elección

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo) terminó de aplicar las entrevistas a los 25 aspirantes a presidir la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH), organismo que quedó sin titular tras la muerte del anterior presidente, Javier González Mocken.

Este 21 de marzo se aplicaron las 12 entrevistas que faltaban para cerrar ese ciclo y pasar al proceso de selección de los finalistas.

La dinámica impuesta consistió una participación de cinco minutos para que el aspirante se presentara, y otros 15 para responder preguntas de los integrantes de la Jucopo, todas ellas relacionadas con los Derechos Humanos.

Asimismo, se plantearon cuestionamientos en torno a la Alerta de Género en el estado, el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CEDH, el plan de trabajo en caso de ser elegidos, las acciones para mejorar la inclusión de grupos marginados, la atención a las desapariciones forzadas, entre otros.

En su oportunidad, la diputada América Aguilar Gil (PT), puso sobre la mesa el tema de los derechos reproductivos de la mujer como un tema “no solo prioritario, sino central en la elección del próximo titular de la CEDH”.

Las personas calendarizadas para este 21 de marzo fueron Xóchitl Flores, Javier González, Yair Hernández, Victoria Laphond, Luis Manuel Lerma, Gerardo Macías, Alejandro Navarro, Edgar Núñez, Ulises Pacheco, Nidia Pérez, Yuliana Rodríguez, Paola Trujillo.

Una vez concluidas las 25 entrevistas de los aspirantes, la Jucopo continuará con la ponderación y evaluación de los perfiles para definir la terna de la que surgirá, con el voto de las dos terceras partes del Pleno, la o el próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Acerca del proceso de elección de la nueva presidencia, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado ha fijado una postura en torno a que debe ser una mujer quien ocupe el cargo, pues, en los 34 años de historia de dicha comisión, siempre ha estado encabezada por hombres.

Ante las críticas que ha formulado el grupo parlamentario del PAN por el alto costo que tendrá la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado mediante el voto popular, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, propuso que se utilice el dinero destinado a partidos políticos para financiar ese proceso.

Estrada Sotelo cuestionó que los partidos políticos con registro estatal reciban este año 244 millones de pesos en un año como el 2025, cuando no habrá elecciones locales.

La elección de jueces y magistrados tendrá un costo estimado de 328 mdp, apuntó el diputado morenista.

En la víspera, su homólogo del PAN, Alfredo Chávez Madrid, le había planteado “el reto” de encontrar manera de fondear la elección de jueces y magistrados y encontrar la fuente de sustento para gastar más de 3000 mdp en ese proceso.

A ese respecto, Estrada respondió que la cantidad establecida por el IEE de Chihuahua es muy elevada, comparada con el gasto que tendrán otras entidades.

En ese caso, mencionó ejemplos como el de Coahuila, que gastará 208 mdp, Durango, 80 mdp y Coahuila 208.

Consideró que no hay razón para que el costo por elector sea más elevado en un estado y en otro, si se va a utilizar prácticamente la misma estructura electoral en todas las entidades del país.

En dado caso, agregó, se debe reconsiderar la fórmula que se aplica para calcular las prerrogativas a partidos políticos, de modo que cada año no electoral reciban una cantidad menor de dinero respecto a la que se les reparte en la actualidad.

La elección de juzgadores en el estado de Chihuahua podría salir más barata, o menos cara, de lo que se había calculado hasta este mes.

El coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, afirmó que los comicios de este 2 de junio para elegir a jueces y magistrados, será concurrente con el proceso federal, por lo que todavía se pueden hacer convenios con el INE para reducir los costos hasta ahora contemplados.

En conferencia, el líder morenista recodó que, inicialmente, el Instituto Estatal Electoral (IEE) había estimado el costo de esa elección en 600 millones de pesos, pero después de varios análisis y ajustes, el “precio”, hasta ahora, va en los 380 millones, poco más de la mitad de lo contemplado al inicio.

Señaló que, al ser una elección concurrente con el ámbito federal, habrá los mismos centros de votación para ambas elecciones y el uso de la misma estructura, por lo que el costo todavía puede bajar más.

“No se duplican funciones, por lo que yo todavía esperaría que esa cantidad pudiese bajar en el sentido de los convenios que pueda haber entre el Órgano Nacional y el órgano local”, dijo.

Acerca de la elección, que ha sido catalogada como “inédita”, mencionó que ya el Consejo General del IEE sesionó sin la intervención de los representantes de los partidos políticos.

Esto, debido a que la reforma que permitió la elección mediante voto popular de jueces y magistrados estableció que los partidos políticos deben de estar fuera del proceso.

De la aprobación de un marco jurídico para celebrar la elección de 304 cargos, entre jueces y magistrados, Estrada Sotelo pidió al Partido Acción Nacional que no niegue la “paternidad” de esa legislación.

Recordó que fue una iniciativa presentada por el coordinador parlamentario panista, José Alfredo Chávez, por lo que no se puede negar que el partido blanco y azul fue el precursor de esa ley, pese a que se habían opuesto a la elección de juzgadores mediante el voto popular.

“Acción Nacional promueve la ley electoral en Chihuahua y la promueve como una ley aparte independiente autónoma de la Ley Electoral del Estado que regula las elecciones ordinarias, nosotros no tenemos inconveniente en eso nos sumamos a esa ruta a esa vía”, concluyó.

La propuesta del PRIAN para designar a Roberto Fierro como titular de la Secretaría de la Función Pública, va en contra de lo que determina la Constitución Política del Estado de Chihuahua en su artículo 64 fracción 15, dijo el diputado coordinador de la bancada de morena Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

Lo anterior, explicó, dado que el Congreso del Estado debería haber nombrado a Fierro Duarte antes de los primeros 10 días de haberse recibido la solicitud por parte de la gobernadora del Estado María Eugenia Campos.

Recordó que al hablar de las facultades del Congreso, el Capítulo III señala que entre esas está el “aprobar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en un plazo de diez días hábiles a partir de que los reciba, el nombramiento que para tal efecto envíe el o la titular del poder ejecutivo, de la persona titular de la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo, y/o Secretaría de la Función Pública”.

Por su parte los diputados Oscar Castrejón Rivas, Gustavo de la Rosa Hickerson, y María Antonieta Pérez Reyes, recordaron los errores y omisiones de Fierro Duarte, durante su titularidad en la Fiscalía General del Estado, como el ataque y fuga de la prisión de Ciudad Juárez el primero del enero de 2023, y su incapacidad para llevar ante la justicia a los responsables del fraude de ARAS.

A pesar de todo ello el PRI, PAN y MC votaron por nombrar a Fierro Duarte como titular de la Secretaría de la Función Pública, con lo que violentaron la constitución e hicieron a un lado el dolor de cientos de familias chihuahuenses afectadas por la administración del ex fiscal.