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elección judicial

A unas horas de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua haga una nueva asignación de constancias de mayoría de cinco magistrados y tres jueces electos el pasado 1 de junio, la presidenta de dicho organismo, Yanko Durán Prieto, defendió la distribución que se hizo inicialmente y que ahora se modificará a causa de un fallo del Tribunal Estatal Electoral (TEE).

La sesión se realizará este miércoles 6 de agosto una nueva asignación de magistraturas y juzgados del Poder Judicial del Estado, luego de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) revocara cinco constancias previamente otorgadas, en cumplimiento de un fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Durán Prieto explicó que el Consejo General del organismo sesionará esta noche a las 19:30 horas para aprobar el acuerdo de reasignación y dar cumplimiento a la resolución judicial antes de que venza el plazo legal.

“Tenemos que dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Electoral. Deriva directamente de la resolución que emitió la Sala Superior y mañana sería el último día para hacerlo”, indicó la consejera presidenta en entrevista.

Paridad y cambios de última hora

El fallo obliga a revocar cinco nombramientos emitidos en julio pasado: dos en juzgados penales, dos en civiles y uno en materia familiar, para reasignarlos a cinco mujeres, en atención al principio de paridad de género.

Durán aclaró que el IEE no actuó por decisión propia, sino en cumplimiento de la legislación aplicable, que establece criterios paritarios para la integración del Poder Judicial, y recordó que las reglas fueron aprobadas incluso por el INE y confirmadas en su momento por instancias federales.

“Nosotros no asignamos porque se nos ocurrió. Hay una ley y una constitución. Se aprobaron boletas diferenciadas y criterios de paridad. Lo que está pasando es que ahora, ya en ejecución, las reglas están cambiando y eso tambalea el principio de certeza, que es uno de los más importantes en el sistema electoral”, expresó.

El proceso aún no está cerrado

La presidenta del IEE señaló que las personas afectadas por la reasignación aún pueden impugnar, por lo que la conformación final del Poder Judicial estatal podría definirse hasta el 31 de agosto, fecha límite que tienen la Sala Superior y la Sala Regional Guadalajara para resolver los recursos en curso.

“Como sucedió con las diputaciones plurinominales, que cambiaban hasta el último minuto, lo mismo puede ocurrir aquí. No sabremos definitivamente cómo quedará integrado el Poder Judicial hasta que se resuelvan todas las impugnaciones”, advirtió.

Costo e incertidumbre

Durán también lamentó que, pese a haberse invertido recursos públicos en boletas diferenciadas y papeletas con listas específicas, las reglas del juego se hayan modificado en pleno proceso.

“Imagínense, ya hicimos el gasto de las papeletas diferenciadas, de todo el proceso, y luego cambian las reglas. Nosotros estamos obligados a atender lo que resuelve el tribunal, pero eso también debe llamarnos a reflexionar sobre la necesidad de certeza en los procesos”, subrayó.

El fallo del Tribunal Estatal Electoral (TEE) del pasado 31 de julio no solo revocó nombramientos de magistrados al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino que también dejó sin constancia de mayoría a al menos tres personas que ya contaban con su probable designación como jueces de primera instancia en los distritos judiciales Morelos y Bravos.

De acuerdo con lo aprobado en el apartado Cuarto de la sentencia, se revocó el triunfo de Beatriz Adriana Hernández por no cumplir con el requisito de elegibilidad relativo a la escolaridad.

El criterio establece que las personas aspirantes deben contar con un promedio mínimo de 8.0 en sus estudios universitarios.

En el punto Quinto de la misma resolución, el TEE modificó el acuerdo IEE/CE156/2025 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, mediante el cual se habían asignado los cargos en el Distrito Judicial Morelos.

Asimismo, se revocaron las constancias de mayoría de Adalberto Contreras Payán y Alejandro Díaz Becerra, con base en el principio de paridad de género, al haberse identificado que candidatas con mayor votación no fueron consideradas en la asignación inicial.

Los tres aspirantes mencionados correspondían al Distrito Judicial Morelos, con cabecera en la ciudad de Chihuahua.

En cuanto al Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, se modificó el cómputo distrital de la elección de juezas y jueces de primera instancia en materia laboral, también por razones de paridad de género.

