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ernestina godoy

Con el objetivo de dejar atrás la impunidad y transformar el modelo de procuración de justicia en el país, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó ante el Senado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, con el que busca consolidar una Fiscalía más cercana, eficiente y con capacidad real de respuesta.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el país atraviesa un momento clave en materia de seguridad, respaldado por un nuevo marco constitucional que permitirá enfrentar de manera más efectiva a las estructuras criminales.

“Donde haya violencia, habrá Estado; donde haya impunidad, habrá investigación; y donde haya crimen, habrá consecuencias”, sostuvo.

Godoy planteó que el nuevo modelo rompe con prácticas del pasado marcadas —dijo— por el uso político de la justicia y la atención reactiva de los delitos, para dar paso a una política criminal con enfoque humanista, centrada tanto en la persecución como en las causas del fenómeno delictivo.

De la inercia a la acción

El plan propone un cambio estructural en la operación de la Fiscalía: pasar de un esquema fragmentado y burocrático a uno basado en inteligencia, priorización de fenómenos criminales y coordinación interinstitucional.

Entre sus ejes destacan la reestructuración institucional, el fortalecimiento del servicio profesional de carrera, el impulso a las fiscalías estatales y la implementación de un nuevo modelo de investigación.

Como parte de la reingeniería interna, explicó, se busca optimizar procesos, eliminar duplicidades y redirigir el gasto hacia tareas sustantivas.

“Tendremos una administración eficiente, responsable y transparente: sin corrupción, sin privilegios y sin burocracia dorada”, aseguró.

Uno de los pilares del plan es la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Godoy subrayó que la autonomía de la Fiscalía no está reñida con el trabajo conjunto.

“La autonomía se fortalece con coordinación, con inteligencia y con visión de Estado”, afirmó.

En ese sentido, detalló que la FGR fortalecerá su vinculación con instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, a través de la Agencia de Investigación Criminal, para que los operativos se traduzcan en investigaciones sólidas y sentencias condenatorias.

Además, como parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía participará en la definición de prioridades para reducir la incidencia delictiva a nivel nacional.

Inteligencia para desarticular estructuras

El nuevo modelo de investigación, explicó, estará sustentado en ciencia, tecnología y análisis estratégico, con el objetivo de fortalecer las carpetas con pruebas sólidas y peritajes de alto rigor.

Este enfoque permitirá, dijo, ir más allá de la persecución de responsables directos para centrarse en las estructuras criminales y las rutas del dinero, con la intención de desarticular organizaciones de alto nivel.

La fiscal concluyó que el objetivo central es garantizar un acceso efectivo a la justicia, con una institución que responda a las víctimas y recupere la confianza ciudadana.

“Por mucho tiempo el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente. Hoy declaramos el fin de esa era: el Estado mexicano responde unido, con inteligencia y con todo el peso de la ley”, concluyó.

La Fiscalía General de la República presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que establece como prioridad reducir en los estados los delitos que afectan a las mujeres.

Durante el evento realizado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, asistió acompañada por el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.

Campos destacó la importancia del documento y señaló que se trata de un ejemplo de colaboración entre autoridades.

“Es un ejemplo de colaboración, de sistematizarnos entre nosotros. Celebro lo que la fiscal acertadamente habló sobre la seguridad de las mujeres: cero tolerancia en abuso, en acoso y por supuesto en feminicidios”, indicó.

El plan, presentado por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, define las líneas de acción que guiarán el trabajo de la FGR durante los próximos cuatro años.

Sus ejes principales incluyen el fortalecimiento institucional, la eficiencia en la persecución de delitos, la atención integral a las víctimas y el desarrollo de empatía hacia ellas.

Además, contempla mecanismos de coordinación con las fiscalías estatales, así como la creación de áreas especializadas para atender delitos específicos, con el fin de mejorar los resultados en materia de justicia en todo el país.

Al evento asistieron gobernadores, fiscales estatales y autoridades de los tres poderes de la Unión.

La mandataria chihuahuense enfatizó que el plan contiene un tema “muy especial”: lograr que disminuyan en las entidades los flagelos contra las mujeres.

Ciudad Juárez, Chihuahua – La gobernadora Maru Campos encabezó este martes la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Ciudad Juárez, donde se acordaron estrategias para mantener la disminución de homicidios en el estado.

