denuncia

Aunque Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, todavía no ha emitido una postura formal en torno a las acusaciones que pesan en su contra en la Secretaría de la Función Pública, el exmandatario ha apoyado publicaciones de diversos actores en los que se acusa que las denuncias son parte de una “persecución política”.

En la red social de “X”, antes Twitter, la senadora por Chihuahua de Morena, Bertha Caraveo, compartió un mensaje en el que con fotografías en las que aparece con Corral, a quien le manifestó su apoyo, a lo que Corral respondió con un “Gracias, Bertha!”.

Asimismo, también reposteó otros mensajes de usuarios como Gustavo Ríos (@GUSMASTERCC) en los que se señala que medios de comunicación ponen mayor interés en el caso de Javier Corral que en el de César Duarte Jáquez.

“Los medios en Chihuahua y algunos de poco prestigio en el centro del país dan una profusa difusión a una notificación de la SFP a @Javier_Corral, “una notificación”, pero ninguno le ha interesado la adquisición de 25 casas en EU de César Duarte. Consigna disfrazada de periodismo”.

Además, compartió el post de un medio de comunicación llamado “Zona Free MX” en el que se acusa que un periódico local recibió 120 millones de pesos por parte del gobierno estatal para financiar la “campaña de difamación”.

La Secretaría de la Función Pública informó que notificó hoy a Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, la apertura de un procedimiento en su contra por probable enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

A través de un comunicado señaló que todo se desprende de dos denuncias presentadas ante la propia Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en diferentes fechas del 2022.

La primera denuncia fue presentada en febrero de 2022 ante la SFP por un diputado local, respecto a la petición de investigación e información sobre la compra de un terreno.

La segunda de ellas se presentó en mayo de 2022 ante la FGE, por un Presidente Municipal. Aquí se acusaba al exmandatario de probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de defraudar.

Las conductas advertidas se desprenden de sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión en su encargo como Gobernador Constitucional del Estado; es decir, no declaró un inmueble respecto del cual se conduce como dueño, lo que se considera una falta administrativa grave, dice el comunicado.

Una vez concluida la investigación el expediente se turnó al área competente para el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas.

El ex mandatario fue emplazado a procedimiento este viernes 5 de julio de 2024.

Desahogada la audiencia y por tratarse de una falta grave, el expediente será remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para su resolución, se advierte en el boletín.

El ciudadano Rolando Alonso Nájera Ortega, presentó este viernes 17 de mayo una querella en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, en contra del candidato a la alcaldía de Chihuahua por Movimiento Ciudadano, Enrique “Kike” Valles Zavala.

La querella fue puesta debido a que el pasado 8 de mayo del año en curso, el candidato en un evento denominado “Actúa Mx” de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el candidato hizo expresiones que pueden encuadrar en discurso de odio, contra la comunidad LGBTTIQ+.

De acuerdo a Nájera, Valles Zavala, dentro de la dinámica del evento, debía responder de forma clara y rápida un tema, al momento de tocarle “Cuotas”, el denunciante informó que respondió “obligatoriedad”, y que cuando abordaron “Matrimonio igualitario”, comentó “posibilidad”.

“Posibilidad, ahí perdón, voy a romper rápido, eh, voy a decir por qué posibilidad, matrimonio es un hombre y una mujer, lo demás debemos encontrar la forma jurídica de qué sea, pero no rompamos la historia de lo que es, con mucho respeto, eh”, cita la denuncia.

Por esto, el denunciante dijo que, si bien existe la libertad de expresión, el discurso homófobo constituye una categoría de lenguaje discriminatorio y en ocasiones discurso de odio, por lo que desde su punto de vista, lo dicho por Enrique Valles Zavala resulta violento hacia su persona.

“Sin duda alguna, las expresiones que se realizan son una forma manifiesta de violencia y discriminación, basadas en la orientación de género. Es decir, son expresiones realizadas desde su punto de vista personalísimo, pero como parte de una expresión de ideas en un espacio público”, puntualizó.

El caso quedó registrado con el folio 19-2024-00005/FDH.

En conferencia de prensa ofrecida esta tarde en Ciudad Juárez, los legisladores de Morena Gustavo de la Rosa Hickerson, Leticia Ortega, Benjamín Carrera y Jael Argüelles, denunciaron distintas series de irregularidades en la denuncia que puso en su contra la legisladora Adriana Terrazas.

Jael Argüelles explicó que la diputada Adriana Terrazas interpuso una denuncia en el Instituto Estatal Electoral contra integrantes del Grupo Parlamentario de Morena por supuesta violencia de género.

Sin embargo, señalaron que los hechos que menciona la diputada Terrazas son infundados, además que dentro del proceso legal, no les permitieron presentar alrededor de 30 pruebas para su defensa.

Leticia Ortega mencionó que encontraron una irregularidad dentro de un documento notificador para la diputada Terrazas, el cual, tiene un sello de ser entregado el 19 de diciembre, sin embargo, afirmaron que el sello fue claramente adulterado para que marcara que fue entregado el 20 de diciembre.

Esta argucia legal, permitió que la diputada entregara su consentimiento para iniciar el proceso legal en su contra el 23 de diciembre.

Gustavo de la Rosa Hickerson, que en esta ocasión se presentó como asesor legal de los denunciados, comentó que todo lo anterior hacía improcedente el conflicto legal debido a todas las irregularidades que se presentaron, situación que afecta a las dos partes debido a que las autoridades encargadas no podrán resolver nada, en caso de que se extienda el juicio.

El diputado Benjamín Carrera expuso que los actos de los que estaban siendo víctimas eran una “clara intervención por parte de los encargados de Palacio de Gobierno” y que tomaban estas acciones como un ataque directo al Grupo Parlamentario.

Por el momento, el proceso en su contra continúa en el Tribunal Estatal Electoral y advirtieron que, en caso de que proceda el juicio en su contra, a pesar de las irregularidades, irán hasta las instancias superiores para apelar la decisión en su contra.