ejército

La gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván dio a conocer este lunes, que firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para que los elementos desplegados por parte de ambas secretarías de seguridad nacional, reciban atención médica gratuita por parte de Gobierno del Estado.

La mandataria explicó que este convenio se llevará a cabo con recursos estatales, para que los hospitales y unidades médicas de la entidad, brinden atención a elementos a soldados y guardas nacionales, en caso también de discapacidad y fallecer en el cumplimiento de su deber.

Actualmente, la gobernadora detalló que hay elementos destacamentados de la Quinta y 42 zona militar en el estado, a quienes se les otorgará este servicio y que será la Secretaría de Hacienda, la encargada de promover y orientar los recursos para dicho convenio.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a los representantes de los partidos políticos el esquema de protección que el gabinete de seguridad brindará a los candidatos a las nueve gubernaturas, la Cámara de Diputados y el Senado.

Un documento del cual EL UNIVERSAL posee una copia, y que fue elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), describe que habrá tres criterios (alto, medio y bajo) para la asignación de seguridad para candidatos y se considerará un análisis de riesgo elaborado por la Guardia Nacional, con la incidencia delictiva en sus entidades y las amenazas personales que se hayan recibido y/o denunciado.

“A candidatos al Senado y Cámara de Diputados, solamente se les proporcionará seguridad a aquellos en que en el análisis de riesgo resulte alto y que previamente hayan recibido y denunciado amenazas”, describe la presentación que se hizo a los representantes de los partidos políticos.

Para candidatos a los que se les acredite un nivel de riesgo alto será la Secretaría de la Defensa Nacional la que los proteja y se les asignarán cuatro vehículos (tres escoltas y una camioneta principal), así como 10 elementos de vigilancia.

Para el nivel medio se tendrá una camioneta de escolta, una patrulla de la Guardia Nacional, ocho elementos, y un vehículo principal.

Para el nivel de riesgo bajo solamente se le otorgará un vehículo principal (camioneta) y dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En las diapositivas presentadas se describe que actualmente para los aspirantes a las nueve gubernaturas (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), así como a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, “no se vislumbra una amenaza real o potencial en contra de los candidatos”.

La solicitud de seguridad procederá al comunicarle al INE mediante oficio la seguridad; a su vez, el órgano electoral notificará a la SSPC, que lo pedirá a la Sedena o la Guardia Nacional. Posteriormente se le comunicará la disponibilidad del servicio.

Al final del encuentro, integrantes de la oposición, como el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, lo calificaron como un buen avance para resguardar a los abanderados que estén en riesgo, pero insuficiente porque se necesita más presencia de las fuerzas del orden en las calles, sobre todo el día de la jornada, para evitar la presencia del crimen organizado. Además, criticó que no se esté tomando en cuenta que en la elección pasada hayan sido “levantados” representantes de casilla del PRI y no se esté previendo inhibir esto.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que le preocupa la intervención del Presidente en el proceso, pero que lo que más pone en riesgo la democracia son la violencia y la inseguridad, y calificó este protocolo de insuficiente porque no cubre todos los momentos: postulación de aspirantes, intimidación de funcionarios antes de la jornada y secuestro de paquetes, y que después de la jornada el crimen amenaza a los perdedores para que no impugnen el resultado.

“Esto no es suficiente. Tiene que haber mapa de riesgos, nivel de riesgo, tiene que haber forma de poder denunciar de manera anónima lo que está ocurriendo y que el INE lo atienda”, dijo el panista.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, acusó a la oposición de intentar “politizar” el asunto de la seguridad y consideró que las medidas son suficientes.

“El protocolo es suficiente. El INE no es una autoridad de seguridad, es una autoridad de enlace, de ayuda, de vinculación de los candidatos y partidos políticos con las instancias de seguridad”, sostuvo.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el INE está actuando conforme a sus facultades, pero que es insuficiente y podría tomar más acciones.

“Las autoridades electorales debieron dejar claro un pronunciamiento en el sentido de que no van a permitir que los grupos delictivos se involucren para decidir en las elecciones quién puede o no ser candidato, quién puede o no continuar en la campaña, a quién bajan o no de una candidatura y luego, sobre todo, de presionar a la sociedad, a los electores, mujeres y hombres, para que voten por tal o cual candidato”, apuntó.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, suscribió el llamado a los partidos políticos para que no permitan la entrada de recursos “no correctos” a las campañas electorales, así como no postular a personas vinculadas con la delincuencia.

