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El caso del narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua dio un giro inesperado: en el sitio intervenido por autoridades no se encontraron drogas, de acuerdo con información publicada por La Jornada, lo que abre nuevas interrogantes sobre el operativo y la versión oficial difundida en un inicio.

Según el reporte del diario, en el lugar no se localizaron sustancias ilícitas terminadas ni rastros concluyentes de producción activa de droga, pese a que el operativo fue presentado como un golpe relevante contra la fabricación de narcóticos.

El dato contrasta con la narrativa inicial de autoridades estatales, que habían señalado el hallazgo de un complejo importante para la elaboración de drogas sintéticas en la región serrana del municipio de Morelos.

En los días posteriores al operativo, el caso se convirtió en un tema de alcance nacional no solo por el presunto laboratorio, sino por la polémica presencia de agentes estadounidenses en el despliegue, lo que detonó cuestionamientos sobre la legalidad de su participación y la coordinación institucional.

Incluso, investigaciones posteriores han señalado inconsistencias en la información oficial, así como omisiones en la cadena de mando y comunicación, lo que derivó en la renuncia del entonces fiscal estatal y en la apertura de indagatorias federales.

Además, reportes previos indicaban que en el sitio se localizaron instalaciones, tambos, cilindros y equipo químico, lo que sugería la existencia de infraestructura para producir drogas sintéticas, aunque no necesariamente la presencia de producto terminado.

El señalamiento de que no se encontraron narcóticos refuerza la incertidumbre sobre lo ocurrido en la sierra de Chihuahua y deja en el aire preguntas clave: si no había droga, ¿qué se desmanteló realmente?, ¿qué tan preciso fue el reporte inicial y quién construyó esa narrativa?

En medio de una crisis política por la posible injerencia extranjera y las contradicciones oficiales, el caso del llamado narcolaboratorio sigue lejos de cerrarse.

En un contexto marcado por la crisis global de drogas sintéticas, México registró una disminución en el consumo no médico de fentanilo y una reducción en el uso de drogas ilegales entre adolescentes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025.

El estudio revela que el consumo no médico de fentanilo pasó de 0.2 a 0.1 por ciento, mientras que el uso experimental de drogas ilegales entre adolescentes descendió de 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025, una tendencia considerada relevante por tratarse de uno de los grupos más vulnerables.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que estos resultados confirman la efectividad de la campaña preventiva “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”, una estrategia nacional y permanente que no se limitó a mensajes en medios, sino que se desplegó directamente en escuelas, con la participación de docentes, madres y padres de familia.

“Esta campaña no solo fueron anuncios o espectaculares; llegó a las escuelas, se habló con las y los jóvenes y se trabajó con las familias”, subrayó la mandataria durante su conferencia matutina.

De acuerdo con la Encodat 2025, en el caso de los adolescentes también se observa una tendencia a la baja en el consumo de cannabis y estimulantes anfetamínicos, lo que refuerza la importancia de la prevención temprana para evitar que el consumo ocasional derive en adicciones.

Sheinbaum explicó que los resultados de la encuesta servirán para orientar las próximas campañas educativas y de atención médica, con el objetivo de profundizar las acciones preventivas. Adelantó que la siguiente estrategia estará enfocada en el consumo de metanfetaminas, ante el aumento detectado en esta sustancia.

La encuesta fue elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con una muestra de 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años, y sus resultados estarán disponibles para consulta pública y análisis especializado en los próximos días.

Las autoridades federales destacaron que la reducción en el consumo de drogas entre adolescentes representa una oportunidad para fortalecer políticas públicas de prevención, en coordinación con escuelas, familias y comunidades, a fin de ofrecer alternativas de vida y bienestar a niños y jóvenes.

En Chihuahua, la frontera del tráfico ya no solo se mide en hectáreas, sino en litros de sustancias líquidas, unidades farmacéuticas y gramos de compuestos sintéticos.

Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la incineración de casi una tonelada de drogas aseguradas en distintos operativos en el estado de Chihuahua, pero el dato más revelador no fue la cantidad, sino la variedad de sustancias destruidas, que exhibe una transformación del mercado criminal hacia drogas sintéticas, alucinógenas y de laboratorio.

Entre los narcóticos incinerados destacan más de 854 kilos de marihuana, casi 25 kilos de metanfetamina en distintas presentaciones, más de tres kilos de cocaína y clorhidrato de cocaína, así como heroína, amapola, cannabinoides, psilocibina y THC.

Además, se eliminaron 111 litros de metanfetamina líquida y diversos objetos relacionados con delitos contra la salud.

Las diligencias se realizaron en el Noveno Regimiento de Caballería Motorizado en Ciudad Juárez y en el campo de tiro de la Quinta Zona Militar, carretera Chihuahua–Delicias, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Fiscales de la federación y representantes del Órgano Interno de Control (OIC) supervisaron la incineración para garantizar que el proceso cumpliera con la normatividad vigente.

El perfil de las drogas incineradas confirma una tendencia ya visible en la frontera norte: la sustitución de cultivos tradicionales por sustancias químicas de alta rentabilidad.

Mientras la marihuana sigue encabezando los decomisos, el volumen de metanfetamina, cocaína y derivados de THC muestra la consolidación de laboratorios clandestinos y rutas de síntesis que operan desde zonas urbanas.

La inclusión de psilocibina —un alucinógeno derivado de hongos— y de cannabinoides procesados evidencia que el tráfico local ya no se limita al trasiego internacional, sino que abastece también un mercado interno en expansión, con consumidores que combinan fármacos, psicotrópicos y drogas recreativas.

Mediante un comunicado la FGR reiteró que las acciones de destrucción son parte del esfuerzo institucional para impedir que las drogas regresen al mercado negro. Sin embargo, la variedad de los narcóticos incinerados deja claro que la guerra química del narco ha llegado a los laboratorios de Chihuahua.

Numeralia

•⁠  ⁠Total destruido: 884 kilos de sustancias ilícitas

•⁠  ⁠Marihuana: 854 kilos

•⁠  ⁠Metanfetamina: 25 kilos en distintas presentaciones

•⁠  ⁠Metanfetamina líquida: 111 litros

•⁠  ⁠Cocaína y clorhidrato de cocaína: 3.7 kilos

•⁠  ⁠Heroína: 2 gramos

•⁠  ⁠Amapola: 2.3 kilos

•⁠  ⁠Cannabinoides y THC: más de 1,500 unidades

•⁠  ⁠Psilocibina (hongos alucinógenos): 100 gramos

•⁠  ⁠Psicotrópicos varios: 3,300 unidades

•⁠  ⁠Objetos de delito destruidos: 5

•⁠  ⁠Lugares de incineración: Ciudad Juárez y Chihuahua capital

•⁠  ⁠Instituciones participantes: FGR, Sedena, AIC y Órgano Interno de Control

El fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, negó que exista presencia operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Chihuahua, como lo señala un reciente informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“En relación a la supuesta presencia operativa del CJNG en Chihuahua, no se cuenta con elementos que pudieran considerarse para afirmar que ese cártel opera en la entidad; ahorita se descarta esa presencia”, declaró Jáuregui Moreno.

El funcionario estatal indicó que, si bien el estado enfrenta desafíos en materia de seguridad vinculados a otros grupos delictivos, hasta el momento no se ha detectado una operación estructurada o activa del CJNG en el territorio chihuahuense.

La postura de la Fiscalía contrasta con lo expuesto por la DEA en su evaluación más reciente, en la que se señala la expansión de dicho grupo criminal en varias regiones del país.

De acuerdo con el nuevo reporte de la DEA, a nivel nacional, el CJNG ya opera en los 32 estados de México, mientras que el Cártel de Sinaloa controla 31, con excepción de Jalisco.

La “Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025”, publicada este 15 de mayo, expone la dimensión global de las principales organizaciones criminales mexicanas, al señalar que ambos cárteles tienen presencia en al menos 40 países.

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