elección judicial

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) dio por terminado este martes 2 de septiembre uno de los procesos más complejos que haya enfrentado ese organismo desde su creación: la elección de juezas, jueces y magistraturas del Poder Judicial del Estado.

En sesión ordinaria, la presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto, presentó el Informe Final de Actividades de la Comisión Temporal de Seguimiento, con lo cual se declaró concluido el proceso que llevó a elegir, por voto popular, a integrantes del Tribunal Superior de Justicia y a jueces de diversas materias y niveles.

Durán afirmó que el proceso electoral extraordinario representó “un éxito organizativo”, pese al corto tiempo y la ausencia de normas previamente establecidas, lo que obligó al Consejo a construir lineamientos y criterios sobre la marcha.

El Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024–2025 fue un ejercicio inédito en la historia democrática de la entidad, al tratarse de la primera elección popular de magistraturas y de juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, señala el informe.

Entre los datos relevantes, se destacó que entre enero y agosto de 2025 se llevaron a cabo 17 sesiones de trabajo con asistencia plena, en las que se dio seguimiento a las distintas etapas del proceso a través de las diferentes direcciones del Instituto.

Se informó además que el sistema Conóceles Judicial Chihuahua registró 885 candidaturas, y que se organizaron cuatro debates virtuales con transmisión en español, Lengua de Señas Mexicana y tres lenguas originarias.

Complejidad nunca antes vista

El primer proceso electoral para elegir personas juzgadoras enfrentó complejidades particulares y señalamientos de irregularidades que derivaron en denuncias y recursos de queja ante tribunales electorales.

Durante la ceremonia en que se dio por concluido el recuento de votos, en junio pasado, la presidenta del IEE subrayó la dificultad que representó organizar esos comicios.

“No tienen idea, pero no tienen ni idea de lo que para nosotros, desde el Instituto, significa haber llegado a este momento”, comentó el 20 de junio.

Los resultados finales del IEE no fueron definitivos, ya que tanto el Tribunal Estatal Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron revocar constancias de mayoría a cinco candidatos que habían ganado elecciones para magistraturas, además de otros cargos que debieron ser reasignados por diversas razones.

Una gran satisfacción

En la sesión de este martes 2 de septiembre, Yanko Durán subrayó que el trabajo se realizó siempre con la convicción de garantizar el mejor resultado para la ciudadanía.

Asimismo, reconoció que la satisfacción de ver la toma de protesta de las nuevas magistraturas, juezas y jueces es fruto del esfuerzo de nueve meses del personal del Instituto, cuyo compromiso y experiencia constituyen la base de una institución fuerte.

“Con la conclusión de este proceso electoral extraordinario, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua reitera su compromiso de seguir fortaleciendo la confianza ciudadana y de consolidar prácticas democráticas que colocan a la entidad como referente nacional en innovación y participación electoral”, finalizó.

Primera parte

En entrevista con Norte Digital la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta, advirtió que el próximo Poder Judicial del Estado habría quedado en manos de personas que ganaron en la pasada elección con el patrocinio de grupos políticos y de organizaciones criminales.

A cinco días de entregar el cargo y de terminar, como lo describe ella, “con una historia de 200 años del Poder Judicial de Chihuahua”, la magistrada acusó que la reciente elección de jueces y magistrados mediante voto ciudadano representa un grave riesgo de fractura en la impartición de justicia.

El Poder Judicial ha quedado expuesto a presiones externas de carácter político y delictivo, advirtió. Tanto, que hubo jueces que renunciaron a participar en el proceso 2025 por negarse a recibir patrocinio de organizaciones delictivas, dijo.

“Algunos jueces vinieron a decir: ‘No, pues yo mejor renuncio porque me están amenazando, que si no me patrocinan ellos o ponen ellos a alguien, me van a matar. Yo mejor me quisiera ir’, y tuvimos que hacer movimientos”, comentó.

“Si sucede en otras elecciones más controladas, también sucedió aquí”, remató.

Entrega sin receptor

En entrevista, Hernández Acosta señaló que el Poder Judicial se encuentra preparado para la transición, gracias a los enlaces y capacitaciones impulsados por la Contraloría y diversas oficinas regionales.

Sin embargo, admitió que aún falta definir quiénes asumirán formalmente los cargos para garantizar una entrega ordenada.

Mencionó que ella, en su posición de presidenta, ha debido asumir una serie de funciones que corresponderían a otras áreas administrativas, porque no existía, ni existe, una estructura para hacer un cambio de la magnitud que se avecina.

“Internamente, se dieron muchos procedimientos, muchos ceses, muchas revocaciones, incluso algunas consignaciones al Ministerio Público, y eso es lo que el Tribunal de Disciplina tendrá que hacer de ahora en adelante. Para eso fueron electos, esa es su función”, dijo.

Todas esas unidades que pertenecían a la atribución de la presidencia se trasladan completas al órgano de disciplina y trabajarán de la mano como lo han venido haciendo.

No obstante, ese riesgo administrativo, para la actual presidenta la principal amenaza es la entrada de actores externos a las funciones judiciales.

“La crisis a la que podemos llegar si se compromete la independencia judicial es seria, porque algunos candidatos pudieron haber adquirido compromisos políticos o personales que no podrán cumplir desde un juzgado o una sala”, advirtió.

