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CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Este martes 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial que hace permanente la importación definitiva de vehículos usados a partir de esta fecha.

La medida fue decretada después de que hace unas semanas expiró el anterior decreto ordenado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y que detuvo durante todo ese tiempo la importación que permitía traer esos automotores de manera legal al país.

Este lunes 4 de octubre el Gobierno Federal expidió el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y programado para entrar en vigor este martes.

La medida busca ordenar el mercado de vehículos usados importados al país como parte de las políticas para dar seguridad jurídica a los importadores y propietarios de esos automotores usados, para su legal estancia y tenencia y para que esos vehículos circulen en el territorio nacional, tanto en la franja y región fronteriza, como en todo el territorio nacional.

Los vehículos contemplados para su legal importación a México son solamente aquellos fabricados y, o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá, una medida con la que, señala el decreto, se reducirán las brechas de desigualdad de la población mediante el acceso a un medio de transporte digno.

Asienta el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación que la región fronteriza en el norte de México presenta una dinámica económica específica con los Estados Uinidos de América y que el decreto en cuestión fortalecerá la integración económica de Norteamérica y mantendrá por lo tanto condiciones favorables para la importación definitiva de vehículos usados.

El decreto tiene como objetivo regular la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos al territorio nacional, y entre las reglas que fija está el cumplir con los requisitos para hacer el trámite ante el Registro Público Vehicular (Repuve)

El decreto dictamina además la prohibición para importar vehículos que no cumplan con las condiciones mecánicas y de protección ambiental o que tengan reporte de robo, entre otras cuestiones.

Se señala en el documento que el Gobierno de México continúa implementando estrategias que permitan mejorar el bienestar de la población, la seguridad y protección al patrimonio familiar y otorguen certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados.

El decreto está firmado por la presidenta Sheinbaum, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O.

La presidenta Sheinbaum Pardo negó que haya recibido la notificación sobre la orden de la jueza Nancy Juárez para eliminar o bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la promulgación de la reforma al Poder Judicial publicado el pasado 16 de septiembre.

Desde el Palacio Nacional compartió lo que dice el Artículo 61 de la Ley de Amparo en la que señala que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum Pardo pidió a los jueces que realizan una conferencia de prensa diaria desde este lunes que respondan por qué siguen percibiendo sus ingresos pese a mantener el paro desde hace más de dos meses y por qué el Consejo de la Judicatura Federal no han tomado acciones para suspender los pagos.

Rosa Icela Rodríguez arremete contra el Poder Judicial

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acusó a los juristas del Poder Judicial de la Federación de atentar contra la “aplicación de leyes y políticas para el bienestar”, obras públicas, incluso que han retrasado las sentencias.

Presentó una gráfica respecto a que de 21 mil personas privadas de la libertad que están en Centros Federales, 6 mil 97 no han recibido sentencia, aunque ha sido Morena quien ha ampliado el catálogo de los delitos que ameritan la prisión preventiva de los presuntos implicados en algún hecho ilícito.

En tanto, reveló que en su mayoría, las mujeres privadas de su libertad en Cefereso No.16 Femenil Morelos tardan entre uno y dos años (92), hasta 9 y 11 años (142) en que se les dictara una sentencia.

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