Un médico de alto perfil en Estados Unidos pidió al Congreso abrir una investigación formal sobre la salud mental del presidente Donald Trump, luego de la difusión de una carta enviada a líderes europeos cuyo contenido y tono encendieron alertas en ámbitos médicos y políticos.
La solicitud fue hecha por Jonathan Reiner, catedrático, cardiólogo y exmédico del exvicepresidente Dick Cheney, quien consideró que la comunicación del mandatario con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, amerita una revisión institucional sobre su aptitud para ejercer el cargo.
De acuerdo con Reiner, el mensaje —en el que Trump habría señalado que, al no recibir el Premio Nobel de la Paz, ya no se siente obligado a pensar “únicamente en la paz”— y su circulación entre gobiernos europeos constituyen una señal de alerta que debería ser evaluada de manera bipartidista por el Congreso de Estados Unidos.
El pronunciamiento reavivó el debate en la capital estadounidense. Legisladores demócratas retomaron la discusión sobre la 25ª Enmienda de la Constitución, que establece mecanismos para determinar la incapacidad física o mental de un presidente. Hasta ahora no existe un proceso formal activado, pero el tema volvió a la agenda pública.
A estas voces se sumaron exfuncionarios de la Casa Blanca. Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa presidencial, calificó recientes apariciones públicas del mandatario como “inusuales incluso para él” y llamó a no minimizar las señales.
Desde la Casa Blanca se rechazaron los señalamientos. Voceros defendieron que el presidente se encuentra en buen estado de salud y recordaron que Trump ha difundido evaluaciones médicas que, asegura, acreditan su capacidad cognitiva para ejercer el cargo.
Contexto: un debate con antecedentes
El cuestionamiento sobre la aptitud mental de un presidente estadounidense no es inédito y ya había alcanzado al propio Trump en su primer mandato (2017–2021). En ese periodo, más de 70 profesionales de la salud mental publicaron el libro The Dangerous Case of Donald Trump, en el que advertían que su conducta pública mostraba rasgos preocupantes para alguien en el cargo.
Aunque no se trató de una evaluación clínica directa, el debate llegó al Congreso y colocó la salud mental presidencial en el centro de la discusión. En 2018, legisladores demócratas incluso mencionaron la posibilidad de activar la 25ª Enmienda, sin que el proceso avanzara.
Otros presidentes también enfrentaron cuestionamientos similares. Durante su segundo mandato, Ronald Reagan fue objeto de dudas públicas por lapsos de memoria; años después se confirmó que padecía Alzheimer, ya fuera del cargo. El caso se convirtió en un referente para el debate moderno sobre la aptitud presidencial.
En el caso de Richard Nixon, durante el escándalo Watergate, colaboradores documentaron episodios de paranoia, consumo excesivo de alcohol y decisiones erráticas. En ese contexto, el entonces secretario de Defensa ordenó que cualquier instrucción nuclear del presidente fuera confirmada previamente.
Más atrás en la historia, Woodrow Wilson sufrió un derrame cerebral grave en 1919 que lo dejó incapacitado durante meses. Su esposa, Edith Wilson, asumió de facto funciones de gobierno. Este episodio fue determinante para que décadas después se incorporara la 25ª Enmienda a la Constitución estadounidense.
A diferencia de episodios anteriores, el señalamiento actual proviene de un médico con trayectoria en los más altos círculos del poder en Washington y se apoya en documentos oficiales dirigidos a jefes de Estado, no solo en discursos o declaraciones públicas.