“Otra cosa que se les pidió a los partidos políticos es que evitaran, en la medida de sus posibilidades, porque tampoco ellos son investigadores ni tienen capacidad de darles seguimiento a estas investigaciones, la entrada de recursos no correctos a las arcas de los partidos o que intervinieran recursos no dentro de las prerrogativas establecidas por este instituto en las campañas electorales”, apuntó.

Respecto a la petición de los partidos políticos para que realice un mapa de riesgos, señaló que no son la instancia a la que le corresponde elaborar esos instrumentos.

“La elaboración de mapas de riesgo entra en el tema de seguridad nacional, no es atribución de nosotros. Ellos elaboran sus propios mapas y eso lo comentamos con los presidentes de los partidos. Creo que todos estamos convencidos que lo que sucedió el día de hoy es una reunión altamente exitosa”, sostuvo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso que el Ejército no haya entregado toda la información sobre el caso Ayotzinapa, y acusó a la oposición y a “seudodefensores” de derechos humanos aliados con organismos internacionalmente como la ONU y la OEA, de querer “manchar” y descalificar la investigación.

Esto, a unas horas de que se reúna en Palacio Nacional con los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal señaló que en esta reunión se busca informarles a los familiares de los avances y todo lo que se ha hecho en el caso, pues recordó que es un compromiso que hizo con ellos de castigar a los responsables.

“Es un asunto que también ha sido manejado por los conservadores, reaccionarios en contra nuestra y también para un grupo de seudodefensores de derechos humanos, aliados con organismo internacionales de derechos humanos, incluso de la ONU, de la OEA, que se han dedicado a medrar con el dolor de la gente, porque ellos viven muy bien, ganan muchísimo dinero, ganan en dólares y tiene un pensamiento también muy conservador muy reaccionario. Entonces están queriendo pues manchar la investigación que estamos haciendo, descalificar el trabajo que estamos haciendo.

“No es cierto de que el Ejército no haya entregado toda la información, es falso. El Ejército entregó toda la información, pero eso lo que queremos decirlo, porque este farsante de (Emilio) Álvarez Icaza y otros más se ha dedicado a mentir y es necesario informarles y para eso es la reunión”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal cuestionó a “estos seudodefensores de derechos humanos” que le digan en qué caso en el se tiene a tantos presos por el delito de desaparición, como afirmó, se ha hecho en el caso Ayotzinapa bajo su gobierno.

“Que me dijeran en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este. ¿En dónde hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército, soldados, un Procurador de Justicia (Jesús Murillo Karam) y como 120 detenidos? ¿Dónde? ¿En qué país?”

“Y todavía no terminamos, sigue la investigación y por eso quiero hablar con ellos para informarles para que no haya manipulación”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes aseguró que el Ejército mexicano se “movilizó de diferentes maneras” durante la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, contrario a lo que manifestó en diversas entrevistas.

Al presentar un análisis de telefonía durante la noche del 26 de septiembre de 2014, como parte de su sexto informe, Angela Buitrago y Carlos Beristain expusieron los movimientos que los elementos realizaron en esa ocasión, así como las horas en las que lo hicieron en el municipio de Iguala, Guerrero.

Buitrago aseguró que los militares tuvieron comunicación con el C4 de Iguala en diferentes momentos, además de que estuvieron en el Palacio de Justicia de la localidad.

“Niegan los monitoreos, pero encontramos 16 documentos que hacen referencia a los movimientos”, señaló.

En su oportunidad, Carlos Beristain afirmó que el análisis de las comunicaciones telefónicas en las horas críticas de la desaparición muestra cómo se movieron algunos actores de la Sedena, incluidos elementos de inteligencia.

“Con datos de telefonía, se muestra la movilización y la intensidad de las comunicaciones que contrasta con las declaraciones que se presentaron”, indicó.

Y añadió: “La actuación del Ejército se explica por su colusión con el crimen organizado y por una visión contrainsurgente que estigmatiza a los jóvenes”.

Beristain señaló que el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha ocultado su participación en el caso, pese a que en diversos videos se descubrió su participación en interrogatorios.