Un Poder Judicial vulnerable

Hernández Acosta subrayó que el nuevo esquema abrió la puerta a riesgos que antes ya existían, pero que ahora se incrementan.

“En algunas localidades todos saben quiénes son los dueños del pueblo y metieron la mano en las campañas. ¿Pero cómo les cumples después si el juez está obligado a aplicar la ley?”, cuestionó.

A su juicio, este escenario puede generar compromisos imposibles de sostener y comprometer la independencia de los nuevos juzgadores. “Entrarán con un grado de riesgo muy alto”, enfatizó.

“Nos habíamos mantenido medianamente protegidos, nos habíamos blindado en lo posible, pero esta apertura abre ese riesgo. No porque no existiera antes, pero ahora se les dio la posibilidad de dar un paso más hacia dentro. Se abrió la puerta, y con eso se abrieron esos riesgos”, concluyó.

Disciplina y control interno

La presidenta explicó que el Tribunal de Disciplina tendrá un papel fundamental en los próximos años, pues absorberá atribuciones de control que antes dependían de la Presidencia del TSJ.

“Las áreas de visitaduría, responsabilidades, contraloría y mecanismos de vigilancia seguirán operando, pero ahora bajo la supervisión del Tribunal de Disciplina. Esa es su función: sancionar y destituir, cuando sea necesario, a quienes no cumplan con la labor judicial”, indicó.

Finalmente, Hernández Acosta defendió que durante su gestión ya se habían aplicado procedimientos internos, ceses y hasta consignaciones al Ministerio Público, aunque no siempre se hicieran públicos. “La disciplina continuará; quienes no tengan que estar en el Poder Judicial se tendrán que ir”, concluyó.

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobó enviar la papelería utilizada en los comicios judiciales del pasado 1 de julio a empresas especializadas, con el fin de destinarla al reciclaje de papel.

En su 42ª Sesión Extraordinaria, el máximo órgano electoral del estado determinó que la destrucción de la documentación se realizará mediante procesos ecológicos de reciclaje, en coordinación con empresas que operen con métodos no contaminantes.

De esta manera, se busca garantizar que los materiales derivados del primer proceso para elegir jueces y magistrados locales puedan ser reaprovechados.

Entre los documentos que se someterán a este procedimiento se encuentran los votos válidos, nulos, boletas sobrantes o inutilizadas, y demás materiales previstos en la normatividad electoral.

El proceso se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad para asegurar el cumplimiento de la cadena de custodia.

En un comunicado, el IEE informó que se establecerá un calendario y una logística específicos que contemplan la supervisión de personal habilitado con fe pública, el levantamiento de actas circunstanciadas y la emisión de informes públicos sobre cada etapa del procedimiento.

Asimismo, el organismo aprobó un acuerdo para garantizar la custodia y destino final de los paquetes y documentación electoral correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025.

Entre las medidas destacan la apertura de bodegas electorales y el traslado de paquetes desde distintas Asambleas Distritales a la Bodega Electoral Central, en la ciudad de Chihuahua, así como a la bodega de la Asamblea Distrital Bravos, en Ciudad Juárez, designadas como sedes de resguardo hasta la conclusión del proceso.

Con estas acciones, el IEE reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el cuidado del medio ambiente, cerrando con certeza jurídica las etapas finales del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) desechó tres impugnaciones presentadas por excandidatos a magistrados inconformes, con lo cual ratificó los fallos emitidos previamente por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE).

En la sesión del miércoles 20 de agosto, el Tepjf resolvió en contra de los promoventes Carlos Alberto Martínez Beltrán, Judith Ávila y Javier Torres, quienes habían impugnado decisiones de los órganos electorales de Chihuahua que los excluyeron de la conformación del próximo Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado.

En el caso de Carlos Alberto Martínez Beltrán, aspirante a una magistratura en materia penal, solicitó el recuento de votos en 47 casillas donde, según argumentó, existían claros indicios de irregularidades que podrían modificar el resultado final de la elección.

No obstante, la Sala Superior del Tepjf rechazó su petición, a pesar de que la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis proponía abrir las casillas y recontar los votos. La votación final fue de tres magistrados en contra y dos a favor, por lo que se confirmó el fallo del TEE y Martínez Beltrán quedó fuera del TSJ.

Respecto a la excandidata a magistrada en materia penal, Judith Ávila, ella había impugnado la entrega de constancias de mayoría a candidatos varones. Sin embargo, su recurso fue desechado al considerarse que no lo presentó en tiempo y forma, confirmándose así la resolución del TEE.

En el caso de Javier Torres, aspirante a magistrado en materia familiar, el Tepjf también confirmó el fallo emitido por el TEE, que otorgó la constancia de mayoría a una candidata mujer que obtuvo más votos que él.

La Sala Superior del Tepjf aún tiene pendientes de resolver cinco casos de excandidatos a magistrados a quienes se les revocó la constancia de mayoría por el criterio de paridad de género, dado que candidatas mujeres obtuvieron un mayor número de votos.

Asimismo, está en proceso de resolución la posible remoción de tres candidatos electos por criterios de elegibilidad, ya que dos de ellos no cumplen con el promedio escolar mínimo de 8.