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Estados Unidos

Donald Trump volvió a colocar sobre la mesa pública la idea de un tercer mandato presidencial en Estados Unidos, durante una conversación con reporteros a bordo del Air Force One.

Aunque descartó postularse como vicepresidente, insinuó que un nuevo intento por la Casa Blanca en 2028 “no está del todo fuera de la mesa”, reportan diversos medios de EU.

El mandatario afirmó que no buscaría regresar al poder a través de una fórmula compartida: “I’d be allowed to do that… but I wouldn’t do that. I think it’s too cute. I think the people wouldn’t like that. It’s not — it wouldn’t be right” (“Podría hacerlo… pero no lo haría. Creo que sería demasiado ingenioso. Creo que a la gente no le gustaría. No estaría bien”), dijo en referencia a ocupar la vicepresidencia como vía indirecta para volver a la presidencia.

Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si descartaba por completo un tercer mandato, Trump respondió con ambigüedad: “Am I not ruling it out? I mean, you’ll have to tell me” (“¿No lo estoy descartando? Quiero decir, tú tendrás que decírmelo”), una frase que bastó para encender nuevamente el debate político y constitucional.

Trump también presumió su buena posición en las encuestas: “I have my best numbers ever” (“Tengo mis mejores números de todos los tiempos”), aseguró, al tiempo que algunos de sus seguidores comenzaron a hablar —una vez más— de la posibilidad de una “nueva era Trump”.

En paralelo, su aliado y exasesor Steve Bannon declaró a Newsweek que “hay un plan” para que Trump regrese en 2028, afirmando que “él va a obtener un tercer mandato”. Estas afirmaciones alimentaron la especulación sobre una eventual estrategia política o legal que desafíe las restricciones constitucionales.

De acuerdo con la Vigésima Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, “ninguna persona será elegida presidente más de dos veces”. En otras palabras, un tercer mandato es legalmente imposible sin una reforma constitucional que, hasta ahora, nadie en el Congreso ha propuesto.

Por ahora, no existe un anuncio formal de campaña, pero la simple mención de “Trump 2028” ha sido suficiente para reactivar el debate político en Washington y dividir opiniones entre republicanos: algunos celebran la idea como símbolo de fortaleza; otros temen que vuelva a tensar la ya frágil línea entre la ambición y la ley.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este viernes fue extraditado a Estados Unidos Marco Antonio López, identificado como uno de los operadores del Cártel de Sinaloa en el noroeste del país.

El traslado se realizó en cumplimiento al Tratado de Extradición México–Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia norteamericano, que lo acusa de delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y armas.

López fue entregado a agentes estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde fue trasladado bajo custodia hacia California, donde enfrentará proceso penal ante la Corte Federal del Distrito Sur.

Los cargos: drogas, armas y conspiración

De acuerdo con la información oficial, el acusado es requerido por los delitos de:

•⁠  ⁠Asociación delictuosa para distribuir drogas en territorio estadounidense,

•⁠  ⁠Delitos contra la salud,

•⁠  ⁠Tentativa de exportar artículos de defensa sin licencia, y

•⁠  ⁠Contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México

Las autoridades estadounidenses sostienen que López coordinaba envíos de metanfetamina, cocaína y fentanilo, además de manejar una red logística para abastecer al Cártel de Sinaloa con armamento de alto poder procedente del mercado estadounidense.

Su captura en Baja California

Marco Antonio López fue detenido en febrero de 2024 durante un operativo conjunto en el municipio de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la carpeta de investigación, mantenía vínculos con operadores del cártel en la franja fronteriza y era responsable de organizar cargamentos que cruzaban hacia California por pasos clandestinos, especialmente entre San Luis Río Colorado y Calexico.

Su aprehensión derivó de una solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por la FGR tras el requerimiento del gobierno estadounidense.

Fuentes judiciales citadas en el expediente señalan que López pertenece a la estructura criminal encabezada por los llamados “Chapitos”, herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su rol habría sido principalmente logístico y financiero, coordinando almacenamiento, traslado y protección de cargamentos entre Sonora, Baja California y el sur de Estados Unidos.

Entre 2018 y 2020, según la acusación norteamericana, habría participado en el tráfico de grandes volúmenes de drogas sintéticas, contribuyendo al auge de la red de distribución de fentanilo que colocó al Cártel de Sinaloa en la mira internacional.

Lo que representa su extradición

La entrega de Marco Antonio López a Estados Unidos se interpreta como un nuevo gesto de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo.

La FGR destacó que con este caso se reafirma el compromiso del Estado mexicano de “evitar la impunidad de quienes cometen delitos graves que afectan la seguridad de ambos países”.