En este caso, el Tribunal determinó que hubo candidatas con mayor número de votos que los candidatos que originalmente recibieron constancias de mayoría.

Dicha modificación derivó del acuerdo IEE/CE155/2025, que ahora deberá ser ajustado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), el cual ya fue notificado de las resoluciones y deberá convocar a sesión del Consejo General esta misma semana para realizar una nueva asignación de constancias de mayoría, en apego a los criterios establecidos por el TEE.

Chihuahua se ubicó entre las entidades con mayor número de irregularidades en la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio, al concentrar junto con el Estado de México el 35.9 % de las faltas detectadas en los procesos locales para elegir jueces y magistrados.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes 28 de julio sanciones económicas por un monto aproximado de 18 millones de pesos, derivadas de irregularidades en el proceso extraordinario que se llevó a cabo en 19 entidades del país para elegir cargos judiciales tanto locales como federales.

De acuerdo con el informe presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), se aplicaron sanciones por más de 10 millones de pesos a nivel federal y casi 8 millones en el ámbito local, tras revisar los informes únicos de ingresos y gastos de campaña de más de 7 mil 700 candidaturas.

En lo correspondiente al ámbito local, Chihuahua y el Estado de México concentraron 2.8 millones de pesos en sanciones, equivalentes al 35.9 % del total.

En cuanto a las candidaturas federales, el 83 % de las multas se dirigieron a aspirantes a magistraturas de tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito, detalló la consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión de Fiscalización.

Durante la sesión extraordinaria, Humphrey señaló que el proceso implicó la fiscalización de más de 7 mil 300 informes y la auditoría de casi 900 millones de pesos en ingresos y egresos, esfuerzo que calificó como “sin precedentes, con plazos inéditos y reglas de reciente creación”.

“Quien aspira a juzgar debe ser el primero en respetar la ley. No se puede construir legitimidad desde la omisión ni desde la simulación”, advirtió la consejera al defender la necesidad de las sanciones.

En total, la UTF detectó más de 17 mil 500 faltas o conductas irregulares: 8 mil 49 en el ámbito federal y 9 mil 547 en el local. Por ello, se propusieron sanciones por 10 millones 364 mil pesos a candidaturas del Poder Judicial de la Federación y 7 millones 975 mil pesos a aspirantes en los poderes judiciales de 19 entidades, entre ellas Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz.

Humphrey concluyó que, con este fallo, el INE da por concluida la fiscalización del primer proceso electoral judicial en la historia democrática del país, lo cual —dijo— compromete técnica e institucionalmente a la autoridad electoral.

En su calidad de magistrada electa y próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval sostuvo este jueves una serie de mesas de trabajo virtuales con quienes fueron elegidos para integrar nuevas magistraturas y juzgados en el estado.

Las personas participantes en el encuentro resultaron electas el pasado 1 de junio, durante la jornada de votación para definir cargos judiciales por voto popular, en un ejercicio inédito a nivel nacional.

A partir de octubre, ocuparán funciones en diversas materias: Civil, Familiar, Mercantil y Penal.

Durante las sesiones, Herrera Sandoval delineó las primeras líneas de trabajo de su gestión, que iniciará con una intensa actividad institucional ante la inminente entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

También anunció un programa de capacitación continua en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), así como una transición ordenada en el funcionamiento del Poder Judicial.

“Vivimos un momento clave para la transformación del Poder Judicial. Tenemos un reto demasiado importante y, si trabajamos en equipo, creo firmemente que estaremos a la altura de las necesidades de nuestra comunidad”, afirmó la magistrada electa.

Subrayó que su visión está centrada en consolidar una justicia “más cercana, eficiente y humana”, y agradeció la disposición mostrada por magistrados y jueces electos, quienes, señaló, manifestaron estar en sintonía con los principios de renovación y mejora continua que impulsará su presidencia.

Marcela Herrera Sandoval será designada presidenta del TSJ después de haber sido la candidata más votada en las elecciones de junio pasado, con un total de 121 mil 835 sufragios para ser magistrada en materia familiar.

Las sesiones se desarrollaron en un ambiente de colaboración y diálogo, con una participación activa de los asistentes, quienes compartieron su compromiso de fortalecer las capacidades institucionales del Poder Judicial.

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