministros del Máximo Tribunal ganen estos sueldos y a quienes reprochó no ser “Siervos de la Nación” como decía José María Morelos y Pavón.

“Era de esperarse una respuesta así, leguleya, porque es muy clara el artículo 127 de la Constitución y lo están violando los ministros de la Corte.

“Es un acto de corrupción ganar ese sueldo, es una inmoralidad en un país con tanta pobreza y más si se trata de un impartidor de justicia, no son ciervos de la Nación como decía Morelos”, dijo.

Ayer lunes, la Suprema Corte respondió a la Luisa María Alcalde, titular de Gobernación, que según el artículo 94 de la Constitución las remuneraciones de ministros, jueces, magistrados, no pueden ser disminuidas durante su encargo, y recordó que desde 2019 las percepciones en el Poder Judicial ya fueron recortadas en 25%.

Rafael Coello, secretario general de Acuerdos de la SCJN, subrayó que el Máximo Tribunal no está obligada a responder, pero lo hace para fortalecer el diálogo entre Poderes.

El presidente López Obrador pidió que se proyectara en la pantalla el artículo 127 de la Carta Magna, el cual leyó.

“Eso es clarísimo, ‘ningún servidor público, ningún servidor público, solo que los ministros de la Corte no sean servidores públicos que en sentido estricto algunos no lo son, son servidores privados (…) pueden haber excepciones de que ganan más que el presidente pero solo el 50% más”, afirmó.

El mandatario federal indicó que si su sueldo como titular del Ejecutivo Federal es de 140 mil pesos mensuales, los ministros podrían ganar 70 mil o 200 mil pesos más pero no cinco veces más.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, resolverá las impugnaciones de la oposición contra las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que otorgan el control del Tren Maya al Ejército.

Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados del PAN, PRI y PRD contra dicha ley fueron admitidas a trámite por el máximo tribunal del país y turnadas al ministro Pérez Dayán, quien fue el autor del proyecto por el que se invalidó la primera parte del plan B de la reforma electoral por irregularidades en el proceso legislativo.

Hace unas semanas, los legisladores solicitaron invalidar el decreto por el que se reforma el artículo tercero de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se adicionan un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el artículo 59 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo.

Dichas modificaciones prevén que las vías generales de comunicación y los modos de transporte asignados a la federación podrán asignarse a entidades paraestatales con vigencia indefinida, asignación que no podrá cederse ni transferirse bajo ningún título y que solo pueden ser suspendidos cuando se acredite que no son estratégicos o que no son de interés público.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el tiro de gracia a las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denominadas plan B.
Con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, una mayoría califica de nueve ministros determinó invalidar la totalidad del plan B por violaciones graves en el proceso legislativo de aprobación.

“Resulta claro, evidente que se violó el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el texto de lo que estaban votando”, señaló el ministro ponente Javier Laynez Potisek.

Al señalar que el decreto impugnado pasó por el mismo proceso legislativo que la primera parte de las reformas electorales analizadas, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que lo procedente es invalidar la segunda parte.

“Compartió los mismos vicios legislativos que este tribunal pleno ya declaró por mayoría calificada que tienen un potencial invalidante por su grave afectación al principio de democracia deliberativa, que debe regir todos los trabajos legislativos. Por lo tanto, por congruencia y también por convicción, debe pronunciarme a favor de la invalidez del decreto impugnado, por las violaciones al proceso legislativo”.

En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que invalidar la segunda parte del plan B de la reforma electoral solamente por vicios legislativos, resta credibilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se enfoca cada vez más en este tipo de “exámenes superficiales”.

Al anunciar su voto en contra de anular más de 450 normas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Esquivel Mossa afirmó que la misión del máximo tribunal del país va más allá de verificar si los legisladores cumplieron con su reglamento parar procesar una ley.

“Las ministras y ministros estamos llamados a revisar la regularidad constitucional de los contenidos del orden jurídico nacional porque esta función es la que efectivamente redunda en el equilibrio de los poderes de la unión”, sostuvo.

Ante el pleno, la ministra señaló que erigirse como gestores de las buenas prácticas parlamentarias, es una aportación limitada para lo que la Constitución exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la de poner fin a los conflictos.

“Quedarnos en este tipo de exámenes superficiales, los cuales, por cierto, cada vez más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad especialmente en esta materia, la electoral en la que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la Suprema Corte una labor sustantiva, de mayor profundidad y no de un mero cotejo y palomeo de los formalismos procedimentales que acontecen en el deber cotidiano de los órganos legislativos, cuyos integrantes, como todos sabemos, tienen su propias dinámicas de trabajo”, arremetió.