Estados Unidos

Redacción

Autoridades de Estados Unidos aseguran que miles de drones vinculados al crimen organizado han sido detectados sobrevolando la frontera con México, lo que evidencia un uso sistemático de esta tecnología tanto para el trasiego de drogas como para la vigilancia de agentes fronterizos y fuerzas de seguridad, de acuerdo con reportes publicados por Reforma y The New York Times.

Según la información citada por ambos medios, durante el último año se habrían registrado decenas de miles de vuelos de drones a lo largo de distintos tramos de la frontera, con picos de hasta 150 detecciones diarias en algunos sectores, principalmente en horarios nocturnos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estos dispositivos no solo se emplean para transportar pequeñas cargas de droga, sino también como herramientas de observación aérea para monitorear patrullajes, identificar movimientos de agentes y anticipar operativos, lo que representa un riesgo operativo directo para las corporaciones de seguridad.

Funcionarios consultados por The New York Times explicaron que el bajo costo, la facilidad de operación y la capacidad de volar a baja altura hacen que los drones sean difíciles de detectar y neutralizar, además de que los marcos legales limitan el uso de fuerza en zonas urbanas o cercanas a infraestructura crítica.

Reforma reportó que el uso dual de los drones —contrabando y vigilancia— ha encendido alertas en Washington, donde funcionarios del Departamento de Seguridad Interna han advertido ante el Congreso que la amenaza aérea en la frontera va en aumento, aunque sin detallar públicamente todos los incidentes registrados.

El tema cobró mayor visibilidad tras el cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, una medida que posteriormente fue levantada y que, si bien no fue atribuida oficialmente a drones criminales, reavivó el debate sobre la seguridad aérea en la franja fronteriza.

En contraste, autoridades del Gobierno de México han señalado que no existe información confirmada que respalde un uso generalizado de “narcodrones” en la frontera, aunque han reiterado que mantienen coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad.

Los reportes coinciden en que el uso de drones por organizaciones criminales no es un fenómeno nuevo, pero subrayan que la escala y frecuencia detectadas en el último año representan un desafío adicional para la vigilancia fronteriza y la cooperación binacional.

Italia decidió no integrarse a la llamada “junta de paz” promovida por el presidente estadounidense Donald Trump para supervisar procesos de estabilidad en Gaza, principalmente por razones legales y diplomáticas.

Autoridades italianas explicaron que la Constitución del país limita su participación en organismos internacionales que no operen bajo esquemas de equilibrio entre Estados o que estén concentrados bajo el liderazgo de una sola potencia, lo que vuelve incompatible su adhesión al nuevo organismo.

El modelo propuesto —con liderazgo central de Estados Unidos y facultades ampliadas dentro de su estructura— fue considerado jurídicamente problemático para Roma, que calificó el obstáculo como imposible de sortear desde el marco legal vigente.

Además del factor constitucional, el rechazo también refleja reservas más amplias dentro de Europa sobre el alcance real del organismo, que originalmente fue planteado para temas de reconstrucción en Gaza, pero que posteriormente amplió su espectro a otros escenarios internacionales.

Italia reiteró que mantiene disposición para participar en procesos de paz, pero únicamente bajo esquemas multilaterales tradicionales y con reglas claras de equilibrio entre países participantes.

El Gobierno de Tierra del Fuego rechazó de manera frontal la intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por el Ejecutivo nacional, al considerar que la medida carece de sustento técnico y financiero y responde a una decisión política ligada a la agenda internacional del presidente Javier Milei.

La reacción provincial se dio tras conocerse que Milei ofreció el puerto a Donald Trump como parte de una iniciativa de cooperación internacional, lo que —según autoridades fueguinas— explica la urgencia del gobierno federal por tomar el control de una infraestructura estratégica sin consenso local.

Desde la administración provincial se afirmó que el Puerto de Ushuaia opera con normalidad, registra crecimiento sostenido en actividad turística y comercial, y no presenta irregularidades que justifiquen una intervención administrativa. Por ello, calificaron la medida como un avasallamiento a la autonomía provincial y anunciaron que será impugnada en tribunales.

Ushuaia es una pieza clave para el comercio, el turismo y la logística antártica, por lo que la decisión encendió alertas sobre el uso de infraestructura estratégica con fines geopolíticos, sin aval de la provincia ni discusión pública.

El choque abre un nuevo frente de tensión entre la Casa Rosada y las provincias, en un momento en que el gobierno de Milei redefine su alineamiento internacional y profundiza el conflicto con los gobiernos subnacionales.

En un nuevo capítulo de la cooperación bilateral en materia de seguridad, México transfirió ayer a 37 nacionales mexicanos buscados por graves delitos en Estados Unidos, marcando la tercera entrega masiva de este tipo en menos de un año y elevando el total a 92 criminales de alto impacto enviados al vecino del norte desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó esta mañana el comunicado oficial detallando la lista de los trasladados, en los que no figura el nombre de Roberto G.H., alias “El 04”, identificado como líder del grupo Los Cabrera y señalado como uno de los principales generadores de violencia en el corredor Aldama–Ojinaga, quien fuera trasladado al Altiplano, la noche anterior a la entrega de reos al gobierno de EU.

Los presos enviados al país vecino del norte, enfrentan cargos por narcoterrorismo, provisión de apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras (como el Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Noreste y Cártel del Golfo, designados como FTO), tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína, armas, lavado de dinero y contrabando de personas.

De los 37 nombres incluidos en la lista oficial del DOJ, 3 aparecen registrados como “SEALED” (sellados/ confidenciales), lo que significa que sus identidades, cargos específicos o detalles del caso permanecen confidenciales por orden judicial. Estos casos sellados se distribuyen de la siguiente manera:

1 en el Distrito occidental de Texas (pena máxima posible: 25 años de prisión).

1 en el Distrito de Arizona (pena máxima posible: 20 años de prisión).

1 en el Distrito de Columbia (pena máxima posible: cadena perpetua en el contexto de los cargos similares).

Los sellados representan aproximadamente el 8.1% del total transferido. El DOJ no explicó en el comunicado las razones específicas para mantener estos tres casos bajo sello, aunque es común en procesos federales estadounidenses sellar acusados para proteger investigaciones en curso, fuentes confidenciales, testigos o evitar fugas de información que puedan comprometer operaciones relacionadas con cárteles.

Entre los casos no sellados destacan figuras de alto perfil como:

Pedro Inzunza Noriega (“Sagitario”), líder del Cártel de Sinaloa/facción Beltrán-Leyva, acusado de narcoterrorismo y producción masiva de fentanilo.

Juan Pablo Bastidas Erenas (“Payo”), teniente clave en la misma facción.

María del Rosario Navarro Sánchez, primera mexicana acusada de proveer apoyo material al CJNG (incluyendo granadas y tráfico de armas).

Heriberto Hernández Rodríguez, vinculado al Cártel del Noreste (ex-Zetas).

La gran mayoría enfrenta penas máximas de cadena perpetua, y México obtuvo el compromiso de que no se solicitará la pena de muerte para ninguno.

Esta acción, calificada por la fiscal general Pamela Bondi como “otro logro histórico” en la lucha contra los cárteles, refuerza la presión de la administración Trump para desmantelar las redes de narcoterrorismo transfronterizo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mexicano, Omar García Harfuch, destacó que los trasladados “ya no podrán generar violencia en nuestro país”.

Hasta el momento, no se han reportado actualizaciones sobre los tres casos sellados, y se espera que permanezcan confidenciales hasta que la justicia estadounidense decida desclasificarlos o proceda a las audiencias correspondientes.

(mr)