Con esta extradición, el Gobierno mexicano suma otro golpe a la estructura del Cártel de Sinaloa, tras las entregas previas de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, y de otros operadores relevantes procesados por narcotráfico.

Un mensaje para los cárteles

La detención y posterior entrega de López refuerzan la estrategia de desarticulación de redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.

En el plano político, la acción se lee como una muestra de coordinación judicial entre México y Estados Unidos, en un contexto donde la presión internacional por frenar el tráfico de fentanilo se mantiene como una de las prioridades del gobierno estadounidense y en un momento en que el presidente de EU hace señalaminetos fuertes hacia la figura presidencial el vecino del sur.

Un buque de desembarco de la Armada de Venezuela, el Capana T-61, se hundió parcialmente durante un ejercicio de entrenamiento que simulaba una invasión estadounidense, frente a la costa norte del país, cerca del estado de Falcón.

El incidente ocurrió este jueves, dejando al buque varado y sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, lo que lo incapacitó para recuperar la flotabilidad por sus propios medios.

El Capana T-61, perteneciente a la clase Capana-Alligator, formaba parte de una serie de maniobras militares ordenadas por el gobierno de Nicolás Maduro en respuesta al reciente despliegue de activos militares estadounidenses en el Caribe, incluyendo un sobrevuelo de bombarderos B-52 cerca del espacio aéreo venezolano.

Estas maniobras tenían como objetivo simular la defensa contra una hipotética invasión naval, pocos días después de que el buque participara en ejercicios en la Isla de Margarita.

El hundimiento del Capana T-61 no solo afecta la operatividad de la Armada venezolana, sino que también ocurre en un contexto de creciente tensión geopolítica.

Este incidente se suma a las dificultades logísticas y operativas que enfrenta la fuerza naval venezolana, especialmente en un momento en que Maduro ha ordenado refuerzos en las fronteras y zonas costeras del país.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni detalles específicos sobre las causas del hundimiento, aunque fuentes militares han confirmado que el buque quedó incapacitado durante el ejercicio.

La pérdida de un buque logístico de estas características tiene un impacto directo en las capacidades militares de Venezuela, particularmente en un escenario de tensiones regionales y disputas territoriales entre grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez, que buscan el control de rutas estratégicas en la Sierra Tarahumara.

Las autoridades venezolanas no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, pero se espera que se inicien investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hundimiento y las medidas a tomar para recuperar el buque o mitigar las consecuencias de su pérdida.

Este evento pone de relieve las vulnerabilidades de la infraestructura militar venezolana y las presiones a las que se enfrenta en un contexto de ejercicios militares y tensiones internacionales.

Un buque chavista de nombre Capana ARV T-61 de la Armada Bolivariana encalló y comenzó a hundirse frente a las costas de Falcón tras participar en ejercicio de defensa ante posible invasión de trump, otro fallido intento de defender narcos con equiipo del pais. pic.twitter.com/SLJuBXxY3W

— John P. Acquaviva (@JPAFS) October 16, 2025

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, aseguró que México cumplirá en tiempo y forma con la entrega de agua a Estados Unidos, como lo establece el Tratado de Aguas de 1944, pese a las condiciones de sequía extrema registradas en los últimos años.

Durante la conferencia mañanera del 1 de octubre, Morales López explicó que el compromiso actual asciende a 2 millones 157 mil metros cúbicos, con plazo de cumplimiento entre finales de octubre y principios de noviembre.

Subrayó que los equipos técnicos de Conagua, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Sección Internacional de Límites y Aguas (SILA), han trabajado junto con autoridades estadounidenses para garantizar la entrega.

“No vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con ese compromiso”, afirmó. Agregó que el derecho humano al agua está garantizado en todo el país y que no se contemplan afectaciones a los productores del norte, incluidos los de Chihuahua.

Una entrega de agua pactada: Sheinbaum

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la región norte se han sostenido reuniones con los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, quienes están de acuerdo con el esquema de entrega pactado.

“No pensamos que haya algún problema para esa entrega, porque se esperan lluvias importantes en la zona. De todas maneras, estamos en comunicación permanente con el gobierno de Estados Unidos”, expresó Sheinbaum.

Destacó que el tratado con Estados Unidos no solo implica obligaciones, sino también beneficios, especialmente en lo relativo al aprovechamiento del río Colorado.

Recordó además que recientemente se alcanzó un acuerdo binacional para el saneamiento del río Tijuana, que contempla inversiones de ambos países a partir de 2026.

Tanto la presidenta como el titular de Conagua enfatizaron que el cumplimiento del tratado no afectará a los productores agrícolas de las entidades del norte, que seguirán recibiendo el agua que les corresponde.

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