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El Fiscal de la Zona Centro, Francisco Martínez Valle, informó que luego de la detención de seis sujetos en la colonia Real San Juan, serán puestos hoy a disposición de un juez y se espera que conforme avancen las investigaciones se encuentren pruebas de su participación en otros eventos.

Martínez Valle indicó que se tenía un área acordonada por un cateo que realizaron a un domicilio en la colonia Real San Juan, a donde llegó un vehículo tripulado por siete sujetos, con aliento alcohólico y de actitud sospechosa, por lo que se procedió a su aprehensión.

Resultó que el conductor del vehículo era parte de la plataforma Didi y tomó un viaje en el hotel California en el centro de la ciudad, por lo que se le liberó.

Los otros seis sujetos fueron detenidos y se les realizó el antidoping, a la que resultaron positivos para el consumo de mariguana y cocaína; además portaban un arma corta.

La detención fue hace 48 horas por lo que este día se presentarán ante un juzgado; “creemos que pueden estar vinculados con otros asuntos, entre 4 y 5 eventos, por lo que vamos a intentar vincularlos de acuerdo a los cotejos balísticos”, comentó el fiscal.

Los detenidos responden a los nombres: Ever M. M., Alejandro Fabián G. M., Jesús Manuel M. A., Martín Alejandro F. F., Axel L. C. y Luis R. V.

Finalmente, se informó que los implicados no han declarado si pertenecen a un grupo delictivo, pero se espera que en una o dos semanas se tengan más datos conforme avancen las investigaciones.

Dos personas involucradas en las investigaciones por presuntos actos de corrupción y peculado denominada “Operación justicia para Chihuahua” se han quitado la vida en los últimos años.

El pasado viernes 7 de abril, Antonio Enrique Tarín García, quien continuaba bajo proceso judicial por un presunto peculado cometido durante su paso por la administración del gobernador César Duarte Jáquez, fue encontrado sin vida después de arrojarse desde el puente vial de la avenida Homero, en su cruce con el Periférico de la Juventud.

Horas después, la Fiscalía General del Estado confirmó que se había tratado de un suicidio, y que, aparentemente, la persona fallecida había llegado hasta el lugar, en la parte más alta del puente y desde ahí saltó al vacío.

Tarín García aún estaba bajo proceso penal, con la causa número 87/2019, por haber participado ,presuntamente, en el desvío de 2 millones 420 mil pesos del erario hacia empresas “fantasma”.

El hoy fallecido estaba en libertad bajo caución, después de que un juez federal le otorgara el beneficio de continuar el proceso fuera del Centro de Reinserción Social Número 1, ubicado en San Guillermo, Chihuahua, donde había estado recluido.

Como condición, el juzgador le puso la obligación de portar brazalete geolocalizador, y mantener otras medidas cautelares, como el no salir del país y no acercarse a otros testigos vinculados al mismo caso.

La orden de aprehensión en su contra fue liberada en el año 2017 y el 8 de mayo de ese año, fue aprehendido en la Ciudad de México por efectivos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en coordinación con elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

En marzo de ese mismo año, Tarín García había declarado a El Heraldo de Chihuahua, en una entrevista telefónica, que la causa en su contra “es una persecución política del Gobierno del Estado por temas inexistentes”.

Al momento de hacer esas declaraciones, 29 de marzo de 2017, se encontraba en la Cámara de Diputados, donde intentaba rendir protesta como legislador federal, en su calidad de suplente de Carlos Hermosillo Arteaga, el diputado por el IX Distrito con cabecera en Hidalgo del Parral que falleció el 20 de marzo de ese mismo año en un accidente de carretera.

Además de la acusación de peculado por la que seguía bajo custodia, el nombre de Tarín García estaba inscrito en otras siete carpetas de investigación, todas relacionadas con los casos que seguía la Operación Justicia para Chihuahua.

Había ocupado diversos cargos en el gobierno de Duarte (2010-2016), el último de ellos, presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda.

Tres años atrás ocurrió el suicidio de Octavio Acosta

El 6 de marzo de 2020, autoridades policiacas encontraron muerto al también exfuncionario del gobierno de César Duarte, Octavio Acosta Maldonado.

Según versiones publicadas en aquella fecha, se había colgado cuando estaba en su residencia ubicada entre las calles Marrón y Tomás Valles de la colonia Residencial Cantera II.

