Dos hombres de Cordele, Georgia, fueron sentenciados hoy por su participación en un fraude al Departamento de Trabajo de Georgia (GaDOL) por millones de dólares en beneficios que debieron ser destinados para ayudar a personas desempleadas durante la pandemia de Covid-19.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a través de un comunicado que Malcolm Jeffrey, de 34 años, fue condenado a 10 años de prisión y ordenado a pagar 16 millones 958 mil 372 dólares para deposición de daños. Gerard Towns, de 34 años, fue condenado a seis años de prisión y ordenado a pagar 365 mil 066 dólares en la misma circunstancia.
“Los acusados orquestaron un esquema atroz para robar 17 millones de dólares en pagos de seguro de desempleo utilizando identidades robadas”, dijo el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“Estos acusados explotaron un programa gubernamental diseñado para aliviar las dificultades económicas para llenarse sus propios bolsillos. Las condenas de hoy demuestran que la División Criminal responsabilizará a los estafadores que roban del erario público”, añadió.
“Malcolm Jeffrey, Gerard Towns y sus co-conspiradores participaron en un esquema de fraude al seguro de desempleo que tenía como objetivo al Departamento de Trabajo de Georgia”, dijo a su vez el agente especial a cargo, Mathew Broadhurst, de la Región Sureste de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EU.
“Los conspiradores presentaron reclamaciones de UI fraudulentas utilizando las identidades robadas de víctimas de robo de identidad para obtener tarjetas de débito cargadas con beneficios de UI. Seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios en las fuerzas del orden para responsabilizar a aquellos que intenten explotar estos vitales programas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos”, declaró.
“Explotar programas de alivio pandémico destinados a ayudar a los estadounidenses en el punto álgido de la pandemia de Covid-19 para enriquecimiento personal es inconcebible”, dijo el inspector General Joseph V. Cuffari, Ph.D., de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG).
“DHS-OIG continuará priorizando las investigaciones de fraude relacionado con la pandemia y trabajando con nuestros socios en las fuerzas del orden para llevar a los perpetradores ante la justicia”, añadió.
“Las condenas de hoy enfatizan nuestra dedicación y compromiso para responsabilizar a las personas que explotan programas federales de alivio para ganancia personal”, dijo el agente especial a cargo, Jonathan Ulrich de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS-OIG).
“Como se demostró en este caso, nuestros investigadores criminales junto con nuestros socios en las fuerzas del orden trabajarán juntos y perseguirán diligentemente a cualquiera que intente explotar programas creados para ayudar a personas y empresas legítimas afectadas por la pandemia global”, afirmó.
“Con la aprobación y firma de leyes en 2022 que establecen un plazo de prescripción de 10 años para aquellos que defraudaron los programas COVID-19, quiero poner en aviso a aquellos que robaron a los contribuyentes que solo es cuestión de tiempo antes de que los agentes especiales de IRS-CI y nuestros socios en las fuerzas del orden descubran sus crímenes y los lleven ante la justicia”.
Jeffrey y Towns son los últimos de 12 acusados condenados en conexión con la Operación Cordele Partial, una de las mayores investigaciones de fraude al seguro de desempleo (UI) doméstico en la historia del DOL.
La Operación Cordele Partial descubrió múltiples esquemas masivos basados en el centro de Georgia que defraudaron al GaDOL por más de 45 millones de dólares e involucraron programas de seguro de desempleo de más de 20 estados.
Según documentos judiciales y evidencia presentada en el tribunal, desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2022, Jeffrey, Towns y sus co-conspiradores causaron que se presentaran más de 2 mil 500 reclamaciones de UI fraudulentas al GaDOL, resultando en al menos 17 millones de dólares en beneficios robados.
Para ejecutar estos esquemas, los acusados y sus co-conspiradores crearon empleadores ficticios y fabricaron listas de supuestos empleados utilizando información personalmente identificable (PII) de miles de víctimas de robo de identidad, y presentaron reclamaciones de UI fraudulentas en el sitio web del GaDOL.
Los co-conspiradores obtuvieron PII para usar en el esquema de diversas fuentes, incluyendo el pago a un empleado de una red de atención médica y hospitalaria en el área de Atlanta para obtener ilegalmente la PII de pacientes de las bases de datos del hospital, y comprando PII de otras fuentes en internet.
Usando la PII de las víctimas, los co-conspiradores hicieron que los fondos de UI robados se disbursaran a través de tarjetas de débito prepagadas enviadas por correo a varios lugares en Georgia.
En junio de 2025, Towns se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal. En agosto de 2025, Jeffrey fue declarado culpable en juicio de conspiración para cometer fraude postal.
La investigación del caso fue realizada por DOL-OIG, DHS-OIG, IRS-CI, USPS-OIG, el Servicio de Inspección Postal de EU, el Servicio Secreto de EU e Investigaciones de Seguridad Nacional.
Los fiscales del juicio Lyndie Freeman, Siji Moore y Kyle Crawford de la Sección de Fraude de la División Criminal procesaron el caso.
