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Demanda

Ni una disculpa ha recibido Carlos Daniel Rodríguez Sáenz, el joven que perdió la vista tras un accidente derivado de una tarea escolar asignada por maestros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech).

Así lo informó la diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, quien adelantó que esta semana presentará una demanda por daño moral y responsabilidad civil con el propósito de defender los derechos del estudiante.

Exigen justicia y atención de por vida para Carlos Daniel quien perdió la vista en tarea escolar

“Iremos al juzgado que nos corresponda y haremos valer sus derechos por el daño que le ocasionaron de manera permanente, para que al menos la reparación económica sea una realidad”, expresó la legisladora, quien acompaña el caso.

Pérez Reyes recordó que fue en marzo de 2024 cuando Carlos Daniel, de 16 años, quedó completamente ciego como consecuencia de una práctica de laboratorio realizada fuera del plantel.

“La irresponsabilidad del maestro Luis Carlos Alfaro Rayos, así como la falta de supervisión del director Antonio Marmolejo Morales, derivaron en una tragedia. Carlos Daniel quedó con una vida trunca, pues ahora será mucho más difícil para él conseguir empleo, insertarse en el mercado laboral y concluir una carrera universitaria”, señaló la diputada.

Agregó que, hasta la fecha, ni el maestro ni el director han ofrecido disculpas —ni siquiera en privado— a la familia del joven, pese a la gravedad del daño ocasionado.

“Lo tienen prácticamente abandonado, sin servicio médico. Por eso, con el abogado Carlos Eduardo Ibarra López y un despacho especializado en demandas por daño moral y responsabilidad civil, presentaremos la denuncia esta semana para defender los derechos de Carlos Daniel Rodríguez Sáenz”, enfatizó.

La legisladora recalcó que no abandonará al joven ni a su familia, a diferencia de lo que —dijo— ha hecho el sistema Cecytech.

Finalmente, destacó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación “objetiva, justa y precisa”, en la que deslinda de responsabilidad a los estudiantes y establece observaciones directas al Cecytech por su falta de supervisión y protocolos de seguridad.

“Nos sentimos muy confiados con esa resolución, porque reconoce la negligencia institucional y le ordena al Cecytech tomar medidas correctivas. Lo mínimo que debe hacerse ahora es reparar el daño causado a Carlos Daniel”, concluyó Pérez Reyes.

La Corte del Distrito de Florida desestimó la demanda de 15 mil millones de dólares presentada por Donald Trump contra The New York Times y cuatro de sus periodistas, al considerar que no cumplía con los requisitos de admisibilidad en un tribunal federal.

El juez Steven D. Merryday explicó que las acusaciones de difamación estaban planteadas de manera deficiente: aparecían hasta las últimas páginas de un escrito de 85, lo que complicaba su identificación y análisis.

Subrayó, además, que los tribunales “no son un foro público para vituperios”, dejando en claro que la querella estaba más cargada de reclamos políticos que de fundamentos jurídicos.

Trump acusaba al diario y a los reporteros de dañar su reputación mediante artículos y un libro publicado durante la campaña presidencial de 2024, pero el juez determinó que las pruebas presentadas no sostenían jurídicamente una demanda de tal magnitud.

Aunque el caso fue rechazado, el tribunal concedió un plazo de 28 días para que los abogados del expresidente reformulen el documento y lo presenten nuevamente, esta vez bajo los parámetros procesales que exige la ley federal.

El caso de la demanda de México contra fabricantes de armas, fue desestimado bajo el argumento de que el Gobierno mexicano no proporcionó las pruebas que señalaran que las actividades de las empresas fabricantes tuvieran relación con algún delito en territorio mexicano.

Será la Corte Suprema estadounidense quien decidirá si bloquea o no la demanda por 10 mil millones de dólares que México interpuso en contra de las principales empresas que se dedican a producir armamento.

Dichas compañías son acusadas de que su giro ha propiciado gran parte de los decesos en México.

Estas empresas acusadas pidieron anular el fallo del tribunal de apelaciones que dio pie a la demanda, pese a la protección legal con la que cuenta la industria de la fabricación de armas.

México podría apelar la decisión de un juez federal que desestimó gran parte de la querella, afirmando que las empresas tenían conocimiento de que sus clientes pertenecían al crimen organizado, quienes ingresaban estas armas de forma ilegal a territorio mexicano.

Las autoridades gubernamentales creen que al menos 70 por ciento de las armas que entran ilegalmente a México, vienen de Estados Unidos.

Un estudio sobre la demanda, consumo y distribución de drogas, que no lo hay en los últimos siete años, ayudaría mucho para conocer la situación actual de las adicciones y, principalmente que arroje datos sobre los efectos del fentanilo en la sociedad, consideró el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

En conferencia de prensa el funcionario explicó que un estudio actual es necesario, “pero hay que recordar que el organismo (federal) que se encargaba de eso, lo desaparecieron, y del Centro de Integración Juvenil nos dijeron que ya no les dan recursos para sus programas”.

El año 2016 fue la última vez que el Gobierno Federal realizó un estudio-encuesta sobre el tema y que se publicó en el 2017.

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado, se han decomisado cerca de 700 mil pastillas de fentanilo en la entidad.

 Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en las últimas semanas, ha incautado 5.2 kilos de esa droga en polvo, que hace suponer que existen en territorio estatal laboratorios clandestinos para su procesamiento.

“Yo no dudo que haya por ahí alguien que la consuma, pero no es algo general. Y respecto a que existan en el estado donde se fabrique fentanilo, la Fiscalía no tiene evidencias, pero tampoco lo puedo descartar”, manifestó Jáuregui.

“El que no tengamos evidencia de que existan laboratorios, no quiere decir que no los haya. Lo que sí es un hecho es que, el estado de Chihuahua y su territorio, sí son utilizados como plataforma para hacer llegar el fentanilo a los Estados Unidos”, dijo el fiscal general.

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