Acosta fue el secretario particular del gobernador José Reyes Baeza Terrazas (2004-2010) y fue uno de los pocos miembros de ese equipo que continuaron en la administración estatal tras el cambio de poderes.

Durante la primera parte del gobierno de Duarte, fue director administrativo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

Su nombre también apareció en los llamados “Expedientes X” de la Operación Justicia para Chihuahua, pero nunca se le llevó a proceso.

En el mismo 2020, José Lázaro Joaquín López Ramírez, exdirector del organismo descentralizado Fideapech, falleció a causa del Covid-19.

Su fallecimiento, ocurrido en agosto de 2020 en el Hospital Central de Chihuahua, fue precedido por una lucha jurídica que emprendió el propio López Ramírez para ser liberado del Cereso 1, debido a que era una persona de alto riesgo, propensa a contraer el Covid-19, que entonces se propagaba como pandemia.

La Fiscalía General del Estado de aquel entonces abrió una investigación, pero no se conoció su resultado.

En audiencia llevada a cabo ayer martes, ante el Juez de Control Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, quedaron vinculadas a proceso las cinco personas que habían sido imputadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y de las que se habían obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes.

A través de un comunicado emitido por la FGR, se informó que los cargos por los que se les vinculó es por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales por “COMISIÓN POR OMISIÓN”: a los agentes de migración Daniel “N”, Rodolfo “N”, Gloria “N” y el guardia de seguridad privada Alan “N”. Todos ellos quedaron sujetos a proceso penal en su siguiente etapa complementaria.

Entre tanto, Jaison “N”, el extranjero al que se le relaciona con estos hechos, fue vinculado como autor material por ACCIÓN, de los delitos de homicidio y lesiones dolosos.

La FGR indicó que continúa con el resto de las investigaciones sobre las responsabilidades penales de los distintos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y sobre los particulares vinculados con los servicios de seguridad privada.

No se dieron mayores informes sobre la investigación ni futuros posibles arrestos.

En rueda de prensa ofrecida este jueves desde la Ciudad de México, autoridades federales informaron que van 5 detenidos acusados por el delito de homicidio y que se reportan 18 migrantes graves hospitalizados, quedado pendiente de ejecutar una orden de aprehensión de las 6 que han sido liberadas.

Tras rendir un informe sobre la situación que priva en torno a los 39 migrantes fallecidos y los mandatos judiciales, se dio a conocer que la investigación permanece abierta para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Además, de la empresa encargada de la seguridad en la estación provisional migratoria establecida en el puente Lerdo, donde estaban los 68 extranjeros el pasado lunes 27 de marzo, cuando ocurrió un incendio provocado.

La empresa era Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V., cuyos socios identificados son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.

El encuentro con los medios de comunicación lo encabezaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; y Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en Derechos Humanos.

Según se dio a conocer, la indagatoria irá a fondo, “tope donde tope”, sin descartar ni al propio comisionado del Instituto Nacional de Migración, ni al delegado en Chihuahua, Salvador González Guerrero.

Respecto a los migrantes que fueron llevados a hospitales, se precisó que son 18 graves, 8 delicados y uno en calidad de estable; mientras uno más que ya fue dado de alta, es de los detenidos por presuntamente haber iniciado el incendio, el cual será juzgado en México, pese a ser extranjero.

Respecto a los otros detenidos, se informó que son los tres que eran empleados del INM, dos guardias de seguridad privada y la persona que inició el incendio.

Queda pendiente una orden de aprehensión por ejecutar, aunque también podrían liberarse otras más.

A los cinco se les realizaba este mismo jueves su audiencia de imputación y vinculación o no a proceso.

Avisaron que en los próximos días tras haberle rescindió el contrato a la empresa de seguridad, vendrán al estado de Chihuahua un total de 48 agentes de seguridad federal, para hacerse cargo de la estación migratoria de avenida Lerdo.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que se buscarán las sanciones a todos los servidores públicos relacionados a la estación referida, tras la investigación a cargo de la FGR.

“Del resultado del proceso de las investigaciones, se deslindarán responsabilidades sin importar quién sea. No habrá impunidad”, anotó.

Se decidió asimismo definir un monto para reparación de daño e indemnización a los familiares de las víctimas, el cual no ha sido precisado.