La entidad registra uno de los niveles más bajos en los últimos 10 años en este delito, atribuido a la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

En la reunión se destacó el fortalecimiento de la colaboración con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para acelerar la integración de carpetas de investigación, mejorar la judicialización de casos y focalizar acciones contra generadores de violencia.

De acuerdo con la información presentada, los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez se encuentran por debajo de la media nacional en percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) más reciente del INEGI.

La estrategia incluye acciones para atender causas estructurales a través de programas sociales, prevención del delito y fortalecimiento del tejido social.

Se expusieron resultados de la última semana de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), que comprenden detenciones relevantes, decomisos de armas y drogas, aseguramientos y avances en carpetas de investigación judicializadas.

Participaron en la sesión: el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el titular de la SSPE, Gilberto Loya; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; los generales Antonio López (42/a Zona Militar) y Felipe González (5/a Zona Militar); el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas; el delegado de la FGR, Ramón Ernesto Badillo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas.

También acudió el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez; y la representante del INM, Zayra Carrasco.

Por el municipio de Juárez asistieron el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, y el comandante interino de la Guarnición Militar, Mauricio Cancino.

Las autoridades acordaron continuar con la coordinación interinstitucional y el uso de labores de inteligencia para reducir la incidencia delictiva en la entidad.

La activista social y abogada Luz Estela “Lucha” Castro, junto con mujeres integrantes del movimiento El Barzón Chihuahua, dirigieron una carta pública a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, en la que le solicita atraer investigaciones penales archivadas en contra de miembros de la familia LeBarón, por presunta extracción ilegal de agua y agresiones violentas contra sus opositores.

El documento pide a Godoy Ramos retomar casos emblemáticos de violencia contra defensores del agua y del territorio en Chihuahua, que permanecen sin resolución.

Tras celebrar el nombramiento de Godoy como la primera mujer al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) y reconocer la detención del exgobernador César Duarte, las firmantes le solicitan reactivar las denuncias presentadas contra Julián LeBarón.

“No tendrás que empezar de cero”, advierten en la misiva.

Exigen retomar denuncias contra Julián LeBarón

La carta enfatiza la necesidad de que la FGR retome las denuncias penales interpuestas contra Julián LeBarón y otros integrantes de su familia, relacionadas con la perforación ilegal de pozos sin concesión para el riego de huertas nogaleras en el municipio de Buenaventura.

Las firmantes recuerdan que dichas denuncias fueron presentadas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pero que permanecen archivadas, pese a que —aseguran— existen elementos probatorios suficientes.

En ese contexto, mencionan acciones de resistencia comunitaria, como la cancelación de nueve pozos ilegales en los ejidos Benito Juárez y Constitución, donde la sobreexplotación del agua habría dejado sin suministro a comunidades y escuelas.

Crímenes impunes y demanda de justicia

El documento adquiere un tono particularmente grave al recordar el asesinato de los defensores de derechos humanos Manuelita Solís Contreras e Ismael Solorio Urrutia, ocurrido el 10 de octubre de 2012, tras encabezar la oposición comunitaria a proyectos extractivos y a la apropiación ilegal del agua.

Castro sostiene que ambos crímenes deben investigarse como posibles crímenes de Estado, toda vez que, previo al doble homicidio, las víctimas solicitaron protección al gobierno estatal durante la administración de César Duarte Jáquez, misma que fue negada pese a la advertencia expresa del riesgo.

“La negativa deliberada de protección compromete la responsabilidad del Estado”, afirma la abogada, quien solicita formalmente que la FGR atraiga la investigación con independencia, exhaustividad y perspectiva de derechos humanos.

Una lucha que sigue

Las mujeres barzonistas subrayan que la defensa del agua en Chihuahua no ha sido simbólica, sino que ha tenido un alto costo humano y social. Denuncian que durante años los intereses económicos en torno al agua fueron favorecidos mediante amparos judiciales, impidiendo la clausura definitiva de pozos ilegales.

Expresan su expectativa de que una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una FGR bajo nueva conducción permitan terminar con prácticas que, aseguran, beneficiaron durante décadas a intereses privados por encima del derecho humano al agua.

La carta concluye con una petición directa a Ernestina Godoy para que, tras más de una década de impunidad, se garantice verdad, justicia y reparación para las comunidades afectadas.

Entre las firmantes aparecen Alma Gómez Caballero, Siria Solís Solís, Minerva Maese Gómez, Lucha Castro, Laura Araceli Chávez y Araceli Olivas.

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