En rueda de prensa ofrecida este jueves desde la Ciudad de México, autoridades federales informaron que van 5 detenidos acusados por el delito de homicidio y que se reportan 18 migrantes graves hospitalizados, quedado pendiente de ejecutar una orden de aprehensión de las 6 que han sido liberadas.
Tras rendir un informe sobre la situación que priva en torno a los 39 migrantes fallecidos y los mandatos judiciales, se dio a conocer que la investigación permanece abierta para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
Además, de la empresa encargada de la seguridad en la estación provisional migratoria establecida en el puente Lerdo, donde estaban los 68 extranjeros el pasado lunes 27 de marzo, cuando ocurrió un incendio provocado.
La empresa era Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V., cuyos socios identificados son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.
El encuentro con los medios de comunicación lo encabezaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; y Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en Derechos Humanos.
Según se dio a conocer, la indagatoria irá a fondo, “tope donde tope”, sin descartar ni al propio comisionado del Instituto Nacional de Migración, ni al delegado en Chihuahua, Salvador González Guerrero.
Respecto a los migrantes que fueron llevados a hospitales, se precisó que son 18 graves, 8 delicados y uno en calidad de estable; mientras uno más que ya fue dado de alta, es de los detenidos por presuntamente haber iniciado el incendio, el cual será juzgado en México, pese a ser extranjero.
Respecto a los otros detenidos, se informó que son los tres que eran empleados del INM, dos guardias de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
Queda pendiente una orden de aprehensión por ejecutar, aunque también podrían liberarse otras más.
A los cinco se les realizaba este mismo jueves su audiencia de imputación y vinculación o no a proceso.
Avisaron que en los próximos días tras haberle rescindió el contrato a la empresa de seguridad, vendrán al estado de Chihuahua un total de 48 agentes de seguridad federal, para hacerse cargo de la estación migratoria de avenida Lerdo.
Rosa Icela Rodríguez subrayó que se buscarán las sanciones a todos los servidores públicos relacionados a la estación referida, tras la investigación a cargo de la FGR.
“Del resultado del proceso de las investigaciones, se deslindarán responsabilidades sin importar quién sea. No habrá impunidad”, anotó.
Se decidió asimismo definir un monto para reparación de daño e indemnización a los familiares de las víctimas, el cual no ha sido precisado.
